La semana pasada comenzaron a operar las mesas de trabajo con miras a determinar los proyectos que serán financiados con los recursos del Fondo Bicentenario Productivo Socialista, cuyo propósito es el de estimular actividades productivas destinadas, por una parte, a la sustitución de importaciones; y, por la otra, a la recuperación de las exportaciones no petroleras, las cuales han registrado una merma significativa durante los últimos años.
Este Fondo forma parte del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional anunciadas el 8 de enero para subsanar, fundamentalmente, las alteraciones de los precios relativos que exhibía el país que lo había llevado, incluso, a mostrarse como el más caro de la subregión Suramericana. De esta manera, la oportunidad para corregir el tipo de cambio fue aprovechada para incluir acciones orientadas a la recuperación de la economía real, lo cual cobra relevancia en momentos cuando el país muestra un cuadro recesivo. Para su conformación, las autoridades decidieron destinar 697.7 millones de dólares, 465.1 para el financiamiento de proyectos orientados a la sustitución de importaciones, en tanto que los restantes US$ 232.7 millones para los de exportación.
Un hecho que debe destacarse con la puesta en marcha de las mesas de trabajo es, sin duda alguna, el nivel de convocatoria que concitaron las mismas y más que ello, su estructuración. Contrario a lo que sucedía en el pasado cuando en este tipo de certamen la participación se limitaba a agentes gubernamentales y empresariales, en esta oportunidad fue mas que notoria la incorporación de diversos grupos sociales a través de los Consejos Comunales u otra forma de organización, lo cual habla del proceso de democratización que vive el país desde hace once años.
Esa composición de las mesas explica, en buena medida, que los 4.545 proyectos presentados hayan sido concebidos, especialmente, para los sectores alimenticio, calzado y textil, es decir, para atender necesidades básicas de la población y, por supuesto, muestra la tendencia del sistema de propiedad que imperará dentro de las empresas a ser creadas. Sin discriminar a la propiedad privada, es indudable que las empresas de propiedad social directa adquirirán el lugar que les corresponde ocupar en el sistema político que comienza a despuntar.
Ahora bien, esa realidad lleva a reflexionar entorno a tres aspectos que bajo ningún concepto pueden ser ignorados. El primero de ellos se inscribe en el ámbito estratégico. Como lo precisara en el acto de instalación de las mesas el Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina, Ing. Enrique Martínez, que si bien no se podía desmerecer la utilización de criterios de selección proyectos originados por la base poblacional, estos no podían desligarse de los grandes objetivos de desarrollo que persigue el país.
Al revisarse el Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista (PPS) que contiene los lineamientos para el desarrollo económico y social de la nación 2007-2013, salta a la vista que la estrategia de producción deberá perseguir la reducción de la heterogeneidad de la economía. Es decir que a partir de los sectores estratégicos determinados por el estado se desencadenen las actividades productivas procurando la complementariedad entre las mismas, lo cual implica que el programa de sustitución de importaciones debe adquirir un carácter intrasectorial antes que intersectorial como erróneamente se practicara en el pasado. La ejecución del programa bajo esa concepción será la única garantía para asegurar un cambio en el patrón de comercio exterior del país y es allí cuando cobra relevancia el segmento del Fondo destinado a fomentar producciones para la exportación.
En consecuencia, en esta etapa inicial destinada a la selección de proyectos debería procurarse la combinación de los criterios que efectivamente permitan complementar la satisfacción de necesidades primarias con los lineamientos estratégicos del desarrollo. Si por el contario, los esfuerzos se concentraran en el desarrollo de producciones de bienes finales descuidando la función de producción de cada uno de ellos, estaríamos repitiendo experiencias cuyos resultados solo nos conducirían a renovar una estructura industrial endeble e ineficiente, de lo cual disponemos de un amplio expediente en nuestro país.
El segundo aspecto que debe tenerse presente es que será necesario adecuar las políticas fiscal, tributaria y comercial a los requerimientos de los programas emprendidos. Era necesario adoptar las medidas correctivas anunciadas en enero pasado, pero ellas no son suficientes para garantizar el éxito de las acciones desplegadas para favorecer la recuperación o reestructuración del aparato productivo. Huelga señalar las consecuencias que acarrearía la no adecuación oportuna de las políticas mencionadas.
Finalmente, el tercer aspecto se refiere a las tareas que deberá llevar a cabo el estado para prestar asistencia técnica a las unidades productivas que surjan de las propuestas presentadas por los sectores sociales no empresariales, sobre todo en las áreas tecnológica y gerencial. Actuar en ambos campos contribuirá, y en forma decisiva, a asegurar el nivel de eficiencia requerido para asegurar al consumidor -nacional y foráneo cuando corresponda- contar con productos de calidad en condiciones de abastecimiento acordes con sus requerimientos.
Teniendo en cuenta que la eficiencia nunca estuvo reñida con sistema político alguno, el contexto político en que emergen las iniciativas económicas del Gobierno Nacional y las posibilidades que se abren para continuar profundizando el proceso de transformación del país, el papel que debe ser desempeñado por el estado en esas materias resulta incuestionable e ineludible.
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