Entrevista a Roberto Patiño, Canciller de Ecuador
Alberto Pradilla
Gara
Nacido en Guayaquil, en 1954, el economista Ricardo Patiño es uno de los hombres fuertes del Gobierno ecuatoriano que preside Rafael Correa. En 2007, tras ganar las elecciones, le acompañó como ministro de Economía, convirtiéndose en uno de los impulsores de la
renegociación de la deuda. Ahora, se encarga de las relaciones exteriores del país latinoamericano.
Tras participar en la Cumbre Iberoamericana celebrada el fin de semana en Cádiz, Ricardo Patiño acompañó ayer a Rafael Correa en un acto con emigrantes ecuatorianos celebrado en Madrid. El canciller se muestra cauto y respetuoso con la cortesía diplomática a la hora de «dar consejos». Sin embargo, no oculta su satisfacción por los resultados de una política económica que ha logrado grandes avances partiendo de una auditoría sobre su deuda externa.
En un contexto de crisis internacional, la economía ecuatoriana crece al 8% mientras pone en práctica políticas basadas en la redistribución de las riquezas. ¿Se han convertido en la alternativa a un modelo caduco?
Las políticas neoliberales fueron un rotundo fracaso en América Latina. Ese rotundo fracaso nos despertó. Este es el siglo del despertar de América Latina después de habernos hecho tanto daño. No solo eran las políticas, sino también sus representantes, que eran fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hemos encontrado otra salida en el camino inverso, basado en la definición de políticas públicas, la recuperación del rol del Estado, la acción colectiva y la comprensión de que el mercado no puede ser amo de la sociedad.
Las recetas de austeridad y dominio de los mercados están siendo aplicadas a rajatabla en Europa. Sin embargo, ustedes rompieron con el FMI y el Banco Mundial.
El mercado es una realidad, nadie lo niega, pero no puede ser el que manda sobre la sociedad. Es la sociedad la que debe regularlo. Esta es la comprensión distinta del funcionamiento de la sociedad y del rol del Estado que estamos aplicando en América Latina con tanto éxito. Una de las más importantes decisiones que tomamos para lograr el crecimiento económico y la justicia social en la que estamos avanzando, fue desprendernos de la acción y la influencia
absolutamente desastrosa del FMI y el Banco Mundial. Yo era ministro de Economía y, antes de comenzar incluso a gobernar, vinieron a buscarme. Después de los chantajes terribles que ya me esperaba les dije «váyanse por esa puerta, que no queremos hablar con ustedes». Les debíamos 15 millones de dólares y se los prepagamos para no tener que verlos siquiera. Y el FMI nunca más volvió a nuestro país. No se imaginan qué libres somos ahora. Posteriormente, el presidente expulsó al representante del Banco Mundial. No sé pueden imaginar cuánto bien nos ha producido el hecho de que ellos ya no estén perjudicándonos e interfiriendo en la definición de nuestras políticas económicas. Hemos recuperado el control de los recursos naturales, renegociado una parte muy importante de la deuda externa, estamos optimizando los recursos de los que sí que disponíamos, pese a que nos queríamos convencer de que no los teníamos y que se necesitaba deuda e inversión extranjera de cualquier tipo. Cobramos nuestros impuestos, porque ya no es la oligarquía la que manda, sino representantes del pueblo. No tenemos ningún banquero manejando la ruta monetaria o el banco central. Esa libertad con la que funcionamos nos ha permitido inversión pública. Y la hemos dedicado a la infraestructura, a la obra social, a las políticas de inclusión. También eso ha permitido que tengamos una economía en crecimiento. Todavía es frágil, todavía no está
suficientemente consolidada, pero está en rumbo del crecimiento, tanto en el punto de vista cuantitativo como al reducir los pésimos indicadores sociales que teníamos.
Ha mencionado la cuestión de la deuda. Actualmente, se trata de un elemento que está ahogando la economía del Estado español. ¿Ha podido aprovechar la cumbre para dar algún consejo a Madrid?
No podemos dar consejos, pero sí que hemos comentado lo que hacemos, porque puede ser que esa experiencia le sirva a cualquier otro gobierno. Nosotros realizamos una auditoría de la deuda externa. Porque el endeudamiento, al menos en el caso de América Latina, era absolutamente ilegítimo. Y tampoco era visible, porque los contratos eran secretos. Existe un terror hacia el sistema financiero
internacional, y tenemos que liberarnos. Nosotros, país pequeño pero digno, hicimos la auditoría. Teníamos sospechas, y se confirmaron. Comprobamos qué barbaridades se habían hecho, tanto para la
contratación como para la renegociación de la deuda, en beneficio del capital financiero. El país quedó espantado. Esto ocurriría con todos los países del mundo.
¿Cuál fue la respuesta de los bancos? En Europa se ha extendido la idea de que no existe salida al margen de las obligaciones de la deuda y de las políticas de austeridad.
Tomar esta medida exigía también valentía. Porque si descubres algo, tienes que actuar, tal y como hizo Correa, que anunció que no seguiría pagando. Después de analizar las circunstancias dijo «estoy dispuesto a recomprar esos papeles ilegítimos hasta en un 35%. Los que me vendan estos papeles por debajo del 35% los compro». No podemos dejar de reconocer que también el país tenía cierta responsabilidad. En muy poco tiempo, todos esos banqueros llegaron con sus papelitos. Ahora estamos liberados, nuestra deuda es insignificante, el 14% del PIB, algo manejable. Por poner cifras redondas, antes utilizábamos 3.000 millones de dólares en servicio de la deuda y 1.000 millones en salud, educación, inclusión o vivienda. A los pocos años, 3.000 a lo social y 1.000 a la deuda.
Muchos de sus compatriotas que llegaron al Estado español a buscar trabajo se ven ahora atrapados por los desahucios y las hipotecas. ¿Cómo valora la reforma del Gobierno español?
Tenemos que respetar la libre determinación del Gobierno español y reconocemos que es un paso positivo, aunque no sea suficiente. Las decisiones que hemos tomado en nuestro país ponen por encima al ser humano con respecto al capital. En Ecuador la ley también decía que si la garantía (la vivienda) no cubriera el valor del préstamo, el ecuatoriano debía de seguir pagando. Cambiamos la ley. La gente debe de poder seguir viviendo en sus casas. No fue culpable de perder el empleo ni de la crisis financiera ni de la burbuja inmobiliaria. No deberían de pagar las consecuencias. Si en algún momento el capital tiene que pagar algún efecto de la crisis, que lo haga.
En febrero celebran elecciones presidenciales. ¿Qué efectos tendrán en el futuro político del país y en el proceso de integración de América Latina?
La integración latinoamericana va por buen camino. No digo que sea fácil. Hay todavía mucho colonialismo ideológico, mucho vasallaje intelectual. Aunque también se ve con mucho potencial. Hemos entendido que debe ir por encima de las diferencias políticas, que las hay. No obstante, el hecho de que haya muchos gobiernos progresistas favorece, ya que estos tienen mayor voluntad de integración. Sobre nuestras elecciones, el pueblo ecuatoriano tiene en su mano decidir si seguimos con el proceso de transformación revolucionaria o si vamos por otro camino. Si el pueblo decide volver a votar por el presidente Correa, seguramente vamos a radicalizar el proceso, porque todavía no hemos dado todos los pasos para conseguir una sociedad de justicia y de progreso, además de seguir fortaleciendo el proceso de integración.
«Assange lleva cinco meses en condiciones infrahumanas»
La decisión del Gobierno de Ecuador de otorgar el asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha motivado los desencuentros con Gran Bretaña, que se niega a dar el salvoconducto para que este abandone la embajada de Londres. ¿Siguen negociando? ¿En qué punto se encuentra el conflicto?
Seguimos dialogando. En septiembre tuvimos una reunión con el canciller británico en Nueva York en la que nos entregaron su respuesta a nuestra solicitud de salvoconducto. Esta respuesta, por supuesto, no nos satisfizo, por lo que nosotros hemos contestado jurídicamente, justificando plenamente los fundamentos de nuestra decisión y planteando que no solo hay razones basadas en el derecho y las convenciones internacionales para el asilo, sino también humanitarias. Cuando se elaboró la declaración de los derechos humanos, el Gobierno británico es el que insistió en la fórmula «todo ser humano tiene derecho a solicitar y disfrutar del asilo». Y vencieron. Ahora, que lo cumplan.
¿Cómo se encuentra actualmente Assange? Ya han pasado cinco meses desde que fue acogido en la embajada.
El señor Assange está sufriendo el asilo y lamentamos que así sea. Ya lleva cinco meses viviendo en condiciones absolutamente infrahumanas. Eso es una tortura. Y no está demostrado que cometiera ningún delito. Porque otra cosa sería que hubiese delinquido, pero lo único que hay contra él es el inicio de un juicio, que todavía no comienza. Su derecho a una vida digna, al asilo, a vivir con su familia, está siendo conjurado por la decisión lamentable del gobierno británico de no conceder el salvoconducto. Esta situación es muy grave, y cuanto más tiempo pase, más grave puede ser. Los derechos humanos están siendo conculcados y no es justo ni legal. A través del embajador británico, que recientemete retiró sus credenciales, he vuelto a pedir una reunión con William Hague para volver a hablar del tema. La situación se puede agravar en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por eso, quiero insistir, cordial pero firmemente, al Gobierno británico, sobre que es necesario que reconsideren su posición.
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