¿Cómo pueden los periodistas provocar guerras?

                                                                                       

En diciembre de 2016, los Cascos Blancos –presentados como una “organización humanitaria” o de “defensa civil”– firmaban este documento junto a los yihadistas que asediaban Damasco y que cortaron el suministro de agua a la población de la capital siria. Privar de agua a los civiles es un crimen de guerra. ¿Dónde estaban entonces la “comunidad internacional” y los grandes medios de prensa occidentales?

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido bombardearon Siria en la noche del 13 al 14 de abril de 2018. Esta operación militar, una agresión en términos de Derecho Internacional, es presentada como una «respuesta» de «los aliados» al supuesto uso de armas químicas por parte de la República Árabe Siria.

El secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, declaró ante el Congreso que no dispone de pruebas que demuestren esa acusación pero que se basa en «artículos de prensa creíbles». En 2011, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, lanzó una orden internacional de arresto contra el líder libio Muammar el-Kadhafi, también lo hizo basándose en artículos de la prensa… cuya veracidad –hoy está demostrado– era nula. Pero justificó así la intervención de la OTAN contra Libia.

En 1898, el gobierno de Estados Unidos también se basó en los «artículos de prensa creíbles» de los periódicos del magnate de la prensa William Randolph Hearst [1] para iniciar la Guerra Hispano-Americana [2]. Posteriormente, los artículos de los diarios de Hearst resultaron ser totalmente inventados [3].

En cuanto a los «artículos de prensa creíbles» a los que se refiere el general Mattis, estos se basan en las declaraciones de la ONG británica White Helmets (Cascos Blancos). Presentados como una «asociación humanitaria», los «Cascos Blancos» en realidad son parte del conflicto ya que han participado oficialmente en varias operaciones de guerra, como la que cortó el abastecimiento de agua a los 5,6 millones de habitantes de Damasco, la capital siria, durante unos 40 días [4].

Varias horas antes del bombardeo occidental, Rusia y Siria habían publicado las revelaciones de dos testigos oculares, presentes en el hospital de Duma durante el supuesto ataque químico. Estos testigos revelan que todo fue un montaje y que el «ataque químico» nunca tuvo lugar [5].

Exactamente igual que en siglo XIX, hoy es perfectamente posible encontrar periodistas que se presten para manipular los Estados o un tribunal internacional y para empujarlos a derrocar gobiernos o a bombardear otros Estados.

Es por eso que una parte de la prensa reclama el título de «Cuarto Poder», aunque se trata de un poder que, al no provenir de ninguna elección, es ilegítimo.

Los medios de difusión que disponen de esa capacidad pertenecen a grandes magnates capitalistas que además están estrechamente vinculados a los políticos, quienes afirmarán después haber sido engañados por sus «artículos creíbles». Por ejemplo, el ya mencionado magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst mantenía estrechas relaciones con el presidente William McKinley, quien ambicionaba iniciar la guerra contra España para arrebatarle el control de Cuba y de Filipinas, lo cual hizo finalmente.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Francia lograron que la Asamblea General de la ONU adoptara una serie de resoluciones que condenan la propaganda de guerra [6]. Los países miembros de la ONU incluyeron el contenido de esas resoluciones en el derecho nacional de sus Estados. Por consiguiente, los periodistas que se dedican a la propaganda de guerra deberían ser enviados a los tribunales… teóricamente. Pero en la práctica sólo los Estados pueden iniciar ese tipo de acciones judiciales.

En definitiva, la propaganda de guerra está prohibida… pero el derecho nacional aplica esa regla sólo a los periodistas de oposición incapaces de desatar conflictos y no a los Estados que los emprenden.