Y olvidamos que hubo un tiempo en el que todos fuimos inmigrantes.
Porque si no lo fuimos nosotros, lo fueron nuestros padres, nuestros abuelos.
Y todos, presuntamente diferentes: distintas lenguas, pieles y rostros,
van dejando los mismos rastros de sueños, de nostalgias, de cielos perdidos, de paisajes ausentes.
Y hasta las sonrisas tienen una lágrima de tristeza.
“El Chasqui” Nº14 – Revista del Centro Latinoamericano de Reus ( Catalunya )
ESPAÑA: Excluyen del Sistema Sanitario a los inmigrantes “irregulares”.
* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.
> En el último Consejo de Ministros realizado el viernes pasado, el Gobierno español aprobó el Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario para acceder a las prestaciones de la sanidad pública. Dicho decreto excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren en situación “irregular”.
Esta decisión, implica que varios cientos de miles de inmigrantes que llegaron al país en el momento en que se requería mano de obra para determinados trabajos ( básicamente construcción, tareas rurales y servicios) pero que ahora -como ocurre con más de cinco millones de españoles- han perdido su trabajo, a partir del próximo primero de setiembre quedarán excluídos del Sistema Nacional de Salud.
Muchos de ellos ocuparon en su dia puestos con trabajos duros, salarios precarios, y jornadas abusivas. Cotizaron durante dos, tres o más años a la Seguridad Social.
Con el Real Decreto aprobado, y aunque sean actualmente poseedores de la tarjeta sanitaria y estén empadronados en el municipio de residencia, quedarán fuera del Sistema. Solamente se atenderán las urgencias y los embarazos. Los niños y menores de 18 años también serán atendidos: están protegidos por convenios internacionales firmados por el estado español. Los médicos de familia y de comunidad del Sistema Sanitario ya han planteado formalmente la “objeción de conciencia”. Afirman que no pueden dejar de atender a pacientes que lleguen a su consulta. A los nuevos y los que ya se encuentren en tratamiento. Por principios éticos y humanitarios y porque violaría su código deontológico. Profesionales de la sanidad y usuarios, rechazan los alcances de la reforma sanitaria del gobierno.
El Real Decreto 16/2012 inicia el desmantelamiento de la Sanidad Pública gratuita y universal tal como se puso en marcha en 1986 en el estado español y se reemplaza por un modelo que significa un avance hacia formas de privatización. En cuanto a medicamentos recetados, eleva los porcentajes de los copagos, y por vez primera dispone formas de copago para jubilados y pensionados, sector que en muchos casos recibe retribuciones inferiores a los 600 euros mensuales. A ello, la Generalitat Catalana añadió un “re-pago” que a modo de “impuesto a la enfermedad” cobra un euro por cada medicamento adquirido con receta a todos los usuarios del Sistema Sanitario.
“Un paso de gigante”
La exclusión de los inmigrantes que se encuentren en paro y por tal causa no tengan vigente la tarjeta de residente, significa para la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, “que se ha dado un paso de gigante” para ofrecer cobertura a la población, según cita una información de la agencia Europa Press. Añade el ministerio que gracias a la aprobación del Real Decreto, se van a cumplir los objetivos de asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas. Seguidamente, el ministerio se refiere al “turismo sanitario”, y expresa que con la medida “se evita el uso fraudulento por parte de los ciudadanos extranjeros de los servicios de salud”. De un modo malintencionado, se mezcla el tema de la exclusión de los inmigrantes que pueden estar en paro, con la atención puntual de extranjeros, en muchos casos pertenecientes a la Unión Europea, y a los que las distintas administraciones por lo general no han aplicado normas o cobros que correspondían.
El neoliberalismo del siglo XXI
La medida, complementa otras que van en la misma dirección: desmantelar servicios públicos fundamentales como lo son educación y sanidad. Según Rajoy y sus ministros y portavoces, los sucesivos recortes presupuestarios y medidas complementarias que alcanzan a todos los ciudadanos, “no afectarán la calidad de la enseñanza ni tampoco de la sanidad pública”. Pero se cierran servicios hospitalarios, se reduce personal sanitario, se alargan las listas de espera, se establecen “repagos”, desaparece el carácter “universal” de las prestaciones. En Educación, se reducen salarios de los profesores, se les incrementan las horas de trabajo, se recortan de forma significativa las becas para estudio, para materiales y también para los comedores escolares. Por primera vez en décadas, la escuela pública pierde profesores a pesar del aumento de alumnos. Se reducen o paralizan obras de mantenimiento de establecimentos escolares y se cierran escuelas rurales.
¿ Como pueden afirmar que con semejante “tsunami” devastador, “se mantendrá la calidad” ?
La crisis provocada por el sistema económico y financiero especulador es el argumento que sostiene este retroceso en derechos sociales y laborales. La Reforma Laboral del gobierno de Rajoy destinada a “promover el empleo” ha provocado el aumento de las cifras de paro. La pretensión de que mayores facilidades a los empleadores, provocarian nuevas contrataciones, derivó en cientos de miles de despidos, y el aumento del trabajo precario y temporal. Hemos llegado al récord de 5.600.000 desocupados y más de 1.700.000 hogares donde ninguno de sus miembros tiene trabajo.
El “rescate” de la banca legaliza el bandolerismo de los consejos de administración responsables de los “agujeros” siderales en sus cuentas. Bankia, agrupación de varias
instituciones de crédito y cajas, tuvo a su frente a Rodrigo Rato, ex-ministro de Aznar, figura prominente del Partido Popular y director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta su renuncia en el 2007. En dos años la “promisoria” Bankia terminó con un agujero de nada menos que 23 mil millones de euros. Cientos de miles de ciudadanos están afectados por el riesgo que corren sus depósitos en Bankia y en otras entidades que han tenido que solicitar dinero público para no quebrar. Se dá el absurdo de que familias que perdieron sus viviendas por desahucio bancario al no poder hacer frente a las hipotecas, están contribuyendo con sus impuestos a socorrer a esos mismos bancos.
Es como si en un naufragio, en vez de rescatar a las víctimas, se atendiera a las rocas que provocaron el desastre.
Hay procesos judiciales abiertos por demanda popular, pero habrá que ver si finalmente se establecen responsabilidades y condenas. Y más dudoso aún, si se puede establecer el destino de la ingente suma de dinero “desaparecido”.
Los argumentos economicistas son el “paraguas” bajo el cual se amparan los criterios ideológicos de un gobierno sumiso a los poderes económicos y al sistema financiero especulativo, que preanuncia también lo que llaman “liberalización” del transporte, que puede significar a corto plazo la privatización de servicios públicos fundamentales, entre ellos el ferrocarril. Medidas que en otras partes del mundo se han llevado adelante hace ya varios lustros, y cuyos resultados han sido desastrosos para la mayoría de la población y únicamente han servido para enriquecer a empresas privadas. Los servicios ferroviarios constituyen también un medio de transporte estratégico para un país, y su entrega al capital privado suele terminar con el levantamiento de ramales ( los que la empresa privada considera “no rentables”), precariedad de mantenimiento, incremento de tarifas, demoras en la renovación de material rodante, aumento de siniestralidad, etc.
En lugar de perseguir el fraude fiscal, estimado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda ( GHESTA ) en unos 90.000 millones de euros al año, el gobierno dispuso una amnistía para los evasores que tienen el dinero oculto o en paraísos fiscales, con gravámenes inferiores a los impuestos pagados en su dia por trabajadores en dependencia o autónomos .Tampoco se preguntará por el origen del dinero. La Hacienda española abre una ventanilla “purificadora” no solo para evasores, sino para estafadores de todo tipo. No hay en el mercado una oportunidad tan barata para blanquear dinero mal habido. Una oferta para narcotraficantes, tratantes de blancas, o cualquier otra expresión del crimen organizado. ( Aunque muchos de ellos seguirán optando por la seguridad y la impunidad que ofrecen los “intocables” paraísos fiscales).
Hay que unir las luchas populares
La exclusión de los inmigrantes “irregulares” del Sistema Sanitario es una parte más del retroceso que sufren España, gran parte de Europa y otros países del mundo globalizado. Es uno de los “daños colaterales” de las políticas de concentración de poder económico y financiero en el planeta. Políticas injustas, excluyentes y suicidas para
el conjunto de la humanidad, porque no reparan en los devastadores efectos sociales – miseria, hambre, marginación – ni en el destrozo medioambiental o el agotamiento de recursos. Atravesamos un difícil momento histórico de transición. Un modelo de explotación que se agota y que se derrumba, pero que por eso mismo, se convierte en algo aún más peligroso. Serán insuficientes las defensas de derechos y libertades si se hacen de manera aislada y puntual.
Será imprescindible articular la unidad de las organizaciones y las luchas populares para rechazar este galopante retroceso social, político y económico. Y para generar alternativas hacia un mundo más justo, más equilibrado, racional y solidario. Es una tarea colectiva, que debe incorporar a miles, millones de ciudadanos que están hartos de engaños, de mentiras y de manipulaciones y que no quieren ser sepultureros del futuro de sus hijos y de sus nietos.
- Carlos Iaquinandi Castro.
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