Por: Gustavo Veiga
El caso de Adriana Rivas expone la complicidad entre los servicios de inteligencia de ambos países y la CIA en el golpe contra Allende.
Una extradición en curso de Australia hacia Chile tal vez explique varias historias que empiezan con el golpe de 1973 que derrocó a Salvador Allende. El caso de Adriana Rivas, ex represora de la DINA en tiempos de Pinochet, es la punta del ovillo de una trama que lleva casi 48 años de impunidad. Una saga de agentes secretos, torturadores y sus víctimas que transcurre entre dos países separados por 13 mil kilómetros de distancia. La mujer está detenida en Sydney desde febrero de 2019 y el próximo 6 de abril será la audiencia final donde se resolverá su entrega al gobierno chileno. Pero ella no es la única que se fugó hacia Oceanía. Habría unos 400 ex miembros del aparato represivo de la dictadura trasandina que hicieron lo mismo, aunque detectados con nombre y apellido, apenas llegan a diez. Cuando se produjo el bombardeo a La Moneda que terminó con la vida del ex presidente, hubo una curiosa presencia en Santiago. La ASIS – el servicio de inteligencia australiano en el exterior- cooperó para derribar al gobierno socialista chileno. El dato fue confirmado por el ex primer ministro de ese país, Gough Whitlam, destituido de manera incruenta en 1975 con la ayuda de la CIA y agentes del MS 16 británico.
Lorena Pizarro es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD). En 2015 dijo que el proceso contra Rivas podía ser “la punta del iceberg”. Citada por la agencia española Efe y de visita en Australia comentó: “Algunos señalan que hubo un convenio. Nosotros no tenemos la certeza de eso, pero sí tenemos la absoluta convicción de que ellos se encuentran acá”. Ellos son los exagentes del dictador Augusto Pinochet.
El pedido de extradición contra la ex integrante de la DINA que comandaba el general Manuel Contreras –sentenciado a 529 años de prisión por crímenes de lesa humanidad – está motivado en la desaparición de un grupo de militantes del Partido Comunista chileno. El llamado Caso Conferencia. Uno de ellos es Fernando Ortiz Letelier secuestrado en la vía pública el 15 de diciembre de 1976. Una de sus hijas, María Luisa, alias Licha, conversó con PáginaI12 sobre la situación de Rivas: “Ella sigue en Australia donde presentó todos los recursos para alargar el proceso. La noticia más reciente que tenemos es que su plazo para una última apelación vencía el 22 de febrero y que el fiscal debe replicarla el 15 de marzo. La audiencia final será el 6 de abril, pero podrían permitirle quedarse allá si alega cuestiones de salud. De cualquier modo, es sumamente importante el fallo que emitió la Corte australiana sobre la extradición porque estos crímenes deben ser juzgados”.
Florencia Melgar Hourcade es una periodista uruguaya que reside en Australia. Investigó el caso, entrevistó a Rivas y sigue la hipótesis de que agentes de la dictadura del ‘73 y los servicios de Inteligencia australianos hicieron tareas conjuntas en los dos países. Por su trabajo para la radio pública SBS sobre esa cooperación, recibió un importante premio en 2014. La relación entre el régimen chileno y la inteligencia interna australiana (ASIO) llegó al punto de que esta última filmó a los refugiados en actos de protesta contra Pinochet en Sydney. Para entonces, represores en fuga empezaban a llegar a Australia a fines de la década del ’70. La ex agente de la DINA arribó en 1978. Se mimetizó en la población como niñera y personal del servicio doméstico, además de que mantuvo una activa vida social.
Cuando la descubrió Melgar Hourcade en 2013, la “Chany” – como se la conoce también a la ex secretaria de Contreras – desbarrancó. Declaró en la entrevista para justificar las torturas de la DINA que “de la misma manera que lo hicieron los nazis, era necesario. Es la única forma de quebrar a la gente”. Ese afán de figuración, acaso naturalizado por su impunidad, derivó en un pedido de extradición avalado por la Corte Suprema de Chile en 2014. Aunque el proceso se empantanó, ya no podría ocultarse como cuando huyó de Chile en 2011. Había viajado a Santiago para asistir al cumpleaños de una sobrina, la detuvieron brevemente y escapó. La buscó Interpol, pero recién la arrestaron en Australia en febrero de 2019.
Rivas está detenida hace dos años aunque otros agentes como ella siguen en libertad. El sitio chileno Crónica Digital publicó el 30 de octubre de 2020 la historia de su extradición donde señala que “en los últimos seis años del pasado siglo entraron a territorio australiano con visado permanente más de 400 exagentes de la DINA y la Central Nacional de Informaciones (CNI)”. La periodista Melgar Hourcade agrega que ella escuchó hablar de unos 200, aunque debidamente documentados hay solo diez casos, incluido el de la propia Chany.
Licha Ortiz la señala como una de las responsables en la desaparición de su padre: “Somos conscientes de que Rivas estuvo involucrada en su asesinato y el de una mujer joven, Reinalda Pereira, que se encontraba embarazada. Trabajaba en el centro de exterminio Simón Bolívar. Los agentes de la DINA fueron muy valientes para torturar y matar, pero unos cobardes cuando tuvieron que pasar por los tribunales”.
La hija de Ortiz Letelier había escuchado hablar sobre la presencia de represores de la dictadura en Australia. También de otros que se ocultaron en Estados Unidos, como Pedro Pablo Barrientos Núñez. Sindicado como el autor material e intelectual del asesinato del popular cantautor Víctor Jara, un símbolo de la música latinoamericana, vive en el estado de Florida desde 1989. Hasta hoy tampoco pudo ser extraditado a Chile aprovechándose de la laxitud del sistema jurídico de EEUU en este tipo de casos. Mucho más expeditivo cuando se trata de otros criminales que incomodan a Washington. El oficial es el único entre nueve militares que participaron de la ejecución de Jara que no recibió sentencia en un juicio pese a que fue sindicado como el hombre que le disparó.
La mayoría de los represores juzgados y condenados en democracia se encuentran alojados en el penal de Punta Peuco, construido durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei en 1995 y que es controlado por la Gendarmería. Ahí estuvo alojado Contreras, el jefe de Rivas que murió a los 86 años en agosto de 2015. Por la Chany espera otra cárcel, porque aquella es solo para varones. Si fuera extraditada quizás se encuentre con Ema Ceballos Núñez, otra ex agente civil de la DINA condenada en marzo de 2017. Fue la primera mujer sentenciada por violaciones a los derechos humanos en Chile.
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