…. la ONU comienza afirmando que “La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será anémico” [1].
Con un mensaje desalentador, el informe destaca que “La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América equivalen a las dos economías más grandes del mundo, y están intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión mundial. Los países en desarrollo, que se había recuperado fuertemente de la recesión mundial de 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros.”
Es cierto que los países menos desarrollados, los “emergentes”, y especialmente América Latina, mantienen su perspectiva de crecimiento mayor que los países capitalistas desarrollados, pero la continuidad de la crisis no augura tránsitos similares a los del tiempo pasado, ya que el salvataje de bancos y empresas en tiempo reciente, devino en problemas fiscales y crecimiento de la deuda pública, que hoy presenta dificultades para su cancelación o renegociación, con lo que es imaginable un horizonte de recesión que puede afectar las ventas desde la región.
Observando la realidad desde nuestramérica es previsible una ralentización del crecimiento, con menores precios de la producción exportable, reducción de los ingresos por remesas de nuestra población emigrante a grandes y otrora prósperos países (sobresale el caso español, principal destino europeo de la emigración regional en tiempos cercanos).
No sorprende entonces la previsión de escasas aportaciones en inversiones productivas e incluso una fuerte presión de inversores externos en la región que acrecienten sus remesas de utilidades al exterior, tal el caso de las fortísimas inversiones españolas realizadas en tiempos de aperturas indiscriminadas de nuestras economía, especialmente en los 90´.
Uno de los impactos más importantes de la crisis según la ONU es el desempleo, especialmente juvenil. El problema del desempleo es grave en los países capitalistas centrales y presenta peculiaridades en los países en desarrollo donde estos países “siguen enfrentándose a grandes retos debido a la elevada proporción de trabajadores que se encuentran subempleados, mal pagados, o sufren condiciones de vulnerabilidad laboral, careciendo de acceso a mecanismos de seguridad social.”
El déficit de empleo según la ONU alcanza a 64 millones de puestos de trabajo y podría llegar hacia el 2013 a 71 millones. El documento se preocupa por el efecto en el consumo, alentando un clima recesivo, y nada dice de la conflictividad social que esa situación genera.
Impacto de la crisis en la Argentina
Por todo lo comentado, uno de los temas a comienzo del 2012 en la Argentina han sido las medidas de restricción y mayor control de las importaciones, para intentar mantener el saldo positivo del comercio exterior argentino. El país no imprime dólares y los necesita para cancelar sus deudas. Ante la anemia de inversiones externas, la forma de hacerse de divisas es vía exportaciones superiores a las importaciones. Un tema adicional a considerar es la reducción de los precios de exportación, también derivado de la crisis mundial, según revela el propio informe comentado de la ONU. A ello debe adicionarse la cuestión climática, que impactará en menor cosecha y disminución de ingresos a los productores y al fisco, por lo cual el gobierno debió esta semana declarar la emergencia en varias provincias argentinas.
No solo se trata de la cuestión industrial o agraria, sino de otras producciones esenciales al “modelo productivo”, tal el caso de la mega minería, que en Chilecito, La Rioja puso en pie de resistencia a la mayoría de la población con actitud solidaria movilizada en todo el país, obligando a definiciones de las autoridades e instituciones locales en el sentido que el “Famatina no se toca”, replicando luchas anteriores por el mismo tema en la zona, en Esquel (2003) y variadas zonas incorporadas a la producción minera en los tiempos que siguen a la reforma del Código de Minería y el acuerdo de Argentina con Chile en 1996. Una posibilidad surgida desde distintos ámbitos apunta a la suba de retenciones mineras, hoy del 3% en “boca de pozo” a valores entre el 10 y 12% para compensar las críticas al modelo extractivo prefigurado en los 90´, lo que no supone discutir el “modelo productivo” en curso.
La discusión sobre el modelo productivo mantiene vigencia y es una cuestión estructural del debate político y social necesario, sea por los precios de la producción; las variaciones en el clima; o el impacto de esos procesos en las poblaciones (pueblos fumigados en lucha, o afectados por la contaminación de la producción minera a gran escala).
Salarios y conflictividad
A comienzos de años se hace evidente que uno de los temas a considerar será la cuestión salarial y de los ingresos de los sectores populares que reciben fondos por transferencia de renta: los planes.
La presión empresaria y gubernamental intentará limitar la demanda de las negociaciones salariales a menos del 20%, habiéndose pronunciado varias expresiones del sindicalismo argentino con incrementos a negociar entre el 25 y 30%, a la par con movilizaciones y pronunciamientos de actualizaciones de los ingresos por planes diversos. Es una situación generadora de conflictividad.
Quedan claros los límites de política económica para el 2012 respecto de los años anteriores, sea por la crisis mundial o por las características en la coyuntura de la economía local, con serias dificultades para mantener los superávit comercial y fiscal. Con restricciones para el financiamiento del mercado mundial, la política nacional se orienta a una modificación del gasto público, donde la quita de subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas y agua es el comienzo de una práctica que desembarca en el transporte (transferencia del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires); lo que supone mayores precios a sufragar por los usuarios.
Los impactos serán diferenciados según los niveles de ingresos. Por ello preocupa el decreto presidencial que promueve “estudiar” los ingresos extraordinarios de los estatales nacionales, eliminados en algunas dependencias, como las primeras discusiones (especialmente los docentes) sobre pauta salarial. En el mismo sentido, las organizaciones representativas de quienes perciben fondos por transferencia de renta demandan actualizaciones. La conflictividad social será uno de los condimentos a tener en cuenta para el año económico en curso.
Nota:
[1] http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp_es_sp.pdf
Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor de Economía Política, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
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