Ecuador es uno de los 20 países más megadiversos del mundo. Parte de su grandeza radica en su multiculturalidad y en la coexistencia pacífica de sus 14 nacionalidades (conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano) las cuales se encuentran principalmente en la región sierra con una 68,20%, seguido de la Amazonia (24,06%), y un 7,56% en la región costa junto a sus 18 pueblos indígenas (colectivos originarios, conformados por comunidades o centros con identidades culturales distinguiéndose de otros sectores de la sociedad ecuatoriana), muchos de ellos transfronterizos y con lenguas propias estando en mayor o menor medida reconocidos en su nueva -aunque no por ello manida- Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Muchos avances sociales fueron conquistados hasta el año 2017 mediante decididas políticas de igualdad y redistribución desplegadas por el presidente Rafael Correa, mientras que otros derechos fueron asaltados a partir de las reivindicaciones constantes como en el caso del levantamiento indígena del año 2019 doblegando al presidente Moreno a retirar la desproporcionada subida de los carburantes establecida en el decreto 883. En la actualidad la población indígena en Ecuador sigue siendo para la mayoría no indígena una ciudadanía de segunda, la cual ni siquiera tendría la condición de persona de no ser por la necesidad de obtener sus productos del campo y su explotación laboral en sentido literal de la palabra a partir de su mano de obra intensiva. Población maltratada a pesar de su resistencia histórica a procesos de genocidio, etnocidio contra la humanidad y aniquilación continua a pesar de ser un 8% de la población de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. De ahí que este problema esté latente en el seno de la comunidad indígena generando contradicciones consustanciales continuas.

La situación se ha ido complejizando a medida que los gobiernos neoliberales de Lenín Moreno en 2017 y a partir del año 2021 Guillermo Lasso tomaron el mando del país. Desde entonces cualquier política social es tildada de gasto democratizándose los procesos de lawfare y desinformación en todas las esferas del país controlando todos los medios de comunicación y las redes sociales con pagos de pautas en medios de comunicación afines al gobierno eliminando la pluralidad informativa. Es cierto que la pandemia del covid-19 no ayudó en nada a ningún país, y en el caso de Ecuador se pusieron en evidencia los límites sanitarios y éticos a través de su propio espejo, es decir, las políticas de Rafael Correa que tanto costaron implantar se habían volatilizado y parte de la población que todavía estaba festejando sus nombramientos permanentes y su ley del escalafón académico mientras el país se desangraba de oriente a occidente seguían sin inmutarse. En muchos casos poniendo las fotos de las botellas de whisky en sus estados de WhatsApp cada fin de semana y creyéndose clase media. Clase que además nunca existió en Ecuador. De manera inmediata empezaron a escasear medicinas, insumos y médicos fruto de los recortes continuos dejando en la retina imágenes icónicas  de cadáveres al sol en cualquier avenida del país como consecuencia de la falta de planificación e inversión en sanidad mientras el 4/10/2020 anunciaba Lenín Moreno la recepción de 7.150 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional. Entre sus medidas implementadas bajo su mandato destacaron la “Ley de Fomento productivo, atracción de inversiones y Generación Empleo” eliminando el pago a la renta de las empresas durante 12 años y la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario” estableciendo 1) reducir la jornada laboral, 2) contratos especiales de 6 días a la semana, así como 3) incluir la fuerza como caso fortuito o mayor como causa de extinción de los contratos de trabajo, democratizando así el despido libre de facto donde a modo de ejemplo, personas que llevaban trabajando más de 20 años de manera indefinida, acabaron recibiendo 500 dólares de indemnización. Además de establecer el salario mínimo a 386 dólares (de 375$ a 386$). Con ello las ofensas empezaron a llegar desde Carondelet olvidando que la sociedad en Ecuador puede tener necesidades básicas no cubiertas pero, lo que no se pierde nunca es la memoria de quien la traiciona. Y los indígenas, así como buena parte de la población le tomaron la matrícula. Con Guillermo Lasso, una persona con poca empatía hacia los más desfavorecidos y obnubilada con los paraísos fiscales y la acumulación económica, la situación tampoco mejoró. Llegó a señalar como candidato el 5/7/2020 “con mi equipo estamos preparando un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. ¡El Ecuador YA NO aguanta más!”.

Nada más lejos de la realidad, en la actualidad Ecuador es un -no-lugar donde la pobreza por ingresos a nivel nacional en 2021 se ubica en el 27,7%, la pobreza urbana es de 20,8%, la pobreza en el área rural asciende hasta el 42,4% y la pobreza extrema a nivel nacional se extiende hasta el 10,5%. Mientras que en el área urbana la pobreza extrema es de 5,9% y en el área rural es de 20,3%. El Índice de Gini (medida de la desigualdad normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país) se ubica a finales del año 2021 en 0,474 a nivel nacional, 0,466 en el área urbana, y 0,426 en el área rural (Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-, 2022). La precariedad y el trabajo informal son la norma y no la excepción, tildando a las personas informales de emprendedoras por parte de Lasso cuando cerca de 800 mil personas no saben leer ni escribir en Ecuador y están abocadas al abismo. De hecho, el porcentaje de analfabetismo según tipo de población es para los indígenas: 16,2%, montubios: 15%, afroecuatorianos: 6,8%, blancos: 5% y mestizos: 4,5%. Circunstancias alimentadas con la falsa esperanza de abrir cupos universitarios para toda la población estudiantil haciendo creer que todos los estudiantes tienen la capacidad y el derecho de ser “médicos o abogados” y el Estado de facilitárselo. Estas políticas han sido un estrepitoso fracaso en su totalidad a pesar de no chistar y no informar los órganos encargados de ello a la ciudadanía como son el Consejo de Educación Superior o la Secretaría Nacional de Educación Superior. Todo ello alimentado con una reducción presupuestaria en las universidades públicas estableciendo de manera paralela una apuesta decidida por las universidades privadas de “galpón”, es decir, comprar una nave industrial, poner una camilla y vender a la ciudadanía que ya está hecha la “facultad de medicina” permitiendo el Estado una nula inversión en investigación que es lo más costoso y equiparando desde el gobierno los galpones privados con universidades públicas excelentes de gran tradición en el país. También se instauró la convalidación de los títulos de tercer nivel universitarios a los de institutos tecnológicos (teledirigiéndose la medida en favor del sector privado) como solución; o simplemente presupuestando 50 millones de euros para crear la universidad de la policía como si no hubiera suficientes universidades en la actualidad creando con ello un sistema paralegal en Ecuador con la única finalidad de sostener al gobierno de turno a cambio de prebendas olvidándose del desarrollo de la Universidad Indígena Amawtay Wasi, un compromiso histórico olvidado en Carondelet.

A partir de ahí a Lasso se le acumulan los problemas rompiendo relaciones con la Asamblea Nacional acusándola de “bloqueo” y perdiendo la mayoría de la misma. Permitió el asalto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano destinado a controlar la transparencia del gobierno y teniendo que asumir el fracaso de la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea como concesión a Pachakutik en su pacto de gobierno. En esta huida hacia adelante y después de dos años de desencuentros la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de la cual es presidente Leónidas Iza, hizo llegar serias advertencias a la ciudadanía sobre sus reclamos; cabe recordar que ésta es una organización con capacidad suficiente como para suministrar alimentos no procesados a todo el país y ser efectiva a la hora de hacer caer a dos presidentes de gobierno como sucedió en el caso de Abdalá Bucaram, en 1997, y Jamil Mahuad, en el año 2000. Con estos antecedentes se inició el 12 de junio el paro nacional solicitando a Lasso el cumplimiento a cabalidad de sus 10 reivindicaciones como son 1) reducción del precio de los combustibles congelando el diésel a 1,50$ y la gasolina ecopaís a 2,10$ derogando los decretos 1158, 1183 y 1054. Cabe recordar que hay personas de comunidades amazónicas que no pueden ni tomar la barca colectiva para ir a un centro médico al no poder pagar el pasaje, 2) moratoria de deudas reduciendo las tasas de interés. Lasso es un banquero y desde que llegó a Carondelet ha boicoteado la práctica totalidad de procesos de economía social como por ejemplo la creación y promoción de nuevas cooperativas de ahorro y crédito evitando establecer porcentajes de interés razonables, 3) instaurar un precio justo de sus productos del campo, 4) establecer medidas de inversión pública para frenar la precariedad laboral, 5) establecer moratoria minera. Existen más de 275 concesiones hidrocarburíferas de gran impacto ambiental y escasa repercusión local, 6) respeto a los derechos colectivos (educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas), 7) paralización de las privatizaciones de empresas públicas estratégicas, 8) establecer control de precios para frenar la especulación. Circunstancia empeorada por las represalias de las grandes superficies de no comprar a productores que reivindican un precio justo en sus productos, 9) reabastecimiento de medicinas y personal sanitario en hospitales y centros de salud y 10) establecer políticas públicas solidas ante la «ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado.

En la actualidad ya está escrita la reivindicación 11: la caída de Guillermo Lasso ante una situación que no parece tener salida mientras él esté en el Palacio de Gobierno de Carondelet alimentando desde allí propuestas falsas de diálogo con represión en las calles. Lasso está noqueado, aunque en Ecuador todo es posible como la no caída en su momento de Lenín Moreno o la llamada a la paz de la actual Fiscal General, Diana Salazar, siendo ella la contrafigura de la misma; ha seguido el dictado de Lasso (con puntos y comas) y dejando en el fondo del cajón las denuncias contra su jefe Lasso por los Pandora Papers donde es acusado de tener 144 propiedades y al menos 14 sociedades en paraísos fiscales. Preceptos que además son excluyentes para ser candidato a la presidencia de la República del Ecuador.

La ciudadanía ya está empezando a ver sangre en los noticieros por mucha censura que haya. Los más de 100 detenidos y las muertes avanzan como la de Byron Guatatuca en la ciudad de Puyo con un proyectil de gas en la cabeza evidenciando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cometieron un grave error como señala su tomografía por mucha justificación del Ministro del Interior Patricio Carrillo -ejecutor de la represión en 2019- pretenda realizar al albor de la legítima defensa. El paro ya no es solo indígena, buena parte de la ciudadanía se ha unido al mismo. El país está totalmente paralizado y la sangre entra por debajo de la puerta del palacio de gobierno. Cuanto más tarde Lasso en salir más perjuicio le hará al país y a su propia persona.

-Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), diciembre 2021. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2021/Diciembre-2021/202112_Boletin_pobreza.pdf

Arturo Luque González, profesor Titular Principal en Ciencias Sociales en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador & Observatorio Euromediterráneo de Espacio Público y Democracia URJC, Madrid

Fuente: https://vientosur.info/el-desgobierno-en-ecuador-historia-de-un-paro-anunciado/