En una prueba contundente de seguidismo irresponsable, el Gobierno argentino de Javier Milei decidió imitar a su par estadounidense Donald Trump, planteando su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión, tan pobremente fundamentada que hasta fue cuestionada por sus más cercanos aliados políticos, además de por especialistas sanitarios y numerosos organismos del sector, es otro capítulo de la llamada «batalla cultural» libertariana que apunta a galvanizar a su base política, aún a riesgo de un impacto devastador sobre la mayoría de la población.

Ofensiva sanitaria y batalla cultural

Hablar de «batalla cultural» no implica que la decisión no tenga impactos concretos y hasta vitales, especialmente para los sectores más vulnerables del país, que no podrían acceder a una cobertura médica privada. E incluso resulta absolutamente coherente con toda una serie de medidas que la administración de La Libertad Avanza (LLA) viene implementando desde el momento mismo de su asunción con el objetivo de debilitar y eventualmente desmantelar el sistema de salud pública argentino que, pese a todos sus problemas y limitaciones, es ejemplo internacional en la materia.

En el marco de esa ofensiva podemos contabilizar el consecuente desfinanciamiento y ahogo salarial sobre los hospitales públicos (que motivó luchas de largo aliento de los trabajadores del Garrahan, el hospital pediátrico más importante del país), el intento de cierre de instituciones pioneras como el hospital de salud mental Laura Bonaparte, la desregulación de los precios de los medicamentos (que habilitó a las farmacéuticas a aplicar aumentos que en algunos casos cuadruplicaron la inflación anual, hecho que se tradujo en un histórico desplome del consumo hasta de los remedios básicos para algunos tratamientos), la eliminación de la cobertura gratuita de medicamentos para jubilados del PAMI (la obra social de los adultos mayores), la reforma regresiva del sistema de obras sociales y el despido de más de 1500 personas de distintos organismos sanitarios (incluyendo hasta el 30% de la dotación de direcciones tan clave como las de HIV y Vacunación), sólo por mencionar los hechos más relevantes.

En cualquier caso, la dimensión «cultural» de la medida tiene que ver con las fundamentaciones oficiales. A mediados de esta semana, el vocero presidencial Manuel Adorni informó en conferencia de prensa: «El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para retirar la participación argentina en la Organización Mundial de la Salud». Luego afirmó que nuestro país «no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria» por lo que la decisión presidencial «no representa una pérdida de fondos para el país, ni afecta la calidad de los servicios» y concluyó: «Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud».

También se planteó que otro de los motivos de fondo tenía que ver con la dimensión económica, un aspecto discursivo clave para un Gobierno que sólo puede mostrar como «logro» económico la reducción drástica del déficit fiscal (dimensión que muchos especialistas también cuestionan como un «dibujo», que está lejos del éxito que propala el oficialismo y celebra el Fondo Monetario Internacional). Así, resultaría inaceptable que nuestro país pague unos 10 millones de dólares anuales en concepto de membresía de la OMS.

Además, se buscó capitalizar políticamente el anuncio retomando planteos de los sectores antivacunas y anticuarentena que movilizaron en reiteradas ocasiones contra el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de Covid-19, que fueron una de las bases de apoyo del discurso libertariano (especialmente entre los jóvenes). Desde sus redes sociales, Milei retomó aquellas críticas a la gestión pandémica: «Nunca nos olvidaremos [de] que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia. Por eso hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia».

En este sentido, el oficialismo también anticipó no sólo sus intenciones de avanzar con la investigación sobre las responsabilidades del ex presidente Fernández y de su ministra de Salud Carla Vizzotti, sino que incluso se hizo trascender que el Estado argentino buscaría plantear un caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el titular de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, por estas presuntas violaciones del artículo 7 del Estatuto de Roma, que condena los delitos de esclavitud y actos inhumanos. Discursivamente, van por todo y no se va a dejar veta sin explotar, con el apoyo de su ejército de trolls en redes sociales.

Primeras reacciones críticas

Ante las primeras críticas, el cuestionado ministro de Salud Mario Lugones intentó aclarar que «Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS» (Organización Panamericana de la Salud). «Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA», añadió. Sin embargo, numerosos especialistas denunciaron la falsedad de estos argumentos, ya que ambas organizaciones se encuentran fusionadas, siendo la OPS la oficina regional para las Américas de la OMS, con sus funcionarios y oficinas totalmente unificados, por lo que no parece viable desafiliarse de una y mantener la membresía en la otra. Así, la medida pondría en riesgo incluso convenios de cooperación ya firmados, además de anuncios de inversión de empresas como Pfizer y Sinergium Biotech para producir en el país la vacuna antineumocócica veintevalente, lo que hubiera convirtiendo a Argentina en el primer país productor y exportador regional de esta vacuna.

Desde Amnesty Internacional, que ya se había pronunciado en el mismo sentido en Estados Unidos tras el anuncio de Trump, se consideró que la decisión del gobierno argentino de retirarse de la OMS «es una medida profundamente preocupante que pone en riesgo la salud de millones de personas en el país y debilita la cooperación internacional en materia sanitaria». «En un mundo interconectado, donde las enfermedades no conocen fronteras, la participación en organismos multilaterales como la OMS es fundamental para garantizar el acceso a información, recursos y estrategias eficaces para enfrentar crisis sanitarias. La pandemia de COVID-19 dejó en claro que ninguna nación puede afrontar por sí sola amenazas sanitarias globales», añadieron, recordando también que «el impacto de esta decisión no se limita a las fronteras argentinas», en tanto la lucha contra enfermedades como la tuberculosis, el VIH/SIDA y el dengue «requiere de esfuerzos coordinados a nivel global».

La Fundación Soberanía Sanitaria advirtió que la desafiliación implicaría peligrosas restricciones al «acceso a insumos médicos, medicamentos y vacunas a precios accesibles, ya que el país quedará fuera de los fondos rotatorios que facilitan su compra», así como un debilitamiento de «la red de centros colaboradores que impulsan investigaciones y avances epidemiológicos, como el Instituto Malbrán y el INCUCAI», enfatizando que además «implicaría una reducción en la financiación y el soporte internacional para enfermedades transmisibles, no transmisibles, salud materno-infantil y salud mental» y que «los profesionales de la salud también tendrían menos oportunidades de formación y actualización a nivel global».

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC) expresó su «profunda preocupación» por la decisión, considerándola como «un error estratégico» que «nos aislará de espacios científicos y de vigilancia epidemiológica, poniendo en riesgo no solo la salud individual de los habitantes, sino la capacidad del país para responder con rapidez y eficacia ante emergentes futuros». En el mismo sentido fueron las críticas de organizaciones de profesionales del sector como la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

También hicieron público su repudio a la decisión gobiernos provinciales como los de Buenos Aires o La Pampa, y decenas de especialistas y funcionarios sanitarios de todo el país, incluyendo al actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ex titular de Salud durante el macrismo, Fernán Quirós, quien afirmó que «la OMS es el principal instrumento que tenemos». Pese a que existen dudas sobre la potestad del presidente Milei para tomar unilateralmente esa decisión sin pasar por el Parlamento, en el Congreso aún no se registraron iniciativas concretas, más allá de numerosas críticas individuales de legisladores de todo el arco político, incluyendo a aliados de LLA como la Unión Cívica Radical (UCR).

Desde el sector sindical, la CTA Autónoma denunció que «se trata de una decisión política que no tiene fundamento técnico alguno y que va en consonancia con la destrucción del Ministerio de Salud», buscando «convertir al mundo y a nuestra nación en particular en una selva donde el Estado sólo sirva para garantizar la seguridad y la ganancia de los poderosos». En ese sentido se recordaron los miles de despidos recientes en el sector y el desfinanciamiento e intento de cierre de hospitales públicos, remarcando que el plan es que «solo puedan acceder a los cuidados aquellos que tengan los recursos económicos para ello».

También la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que la medida «es un golpe demoledor para el sistema sanitario público». El titular del gremio Rodolfo Aguiar, resumió: «Se termina de condenar al país a un aislamiento del mundo sin precedentes. El idilio de Milei con los estadounidenses Donald Trump y Elon Musk se traduce en un costo social muy alto. Es imposible dimensionar con exactitud la magnitud del daño. Se está afectando la soberanía de nuestro país. Nos estamos arrodillando frente a un par de locos estadounidenses y lo vamos a pagar muy caro».

En ese contexto nacional y en el marco de un nuevo abrazo simbólico al Ministerio de Salud contra la última tanda de despidos en áreas estratégicas, la secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) planteó la necesidad de avanzar hacia una «Gran Marcha Federal en defensa de la salud pública»: «No podemos seguir con luchas sectoriales. Necesitamos una medida masiva porque solo así podremos resistir este plan de muerte». Todavía no se ha fijado fecha para esta convocatoria, pero tras la masiva Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, que se organizó este 1 de febrero contra los dichos transfóbicos y homofóbicos de Milei, se anticipa una importante adhesión popular a la misma.

Terraplanismo sanitario y antiglobalismo militante

Escuchar la palabra «soberanía» en boca de personajes tan dispuestos como Adorni o Milei a una nueva etapa de «relaciones carnales» (término con el que se definió la subordinación absoluta a las políticas estadounidenses en las épocas neoliberales del ex presidente Carlos Menem) con Estados Unidos, genera una casi insoportable disonancia cognitiva. Y, a tono con las tendencias en redes sociales a no reclamar ninguna verificación sobre las afirmaciones vertidas, tienen la ventaja de que pasen sin polémica los planteos oficiales sobre el «ahorro» que implica la salida de la OMS. Más allá de que 10 millones de dólares resultan insignificantes en un presupuesto nacional, para poner en perspectiva esa cifra sólo haría falta compararla con lo que nos cuesta la membresía al FMI (un organismo supranacional que, aparentemente, no implica ningún tipo de amenaza para la soberanía nacional, según el Gobierno). Argentina hoy está pagando como cuota al Fondo 3187,3 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que equivale a 4164,7 millones de dólares. Unos 416 años de membresía a la OMS, por no hablar de los 2000 años de cuota que el ministro de Economía Luis Caputo volcó en las últimas semanas al mercado financiero argentino para mantener artificialmente baja la cotización del dólar paralelo.

La decisión de abandonar la OMS no sería la única medida en este sentido que pretende tomar el gobierno de Milei, redoblando el seguidismo al de Trump. «No suscribo la agenda ecologista, que me parece un auténtico fraude», dijo recientemente el presidente argentino, anticipando que nuestro país también buscaría abandonar el Acuerdo de París (que marca pautas y objetivos comunes contra el cambio climático, otro de los principales enemigos discursivos del presidente estadounidense). Desde su asunción, el mandatario manifestó su desagrado por el Mercosur, el mercado regional sudamericano considerado como «un escollo para el progreso de los argentinos», que buscaría ser reemplazado por un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Están en carpeta planes de desafiliación de otros organismos supranacionales, «colonizados por el socialismo».

A inicios del mandato de Milei todos discutimos e hicimos pronósticos sobre cuál iba a ser el grado de pragmatismo que el novedoso gobierno autodefinido como «anarcocapitalista» iba a ser capaz de aplicar, frente a las exigencias de la política cotidiana y las presiones de la economía. En muchos casos primó el pragmatismo, como en el caso de la posición hacia China, país con el que Milei afirmó en campaña que no iba a tener ninguna relación comercial «por comunista», para luego pasar a definirlo como un socio prioritario «con economía complementarias». Allí, como en muchos otros aspectos, el Gobierno probó ser más flexible y pragmático de lo que muchos esperaban.

Pero la salida de la OMS (más allá de que luego se concrete efectivamente o no en el corto plazo, ya que muchas de estos anuncios rimbombantes terminan siendo puro humo, como en el caso de Trump y los aranceles) tal vez sea uno de los casos de los últimos tiempos en los que se ve más claramente la primacía de la ideología, aún en contra de sus propios intereses económicos. Esto no sólo por la indiscutible obsecuencia hacia Trump, sino también como gesto para un sector de su base electoral atravesada por el antivacunismo y las maquinaciones respecto de la «plandemia», que fueron creciendo durante los años del Covid sobre todo entre los jóvenes.

Siempre reconociendo la capacidad oficial para imponer agenda y contrarrestar los hechos políticos o las movilizaciones callejeras con los que la oposición logra conmoverlo, la apuesta por los lugares comunes de la conspiranoia antisocialista y el terraplanismo ideológico tal vez sean mucho más que una mera «cortina de humo» para nivelar un escenario político coyunturalmente desfavorable. Así, la campaña actual contra los organismos supranacionales más bien apunta a consolidar ideológicamente a sectores de su base electoral y a reforzar sus perspectivas de permanencia como núcleo duro de una nueva derecha autoritaria en nuestro país, más allá del posible desbarranque político/económico del mileísmo. En un escenario local en el que los marcadores de pobreza, indigencia, desempleo y consumo apenas ralentizaron su desplome en los últimos meses, la apuesta al discurso hiperideologizado parece ser el eje privilegiado de intervención oficial. Sin dejar de lado su impacto inmediato (y los riesgos dramáticos en términos sanitarios para millones de argentinos), esas intervenciones forman parte de una agenda reaccionaria de largo plazo que deberíamos aprender a contrarrestar en esa misma dimensión.