Cuando ya son cientos y cientos los muertos de acuerdo a las cifras en aumento y oficializadas por el gobierno central, es evidente que los catastróficos efectos del terremoto acaecido en la madrugada del 27 de febrero han golpeado con especial dureza al pueblo trabajador, a los pobres de Chile, a los siempre explotados y oprimidos.
Además de las rutas, carreteras concesionadas y puentes, son precisamente viviendas antiguas y nuevas, hospitales públicos y amplias zonas de los pueblos, de las comunas y barrios más pobres desde la Quinta hasta la Novena Región, donde se han provocado los daños principales. Los muertos, desaparecidos y heridos corresponden a la población más empobrecida de Chile.
Debido a la impericia, ausencia de eficacia y lentitud a la hora de enfrentar la tragedia por parte del gobierno, la gente más dañada por el sismo ha debido dormir en las plazas, las calles, y no cuenta con electricidad, agua potable, gas, combustible, medicamentos y artículos de consumo básico. Parte del comercio -el poco que ha abierto- ha mutiplicado a discreción los precios de las mercaderías, aprovechando la desesperación de los habitantes. Producto de estos hechos, cientos de personas, de trabajadores, madres y familias pobres, han debido, colectivamente, ingresar a las bodegas de grandes supermercados para hacerse de los alimentos y los insumos elementales para vivir. La represión policial ha actuado rápidamente contra la población y para cautelar con celo la propiedad de supermercados pertenecientes a corporaciones como el Líder, cuyo propietario es la transnacional Wal Mart.
Ante los últimos acontecimientos gatillados por la nececidad objetiva de los habitantes -muchos de los cuales perdieron absolutamente todo-, el gobierno de Bachelet, aleonado por las intervenciones antisociales de Sebastián Piñera (quien asumirá la cabeza del Ejecutivo el 11 de marzo próximo), ha resuelto durante la tarde del 28 de febrero establecer el estado de zona de catástrofe y toque de queda que permite al presidente de la República restringir la circulación de las personas, el transporte de mercaderías y las libertades de trabajo, información, opinión y reunión, en esta ocasión, en toda la Región del Bío-Bío.
Frente a semejantes hechos, el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores -MPT- denuncia a la opinión pública nacional e internacional la negligencia, manipulación de la información e ineficacia con la que ha reaccionado el gobierno central ante el trágico terremoto que ha castigado a millones de chilenas y chilenos, especialmente pobres. Asimismo, el MPT repudia con fuerza y convicción las medidas antipopulares adoptadas por la administración Bachelet en orden a imponer, al igual que bajo el régimen militar, el toque de queda y las medidas jurídicas que atentan contra los derechos elementales de la ciudadanía.
De hecho, el estado de excepción -que en concreto se traduce en el control militarizado de los territorios devastados con el objetivo único de cautelar la gran propiedad- no se había adoptado desde 1986, en plena dictadura. Cuando buena parte del centro y sur de Chile sufre dramáticamente los efectos del terremoto, el gobierno emplea a los miembros de las fuerzas armadas como guardia privada de los supermercados, en vez de ponerlos al servicio de la comunidad perjudicada. De paso se ratifica -contra toda publicidad- que Chile continúa siendo un país subdesarrollado y tercermundista.
Finalmente convocamos a los miembros del MPT, al conjunto de los pueblos y trabajadores del país, a la comunidad decorosa y solidaria que habita en todo el territorio nacional, a que, con humanidad y corazón cooperativo, colaboren organizadamente con la población más castigada por el terremoto.
El MPT en particular se compromete con su pueblo más dañado y se autoconvoca en lo inmediato para concurrir con manos y corazón, a colaborar en lo que demanden los sectores azotados por el terremoto. Estamos en la hora de la ética y la acción.
Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores
Marzo 1 de 2010
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