Por: ALberto Acosta, John Cajas-Guijarro /
Hacia un continuo desamparo: Tiempos de tragedia, egoísmo e indiferencia /
“Para la codicia nada es sagrado. Si el Ave Fénix cayera en sus manos, se la comería o la vendería.” -Juan Montalvo /
“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados” -Adam Smith
La peor crisis de la historia reciente… ese es el calificativo que merece el momento que vive el pueblo ecuatoriano en tiempos de la pandemia del coronavirus y una deteriorada situación económica y social. Basta citar un dato contundente: alrededor de 40 mil personas fallecidas en 2020 por encima del promedio registrado en los tres años anteriores, según información del Registro Civil[1]. Semejante dato, en términos comparativos, ubica al Ecuador entre los países con mayor exceso de fallecimientos del mundo, sobre todo si se revisan las cifras por tamaño de población: más de 2 mil muertes en exceso por millón de habitante (segundo país a nivel global luego de Perú[2]). Parte importante de esta tragedia corresponde al infierno que vivió Guayas en los primeros meses de la pandemia[3] y que de ninguna forma puede quedar en el olvido y la impunidad[4].
A la enorme mortalidad, se suma el hecho de que el testeo para identificar a la población infectada con COVID-19 en el país es bajo: según datos al 30 de noviembre[5], en Ecuador solo se realizaron 34,3 pruebas de coronavirus por cada mil habitantes, cifra menor a varias naciones sudamericanas como Perú (38), Paraguay (62,5), Argentina (73,8), Colombia (99,4), Uruguay (123,8), Chile (276,6), y apenas superior a Bolivia (30,7).
Y por si no fuera suficiente, el manejo de la pandemia por parte del gobierno ecuatoriano ha estado cargado de improvisaciones (p.ej. medidas desordenadas de confinamiento y restricción de movilidad, manejo nada transparente de la información), corrupción (p.ej. sobreprecios en insumos médicos), y deficiencias infames en el sistema de salud (p.ej. denuncias de desabastecimiento de anestésicos en unidades de cuidado intensivo que atienden a pacientes con coronavirus[6]). Tan grave es la situación que incluso países como Estados Unidos han recomendado a sus ciudadanos evitar viajes a Ecuador por el alto riesgo de contagio[7].
Estos y otros detalles sobre la pandemia del coronavirus en nuestro país reflejan que -en la práctica- ni para el gobierno de Lenín Moreno, ni para las élites ni demás grupos de poder es prioritaria la vida de los sectores populares; más bien la muerte y degradación del pueblo les resulta indiferente mientras puedan seguir lucrando y dominando. Caso contrario, en los inicios de la pandemia ya se habrían impulsado políticas redistributivas y solidarias (p.ej. contribuciones sobre los grandes patrimonios, incrementos del impuesto a la renta de grupos económicos y financieros, etc.) que ayuden a financiar el sistema de salud y sostener las condiciones de vida sobre todo de quienes deben buscar su sustento diario en las calles. Incluso cabe recordar que al gobierno morenista no le dolió abandonar sus propios y tibios intentos redistributivos, con tal de dejar pasar la flexibilización laboral y otras reformas en su mal llamada ley humanitaria[8].
Si a estos tiempos de tragedia e indiferencia les sumamos el hecho – mencionado hasta el cansancio – de que la economía ecuatoriana se encontraba en una grave crisis económica antes de la pandemia[9], obtenemos un futuro lleno de sombras e incertidumbre. Pero las sombras no son para todos, solo para aquellos que nacieron del lado “incorrecto” de la historia… desde la perspectiva del capital.
La peor crisis de todas
Según información del Banco Central del Ecuador (BCE)[10], se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país caería en –8,9% durante 2020, mientras que para 2021 se estima una recuperación de 3,1%. Dentro de dichas previsiones, puede notarse una caída económica generalizada en las diferentes ramas de actividad, con casos drásticos como las actividades de transporte que caerían un –21%, o el alojamiento y servicio de comida con una contracción de –20,2% (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Previsiones económicas por rama de actividad
Para tener una referencia de cuán fuerte sería la contracción económica ecuatoriana, se pueden revisar las previsiones presentadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a octubre de 2020[11], así como las previsiones de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) a diciembre de 2020[12]. En las previsiones del FMI se estimaba que el PIB ecuatoriano caería –11%, aunque en noviembre esta previsión mejoró a –9,5% con la firma de la carta de intención entre el país y el Fondo[13]. Pese a dicha mejora, el FMI y de la CEPAL coinciden en prever que el Ecuador en 2020 tendría una de las caídas económicas más graves de Sudamérica (FMI: –9,5%; CEPAL: –9%), solo superada por Venezuela (–25%; –30%), Perú (–13,9%; –12,9%) y Argentina (–11,8%; –10,5%) (cuadro 2).
Cuadro 2. Previsiones económicas para países sudamericanos
(*) Estimación ajustada a noviembre de 2020. Fuente: FMI y CEPAL. Elaboración propia
Y si las previsiones muestran que la caída de la economía ecuatoriana es excepcionalmente grave, una rápida comparación histórica confirma que vivimos nuestra peor crisis económica, combinada con un estancamiento de varios años. De hecho, dejando de lado el efecto de la inflación, la contracción del ingreso por habitante para 2020 sería de –10,1%, caída más drástica que aquella vivida en 1999 y que llegó a –6,8%.
Según los mismos datos del Banco Central, mientras que entre 2014-2019 el ingreso por habitante (PIB per cápita) pasó de 6.347 a 6.222 dólares anuales, para 2020 dicho ingreso caería a 5.521 dólares y para 2021 alcanzaría los 5.678 dólares. Es decir, a los cinco años de estancamiento económico por habitante que el Ecuador sufrió entre 2014-2019, se debe agregar mínimo dos años más de grave contracción y estancamiento.
Desde otra perspectiva, midiendo todo a precios de 2007, el ingreso por habitante de 2020 alcanzaría los 3.743 dólares anuales según el Banco Central, monto menor a los 3.762 dólares registrados en 2010. Estas cifras, más todas las indolentes medidas económicas llevadas a cabo por el gobierno de Lenín Moreno[14] (y el auténtico desperdicio dejado por el correísmo[15]), llevan a pensar que el Ecuador tendrá como saldo económico de semejantes épocas de estancamiento y crisis una nueva década perdida, quizá hasta más grave que aquella década perdida en los años 80.
De la destrucción del empleo a la descomposición social
Como toda gran crisis económica, los efectos son múltiples y en varios casos trascienden las – limitadas – fuentes oficiales de información. Un ejemplo es el grave efecto sobre el empleo, tan grave que hasta las encuestas que levanta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para construir las estadísticas laborales ecuatorianas no han podido obtenerse con normalidad (como ha reconocido el propio INEC). Por ello, las cifras que disponemos son solo referenciales y no recogen la auténtica dimensión del problema.
En todo caso, podemos afirmar con certeza que el mercado laboral del país ya venía golpeado por años: entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019 la proporción de trabajadores con empleo adecuado fluctuó entre el 41,2% y el 38,8%; es decir, en ese período apenas 4 de cada 10 trabajadores alcanzaron un empleo que, en esencia, les permitía obtener un ingreso laboral mayor al salario básico (proporciones menores al 49,3% observado en 2014). Luego, para junio de 2020, vía encuesta telefónica se estimó que la proporción de empleo adecuado colapsó a 16,7%, y para septiembre – con encuesta presencial pero todavía con problemas de comparabilidad – se obtuvo un dato de 32,1%. Así, en 2020 la destrucción de empleos y el deterioro de su calidad es innegable, pues solo 3 de cada 10 trabajadores (o incluso menos) alcanzaron un empleo adecuado[16].
Otro dato que refleja el impacto de la crisis de 2020 en el mercado laboral – al menos en el mercado formal – es el número de afiliados en la seguridad social: mientras que en marzo se registraron 3 millones 81 mil afiliados, para noviembre el número se redujo a 2 millones 847 mil, es decir, una caída de 234 mil personas[17]. Por su parte, un estudio conjunto entre el Grupo Faro y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que, con la pandemia, la mediana del ingreso laboral de los trabajadores informales en Quito se redujo de 250 a 145 dólares mensuales, mientras que la mediana de la jornada laboral aumentó de 47 a 51 horas semanales[18]. En otras palabras, como resultado de la crisis del coronavirus, los trabajadores informales en Quito han sufrido una importante reducción de ingresos y un fuerte aumento de horas de trabajo, problemas que seguramente se repetirán hasta con mayor severidad en otros rincones del país. En otras palabras, vía flexibilización laboral, es decir mayor explotación de la mano de obra, y también flexibilización de las normas ambientales y ampliación de las fronteras extractivistas, lo que implica una mayor destrucción de la Naturaleza, se pretende salir de la crisis, como en tantas otras ocasiones.
Un mercado laboral estancado por años, colapsado en 2020, con un salario básico de 400 dólares mensuales que no crecerá en 2021[19], y lleno de incertidumbres por la flexibilización laboral impulsada por el morenismo[20], tiene graves implicaciones sociales. Si millones no encuentran alternativas de empleo que les permitan subsistir de forma digna, terminarán integrándose a actividades cada vez más cercanas a la criminalidad. Como consecuencia, la violencia se irá agudizando. Basta ver que, entre enero y octubre de 2020, la provincia de Guayas registró 427 muertes violentas, equivaliendo a una tasa de 9,73 muertes por cada cien mil habitantes (la tasa mundial de referencia es de 5,78), dato que vendría aumentando desde 2018[21].
A tal punto se instaura la violencia en el país que se van volviendo más comunes e identificables grandes grupos locales de crimen organizado que se disputan territorios para el tráfico de droga, pugnan por el control de las cárceles y mantienen otros enfrentamientos similares (p.ej. “choneros”, “lagartos”, etc.)[22]. Y por si no bastara esta descomposición social interna, la pandemia no ha interrumpido la tendencia a que el Ecuador se siga consolidando como país de tránsito de droga (e incluso de consumo y microtráfico): según la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2020 se incautaron casi 111 toneladas de droga, dato que supera a cada una de las incautaciones anuales realizadas desde 2016[23]. De continuar estas tendencias, cada vez será más fácil que la economía informal del país quede enlazada con dinámicas económico-criminales llenas de violencias y penas para los sectores populares, mientras que las grandes ganancias terminarán en manos ajenas[24].
Otras dimensiones de la crisis
Además del estancamiento de la producción y de los ingresos, del deterioro del empleo y de la descomposición social, la crisis ecuatoriana posee muchas otras dimensiones. En términos de consumo, por ejemplo, hay patrones preocupantes. Según información de las matrices insumo-producto difundidas por el Banco Central[25], entre 2013 y 2018 se registró una reducción del gasto de consumo por habitante promedio mensual en lácteos (de 5,98 a 5,37 dólares) y productos de la molinería (de 4,78 a 3,60 dólares).
Estos datos muestran que, previo a la pandemia, ya existía en el país un estancamiento y reducción de la demanda de los hogares en productos alimenticios. Y con la crisis del coronavirus el problema de demanda se ha agravado, como ejemplifica la caída de 34% en las ventas de leche entre marzo y noviembre de 2020[26]. De mantenerse semejantes tendencias, varios males no resueltos por décadas como la desnutrición infantil, posiblemente se irán agravando, como empiezan a sugerir algunas fuentes[27].
También se puede asociar el problema de demanda en la economía ecuatoriana con las tendencias deflacionarias vigentes durante los últimos años. En concreto, desde 2017 se ha vuelto común que la inflación mensual en el Ecuador marque valores negativos, indicando que el índice de precios al consumidor ha sufrido reducciones, las cuales se han agravado en 2020. Según información del INEC[28], de abril a noviembre de 2020, dicho índice de precios se redujo en –2,15%, mientras que el índice de precios correspondiente a alimentos se redujo en –5,95%. El hecho de que se registre una importante deflación o caída de precios en alimentos durante la pandemia podría indicar que, ante la caída de ingresos y de demanda de la población, sobre todo pequeñas y medianas empresas se hayan visto obligadas a reducir los precios para sostener sus ventas. Ese es el caso, por ejemplo, del arroz o la propia leche, cuyos precios muchas veces no llegan a cubrir ni siquiera sus costos de producción[29].
Así como cae la demanda de los hogares, también en los últimos años se registra una drástica caída y estancamiento de la demanda del gobierno en inversión pública. Al respecto puede revisarse el plan anual de inversiones[30] que, entre 2014 a 2019 pasó de 7.607 a 2.033 millones de dólares (en términos devengados), implicando una contracción de 5.574 millones[31]; por su parte, para noviembre de 2020 el plan de inversiones alcanzó los 2.061 millones. El resultado más contundente de estas cifras es que, en 2019 y 2020, el plan de inversiones públicas se ha estancado en niveles mínimos similares a 2008 (cuando alcanzó los 2.140 millones de dólares). Es decir, en montos de inversión pública, el Estado ecuatoriano prácticamente ya ha sufrido una década de retroceso.
Por cierto, el hecho de que el plan de inversiones de 2020 sea ligeramente superior al plan de 2019 podría interpretarse como que, durante la pandemia, hubo una leve recuperación de la inversión pública. Sin embargo, dicha “recuperación” se debe a la canalización de recursos de emergencia en el sector salud, pues si se compara noviembre de 2020 con noviembre de 2019 puede verse que el plan de inversiones de salud aumentó de 103 a 224 millones de dólares; dinámica excepcional y distinta a sectores como educación, donde hubo una reducción de 591 a 566 millones de dólares. En otras palabras, si se deja de lado el incremento excepcional en el sector salud obligado por la pandemia, la inversión pública ecuatoriana en 2020 sería incluso menor a los 2 mil millones de dólares.
Mientras que la inversión pública se desploma, el gasto social o, – mejor dicho – la inversión social específica para educación y salud realizada por el gobierno central permanece por debajo de los montos asignados al servicio de la deuda pública (amortizaciones más intereses). En efecto, según información del Banco Central, mientras que en 2014 por cada dólar que el gobierno central destinó para pagar su deuda 1,17 dólares para salud y educación, entre 2015-2019 el monto se redujo a 71 y 66 centavos respectivamente. En cuanto a 2020 (hasta octubre), por cada dólar pagado al servicio de la deuda, el gobierno central destinó solo 80 centavos a salud y educación. Por tanto, ni siquiera con la crisis sanitaria y con la renegociación de parte de la deuda externa (renegociación cargada de controversias, dicho sea de paso[32]), ha sido posible que la inversión social supere al servicio de la deuda, como se registró hasta 2014. Desde entonces, nuevamente, “el capital está sobre el ser humano”.
Por cierto, la deuda pública también es otra dimensión de la crisis económica del país, pues dicha deuda – tanto en épocas correístas como morenistas – ha ido creciendo a ritmos acelerados e infames. Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que a diciembre de 2009 el Ecuador alcanzó una deuda externa pública de apenas 7.392 millones de dólares, para marzo de 2017 (meses antes de que Rafael Correa deje la presidencia) la deuda se incrementó a 26.486 millones; y esa tendencia de endeudamiento acelerado continuó con el gobierno de Lenín Moreno, con una deuda externa que creció hasta los 37.080 millones de dólares en marzo de 2019[33] previo a que cambien las metodologías de cálculo. Posteriormente, de marzo de 2019 a octubre de 2020 la deuda externa medida con nueva metodología se incrementó de 38.914 millones de dólares[34] a 42.352 millones[35], incluyendo los 2 mil millones de dólares provenientes del acuerdo con el FMI alcanzado en octubre.
Más allá de pensar en épocas correístas o morenistas, el acelerado endeudamiento externo público (a un ritmo que no se ha visto antes en la historia del Ecuador) podría reflejar una economía dolarizada que depende cada vez más de la deuda para sostener su actividad sobre todo en épocas de precios bajos del petróleo (más si se considera el importante papel que tiene el Estado en la economía ecuatoriana). Muestra de ello es que, ante la crisis del coronavirus, los requerimientos de financiamiento del Ecuador para 2020 terminaron sumando 8 mil millones de dólares, monto equivalente al 14% del PIB[36].
De hecho, en 2020 se volvió evidente la necesidad del gobierno central de adquirir deuda externa para solventar pagos de salarios y otros gastos corrientes, a más de evitar que se “rompan” las cadenas de pagos con proveedores del Estado[37]. Como ejemplo de esta dependencia se puede mencionar que, ni bien el gobierno de Moreno recibió el primer desembolso de casi 2 mil millones de dólares por parte del FMI en octubre, gran parte del dinero se usó para cubrir varios atrasos acumulados por meses[38].
Si la dependencia en la deuda externa devela potenciales problemas de liquidez y en las cadenas de pagos del país, la situación de la deuda interna también grafica esta grave problemática. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, para octubre de 2020 la deuda interna sumó 17.569 millones de dólares, de los cuales alrededor de 8 mil millones corresponden a bonos de deuda pública interna adquiridos por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Lo complejo de este tema es que los bonos de deuda interna presentan casi 40% del portafolio de inversiones del BIESS. Si aquí sumamos la reducción en los aportes recaudados por el IESS en 2020 (542 millones de dólares menos de aportes en comparación a 2019, de enero a noviembre), una fuerte mora patronal (1.639 millones de dólares hasta septiembre), y la dependencia en las transferencias estatales bajo el contexto de una deuda que aún no está del todo aclarada[39], se obtiene como consecuencia que la seguridad social ecuatoriana podría enfrentar potenciales problemas de liquidez; problemas que, al momento, se sobrellevan justamente con fondos de deuda externa.
Finalmente, cabe indicar que las dimensiones económicas y sociales asociadas a la crisis que vive el Ecuador en medio de la pandemia del coronavirus van mucho más allá de los puntos planteados en este texto. De hecho, los problemas son en extremo diversos: caída en los ritmos de extracción petrolera (y falta de inversión en el sector); ampliación de extractivismos que dejarán saqueo y destrucción ambiental y social (p.ej. megaminería[40]); posibilidad de una mayor concentración de los mercados en beneficio de grandes grupos económicos (a la vez que varias pequeñas y medianas empresas están al borde del colapso); aumento de la pobreza sobre todo en poblaciones rurales (pero de la cual aún no poseemos datos certeros para 2020); dificultades en la producción agrícola rural, con precios de miseria que subsidian la vida de las grandes urbes; aumento de las desigualdades de género (con el aumento de la explotación laboral sobre las mujeres trabajadoras en actividades necesarias para reproducir la vida y un imparable incremento de la violencia de género); mayores limitaciones para un acceso digno a la educación (con personas que simplemente han dejado de estudiar por falta de conectividad y de recursos económicos); aumento del número suicidios; etc.
Dicho de otra manera, con la pandemia del coronavirus, en el Ecuador se ha consolidado una crisis multidimensional sin precedente, cuya resolución no podrá lograrse si seguimos entrampados en diagnósticos y políticas meramente coyunturales.
Las urgencias de transformación
En el Ecuador es urgente una profunda transformación estructural. Sin cambios a ese nivel, el futuro de amplios sectores populares será cada vez más desolador. Dentro de esos cambios estructurales incluimos la necesidad de cuestionar las estructuras de propiedad vigentes en el país. Es infame que los dueños de grandes patrimonios y capitales sigan acumulando dinero y poder por encima de la vida de un pueblo que se muere buscando sustento en las calles.
Apenas por plantear un par de ejemplos de la urgencia de cambios profundos, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI)[41], en 2019 se identificaron 300 grupos económicos con un patrimonio total de 48.228 millones de dólares. Si a ese patrimonio se le aplicara una tasa impositiva extraordinaria del 5%, se obtendrían 2.411 millones de dólares, monto superior a los 1.771 millones que dichos grupos pagaron por impuesto a la renta en 2019. Esta medida podría complementarse con el incremento del impuesto a la renta aplicado a esos mismos grupos económicos: si la tasa del impuesto a la renta se incrementa a 25% a 35% solo para los 300 grupos económicos identificados por el SRI, la recaudación podría aumentar en 709 millones de dólares. Otra opción adicional sería gravar con un impuesto especial a las ganancias extraordinarias, que, como en e caso de las teléfonicas tienen beneficios anuales sobre patrimonio neto que superan el 90%. A su vez, como estímulo, se podría reducir el impuesto a la renta de pequeñas empresas.
Incluso esta propuesta se queda corta frente a las transformaciones que se necesitan en las estructuras de propiedad del país, las cuales incluyen aplicar una auténtica reforma agraria, la posible nacionalización de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, un verdadero fomento a las formas de producción campesinas y comunitarias, el desarme de los oligopolios controlados por los grandes grupos económicos y financieros que concentran mercados y banca… Y muchos otros cambios de fondo que no pueden seguirse guardando en el olvido.
Por tanto, mientras no enfrentemos estas y otras grandes cuestiones que limitan las posibilidades de construir un Ecuador más justo, seguiremos siendo testigos de cómo el pueblo se sigue hundiendo en un continuo desamparo.-
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos sociales. alacosta48@yahoo.com
John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor titular, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Candidato a doctor en economía del desarrollo, FLACSO-Ecuador. jcajasg@uce.edu.ec
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