Por: Branko Marcetic
Los comentaristas liberales instan a los demócratas a no hablar de las medidas ilegales de Trump para desaparecer gente en un calabozo salvadoreño. Esto no solo es incorrecto por una cuestión de principios, sino que además es un error político.
La administración de Donald Trump se encuentra actualmente en medio de lo que podría ser la mayor extralimitación del gobierno federal vista en lo que va de siglo. Ejerce poderes represivos sin precedentes incluso contra ciudadanos estadounidenses, desafía una orden del Tribunal Supremo de rectificar una de sus deportaciones ilegales y se burla de principios fundamentales como el estado de derecho y la separación de poderes en los que se basa la democracia estadounidense.
Oponerse a ello de forma enérgica y rotunda debería ser una postura básica y de sentido común para cualquiera que crea en esos principios, y muy especialmente para un partido opositor que lleva años denunciando a gritos que Trump es un dictador en potencia.
Sin embargo, la respuesta de un número sorprendente de voces que deberían tener más criterio es que aquellos indignados por este abuso autoritario deberían evitar el tema de manera sumisa. Actúan como si la administración de Trump disfrutara del mismo apoyo público generalizado para sus acciones radicales que tuvo George W. Bush después del 11 de septiembre, aunque todo indica que este no es ni remotamente el caso.
El poder de desaparecer
Hagamos balance de lo que ha hecho realmente la administración Trump. La pendiente resbaladiza sobre la que advirtieron sus críticos cuando empezó a deportar a titulares de visados e incluso a residentes permanentes se convirtió rápidamente en un alud menos de una semana después, cuando invocó la centenaria Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a cientos de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión de El Salvador, conocida por su peligrosidad y los abusos que se cometen en ella, a cuyo autoproclamado «dictador» está pagando para mantener a estas personas encarceladas.
Excepto que eso no es exactamente lo que ocurrió. Porque muy pronto descubrimos que al menos docenas de estos hombres no solo se encontraban legalmente en el país gracias a solicitudes de asilo, sino que no eran miembros de bandas ni tenían antecedentes penales, salvo algunas infracciones leves. Uno es un maquillador gay al que le encanta el teatro. Otro es un joven de diecinueve años que, según reconocieron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando lo detuvieron, no era la persona que buscaban. Otro está casado con una ciudadana estadounidense y tiene tres hijos con la misma nacionalidad.
Fueron secuestrados y enviados a una prisión, luego subidos a un avión y condenados a vivir una pesadilla en la ciudad de San Salvador por razones totalmente fraudulentas: la acusación sin pruebas de un expolicía caído en desgracia; tener tatuajes en homenaje al autismo, a su equipo de fútbol favorito o a sus padres; llevar puesta una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha, o simplemente por haber estado allí. La propia administración Trump admitió abiertamente ante los tribunales que al menos uno de aquellos hombres fue deportado por error.
Mientras tanto, el nuevo gobierno ha estado traspasando los límites de la ley y la decencia básica no solo para seguir llevando a cabo este tipo de desapariciones, sino para aplicarlas a cada vez más personas. Cuando un juez federal ordenó detener las deportaciones, el gobierno argumentó en un primer momento que no tenía jurisdicción porque los aviones ya se encontraban sobre aguas internacionales, y desde entonces el presidente ha pedido la destitución del juez y su retirada del caso. La Casa Blanca afirmó, tanto en los tribunales como en declaraciones públicas, que tras haber arrojado a estos hombres al infierno, todo el asunto está ahora fuera de su alcance (a pesar de que las autoridades salvadoreñas indicaron recientemente a un senador estadounidense de visita que es Trump quien decide lo que ocurre con ellos).
De manera que el gobierno se está negando casi abiertamente a acatar una decisión unánime del Tribunal Supremo que le ordena devolver a uno de los hombres, y dos jueces están considerando la posibilidad de acusar a funcionarios de Trump de desacato criminal por ignorar los tribunales. Mientras tanto, el presidente fue sorprendido diciendo que está tratando de encontrar una justificación legal para hacer esto no solo a los inmigrantes, sino también a los ciudadanos estadounidenses. Esto en perfecta sincronía con Bukele, que trabaja para duplicar el tamaño de la prisión salvadoreña a instancias de Trump.
Un escenario así debería ser profundamente inquietante, ya seas demócrata, republicano, independiente, conservador, centrista, liberal o socialista. Es por eso que incluso la Corte Suprema más conservadora en generaciones —seis de cuyos miembros fueron nombrados por presidentes republicanos, tres de ellos por el propio Trump— falló 9-0 en su contra, situación que un juez federal (nombrado por Ronald Reagan) calificó como «impactante no solo para los jueces, sino para el sentido intuitivo de la libertad que los estadounidenses alejados de los tribunales aún aprecian». Esto hace aún más sorprendente encontrar comentaristas que instan a la gente a no criticar o ni siquiera mencionar el tema.
Sin principios
Trump está «tendiendo una trampa a los demócratas y, como de costumbre, estamos cayendo en ella», dijo anónimamente un demócrata de la Cámara de Representantes, quejándose de que «en lugar de hablar de la política arancelaria y la economía (…), lo que está haciendo que sus números se hundan, vamos a morder el anzuelo por un peluquero».
En Twitter, el comentarista de la CNN Chris Cillizza presentó un «argumento similar sobre por qué los demócratas no deberían seguir hablando tanto de Kilmar Abrego García», uno de los hombres desaparecidos en El Salvador, y pidió a los lectores que pensaran «qué tema es mejor para los demócratas: ¿la inmigración o los aranceles?». «Todo el mundo debería pensar qué temas quiere destacar y por qué», tuiteó el influyente comentarista liberal Matthew Yglesias, junto con un gráfico que muestra que la inmigración es el tema más fuerte de Trump.
Esto es erróneo en múltiples niveles. En principio, no es exagerado decir que, si se permiten las acciones del gobierno en este caso, tanto Trump como cualquier futuro presidente tendrán el poder de desterrar a quien quieran a un calabozo de tortura en el extranjero, incluidos los ciudadanos estadounidenses. La administración está tratando de demostrar que, siempre y cuando acuse a alguien —por muy falso que sea— de cualquier delito que pueda justificarlo, y consiga meterlo en un avión sobre el océano antes de que un juez tenga tiempo de pronunciarse al respecto, la Casa Blanca puede admitir alegremente que ha cometido un error —o simplemente seguir mintiendo en público sobre esa persona— y no habrá consecuencias.
Es fácil imaginar que este gobierno o uno futuro cometerán ese error de nuevo. Es fácil imaginar que lo cometerán una y otra vez, e incluso que lo harán convenientemente con personas a las que consideran enemigos políticos.
Consideremos dos cosas que han ocurrido esta misma semana. En Florida, el ICE detuvo a un hombre nacido en Georgia que cruzó la frontera estatal y, aunque la jueza reconoció que el certificado de nacimiento que se le había mostrado era auténtico, dijo que no podía ponerlo en libertad porque el ICE quería que permaneciera detenido (finalmente fue liberado). Al menos en dos estados diferentes, varios ciudadanos estadounidenses, dos de ellos abogados de inmigración, recibieron de la nada una notificación del Departamento de Seguridad Nacional para abandonar el país. Parece que se están cometiendo muchos errores en este momento.
También está el hecho de que el gobierno lleva a cabo toda esta política de forma deliberada. Que el presidente diga que los únicos ciudadanos estadounidenses que deportará son los «violentos» y «la gente realmente mala» no debería ser tranquilizador. Su programa de deportación se vendió originalmente como una prioridad para los delincuentes violentos, y la realidad ha demostrado ser completamente diferente. Mientras tanto, él y sus funcionarios están ampliando rápidamente los tipos de estadounidenses que agrupan bajo la etiqueta de un tipo de delincuente violento, un «terrorista»: vándalos, manifestantes o cualquiera que critique sus políticas migratorias.
Esto, según los criterios de casi todo el mundo, es una extralimitación grave y muy peligrosa. No se puede decir que se teme por la democracia y la Constitución y luego dar media vuelta y exigir silencio sobre el hecho de que el presidente incumpla las órdenes judiciales y afirme el derecho a hacer desaparecer a quien quiera.
Sin política
Dejemos a un lado los principios. Ni siquiera está claro que los demócratas que desafían al gobierno en este asunto se encuentren en una posición política inestable. Una encuesta de Quinnipiac realizada justo antes de que estallara esta controversia reveló que Trump tiene una aprobación pública muy baja tanto por su gestión de las deportaciones (42-53) como por las cuestiones de inmigración en general (45-50). Otras encuestas recientes más favorables a Trump sobre este tema solo sitúan a la opinión pública más o menos dividida a partes iguales, aunque todas ellas se realizaron antes de que la controversia de El Salvador acaparara los titulares. Incluso una encuesta que registró un índice de aprobación particularmente alto para él en este tema también reveló que la aprobación había disminuido notablemente durante el último mes.
Cuando las preguntas de las encuestas se centran en aspectos concretos, queda claro que el gobierno se encuentra en una posición mucho más débil. La mayoría se opone a deportar a los titulares de visados y a los residentes permanentes por sus opiniones a favor de Palestina. Casi el 60% de los encuestados piensa que el gobierno debe presentar pruebas y celebrar una audiencia antes de intentar deportar a un inmigrante indocumentado, y a menudo una mayoría considerable de todos los grupos, incluidos los republicanos, afirma que los titulares de visados y de tarjetas de residencia deben tener derecho a un juicio justo, a presentar una defensa y a recurrir.
En otras palabras, hay muchas posibilidades de que, a medida que la prensa y los políticos nacionales centren su atención en los excesos del gobierno en este ámbito, y el público se dé cuenta de que Trump está utilizando sus poderes de deportación no para perseguir a los delincuentes violentos, como dijo que haría, sino a residentes legales que respetan la ley, opositores políticos e incluso ciudadanos estadounidenses, la opinión pública se vuelva aún más crítica con su gestión general de la inmigración.
Y sea cual sea la ventaja que Trump pueda tener o no en esta cuestión, no se parece en nada a la que disfrutó George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre, cuando impulsó algunas de las propuestas más agresivas y destructivas para las libertades civiles de su presidencia. La popularidad de Bush se situó entre el 70% y el 80% durante meses después de los atentados terroristas y solo empezó a descender de forma constante por debajo del 60% a finales de 2003, casi dos años después.
Aún mejor para él, varias encuestas realizadas a lo largo de los meses mostraban que una gran mayoría de estadounidenses —hasta un 66% inmediatamente después del atentado— apoyaba sacrificar sus libertades civiles en aras de la seguridad. Una mayoría similar respaldaba medidas como juzgar a los sospechosos de terrorismo en tribunales militares (seis de cada diez), detener e interrogar a los titulares de visados de Oriente Medio (79%) y detener a quienes hubieran infringido las leyes de inmigración (casi nueve de cada diez), intervenir las conversaciones telefónicas de los sospechosos con sus abogados (casi tres de cada cuatro), la detención indefinida de los no ciudadanos peligrosos (casi ocho de cada diez) y el aumento drástico de la vigilancia gubernamental.
En septiembre de 2003, una encuesta de CNN, USA Today y Gallup reveló que solo el 22% de los estadounidenses pensaba que Bush había ido «demasiado lejos» en este frente (aunque esa misma encuesta también reveló el año anterior que el apoyo del público a anteponer la seguridad a las libertades civiles había caído drásticamente, pasando de estar dividido a ser una opinión minoritaria).
Hay que tener en cuenta que nada de esto impidió que el entonces senador demócrata Patrick Leahy desafiara al gobierno con propuestas como los tribunales militares, a las que se sumaron cada vez más demócratas tras un periodo de consentimiento intimidado. A principios de 2003, incluso cuando las encuestas seguían mostrando que la mayoría apoyaba ampliamente las políticas antiterroristas de Bush, los demócratas se levantaron contra la propuesta de hipervigilancia de Bush, el programa Total Information Awareness, y derrotaron su intento de ampliar radicalmente los poderes de la Patriot Act.
A partir de ese año, mientras el partido elegía a su candidato presidencial y hacía campaña para derrotar a Bush en las urnas, las críticas al desprecio de Bush por los derechos y libertades civiles se convirtieron en parte habitual de la retórica demócrata.
Trump se encuentra hoy en una posición muy diferente a la de Bush cuando todo esto sucedió. Históricamente impopular, ahora lo es cada vez más, y solo ha tenido una valoración positiva neta dos veces en su mandato, ambas al comienzo de sus estancias en la Casa Blanca, cuando los presidentes suelen disfrutar de sus mejores cifras. Incluso las mejores encuestas sobre la aprobación pública de las políticas migratorias de Trump están en el filo de la navaja, mientras que otras muestran que están claramente desfasadas con respecto a la opinión de los estadounidenses.
Por lo tanto, no hay ningún argumento válido para que quienes están alarmados o se oponen a lo que está sucediendo se mantengan callados mientras Trump toma medidas mucho más extremas e inconstitucionales que las que tomó Bush, y en una posición política mucho más precaria para hacerlo. Quien sienta la necesidad de alzar su voz en contra de esto, sin dudas estará en terreno firme, tanto moral como políticamente.
Branko Marcetic
Redactor de Jacobin Magazine y autor de Yesterday’s Man: The Case Against Joe Biden (Verso, 2020).
Traducción: Natalia López
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