El ex senador Eduardo Duhalde confirmó que su proyecto es incluir a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad que les están vedadas por las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, expresión del máximo nivel de consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas argentinas en torno de una política de Estado.
En diciembre sostuvo que los jóvenes eran peligrosos y debían ser reeducados, para lo cual podían usarse las instalaciones castrenses donde antes estaban los soldados conscriptos. Este mes, desde El Salvador, agregó que el gobierno nacional humillaba a las Fuerzas Armadas por lo que el Ejército hizo en la década de 1970 y sostuvo que en lugar de ese grave error el camino era la reconciliación. Ayer, a raíz de la repercusión de sus palabras, que fueron repudiadas por los organismos defensores de los derechos humanos y por sectores castrenses como el Centro de Militares para la Democracia, CEMIDA, dijo que no quiso proponer la interrupción de los juicios por los crímenes de entonces, pero no pudo explicar a qué reconciliación se refería. Es imposible olvidar que desde el Poder Ejecutivo indultó a instigadores de la Triple A vinculados con su entorno íntimo y al jefe de la última rebelión carapintada y que la oposición de Kirchner obstaculizó su proyecto de confirmar la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
En ese punto se trata de una retractación implícita, porque Duhalde no se bancó la polémica pública sobre el tema. También en 2002 reculó porque no se hizo cargo de las consecuencias de su política represiva, cuando la mejor maldita policía del mundo entendió el mensaje oficial y asesinó a Kosteki y Santillán en Avellaneda.
En cambio insistió con la idea de embarcar a las Fuerzas Armadas en la denominada lucha contra el delito y puso como ejemplo a Colombia y México. La inseguridad en general y las drogas en particular son el gran pretexto para la remilitarización de las sociedades latinoamericanas y no hay país donde esa estrategia haya tenido éxito. Por el contrario, desde que la idea de la guerra a las drogas fue instalada en Estados Unidos, enormes recursos se dilapidan en ese barril sin fondo con el único resultado de que cada año el problema es más grave, la violencia más terrible y el negocio mayor, como puede apreciarse ahora en México. Desde que concluyó la guerra fría con el colapso del bloque comunista, el narcotráfico es el gran pretexto para aumentar presupuestos militares y la fabricación y venta de armas, según de qué lado de la frontera se trate, y para que Estados Unidos ejerza su control.
México y Colombia son los países en los que la injerencia de los Estados Unidos es más grande, y siempre en aumento. Esto se refleja también en un desplazamiento de las dirigencias políticas estadounidenses por el componente militar. El Comando Sur tiene más personal y presupuesto dedicado a América Latina que el resto de los ministerios, secretarías y organismos gubernativos de Washington sumados. El establecimiento de bases en Colombia, que los países vecinos perciben como una amenaza, el golpe blanco en Honduras, la ocupación militar de Haití donde lo que se necesitan son socorristas, señalan la tendencia de un círculo vicioso que se retroalimenta.
Por último, lejos de humillar a las Fuerzas Armadas, la política de memoria, verdad y justicia es la única de las intentadas desde 1983 que les devuelve su dignidad y su respeto, porque es la primera que no coloca bajo sospecha al conjunto del estamento militar. Hubo criminales que deben ser castigados y hay nuevas generaciones que no tienen por qué cargar con esa mochila. Su rol en una democracia no puede ser el de policía, para el que los militares no están capacitados y cuando lo ejercen producen desastres. Hasta la defensa de los procesados en 1985 lo dijo en sus alegatos. La verdadera humillación es rebajar la profesión militar al nivel de una Gendarmería antinarcóticos o una policía barrial. La propuesta de Duhalde ya se está aplicando en Centroamérica, con resultados desoladores.
Si Duhalde sabe que su proyecto es inviable, al enunciarlo incurre en un acto de oportunismo político, explotando con fines electorales la ansiedad de muchos sectores de la sociedad por los hechos de violencia que una televisión sensacionalista magnifica más allá de toda proporción. Si por el contrario cree lo que dice, es un ignorante peligroso y si tuviera algún poder podría precipitar al país a una crisis de consecuencias impredecibles.
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