“En las cárceles persisten prácticas con anclaje en la dictadura como las torturas, los abusos y otros maltratos, que deben ser erradicados”, declaró a IPS la abogada Paula Litvachky, del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Es claro que no hay “una continuidad” con el régimen que secuestró, torturó e hizo desaparecer a miles de personas entre 1976 y 1983, pero sí persiste una práctica de maltrato subsistente en las unidades penales al amparo de la indiferencia y la falta de control de los responsables del área, apuntó la experta.
Litvachky, quien dirige el área Justicia y Seguridad del CELS, es una de las autoras del capítulo sobre prisiones del libro “Derechos Humanos en Argentina Informe 2012” presentado este mes por esta organización especializada.
El capítulo se titula “El modelo de la prisión-depósito. Medidas urgentes en los lugares de detención en la Argentina” y cita casos de humillaciones, torturas, golpizas, traslados arbitrarios, castigos desmedidos, falta de higiene y de acceso a la salud.
Frente a ese panorama, el CELS denuncia la “negación” a ver el problema por parte de las autoridades políticas y judiciales, y “la indiferencia del público” ante esas graves violaciones a los derechos humanos que se producen tras las rejas.
“Hay una privación estructural de derechos de los detenidos, no solo por el alto nivel de violencia y muertes traumáticas que se registran en las cárceles sino también por las carencias de salud, de alimentación, de higiene, y el hacinamiento en que viven”, se detalla.
El CELS viene insistiendo en que el sistema carcelario es uno de los espacios en los que más se avasallan los derechos humanos en Argentina, principalmente en la oriental provincia de Buenos Aires, donde se aloja 50 por ciento de los presos del país.
En esa provincia, la más populosa, había a fines de 2011 algo más de 29.000 personas encarceladas en unidades preparadas para alojar a solo 18.640. Según el informe, el hacinamiento en algunos penales obliga a los presos a organizar turnos para dormir en camas que se comparten entre tres.
En casos todavía más extremos, los detenidos duermen en el suelo, sin agua dentro de las celdas, con olores nauseabundos por falta de limpieza, sin acceso a servicios de salud ni a medicamentos, y con una alimentación escasa y deficiente.
A esas carencias estructurales se suman las arbitrariedades y maltratos, tanto a detenidos como a sus familiares cuando van a visitarlos, al punto de que pueden ser obligados a desnudarse y someterse a manoseos. Por estos vejámenes, algunos internos se abstienen de recibir a sus parientes.
Algunas de las torturas son las mismas que aplicaba la dictadura con los detenidos políticos en los campos de concentración, como “el submarino”, la práctica por la cual una persona es forzada a mantener la cabeza dentro el agua hasta casi ahogarse.
También hay denuncias de presos que son sometidos a duchas de agua helada. Y en esa situación reciben golpes con bastones o mangueras, y son obligados a correr desnudos por el patio. También hay testimonios que denuncian el uso de la picana eléctrica en genitales y otras partes del cuerpo.
Para Litvachky, se hace urgente la ratificación por parte del Senado del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La Comisión Provincial por la Memoria, organismo estatal de la provincia de Buenos Aires, recibió 235 testimonios de torturas en cárceles, pero apenas 21 se presentaron como denunciantes ante la justicia por temor a represalias, indica el informe.
En la unidad 51 de la ciudad de Mercedes, en la provincia mencionada, una detenida sufrió un aborto luego de ser brutalmente golpeada por una agente penitenciaria a modo de castigo, según una denuncia que recoge el reporte del CELS.
Hay casos de aislamiento durante semanas, cuando la reglamentación no permite más de 23 horas de encierro en soledad. También se dan requisas “invasivas y violentas”, en las que muchas veces los presos y presas son obligados a desnudarse y a abrirse las nalgas.
La investigación del CELS también llama la atención sobre “la inusitada frecuencia” de incendios en las cárceles que derivan en muertes de detenidos, así como el alto número de suicidios y muertes violentas por presuntos enfrentamientos entre presos.
“Los penitenciarios deciden sobre la posibilidad de tener visitas y acceder al teléfono”, señala el informe. Los agentes “rompen pertenencias de los presos”, obstaculizan su traslado al hospital o los derivan de unidad arbitrariamente.
También se denuncian situaciones de corrupción y robos por parte de los carceleros, venta de drogas en el penal, entrega de armas a los internos e, incluso, casos en los que los detenidos son obligados por los policías a salir armados para cometer delitos.
Los casos denunciados coinciden con el Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, presentado este mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comisión, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, advierte en ese documento sobre “la violencia extrema” que se vive en las cárceles de la región, a las que describe como “ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización” en los que impera, dicen, la arbitrariedad, la corrupción, y el empleo de la tortura.
Litvachky sostuvo que, en el caso de Argentina, la alarma vino sobre todo por las condiciones en que sobreviven los detenidos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde persiste un elevado nivel de violencia y descontrol.
“Se requiere una política sostenida de reformas y control del sistema penitenciario, y eso no está ocurriendo”, advirtió la abogada del CELS. “Es un déficit muy fuerte del sistema democrático que debería establecer otras reglas de convivencia”, dijo.
Para el CELS, el sistema penitenciario tendría que “desmilitarizar” a sus fuerzas y dar una fuerte discusión acerca de cuál es la función que cumplen las cárceles.
Hasta ahora, lo que se advierte es que hay funcionarios y jueces comprometidos con un cambio, pero en forma aislada, avizoró.
“La respuesta general es muy deficiente y las denuncias de torturas no avanzan. Se requieren investigaciones serias que den un mensaje fuerte de que esas prácticas ya no son admisibles”, remarcó.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100742
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