El relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición, Fabián Salvioli, afirma que el Gobierno español, más allá de resignificar el Valle de los Caídos, debe dejar de obstaculizar los procesos judiciales por crímenes del franquismo.
“No hay ningún impedimento en el derecho, ni nacional ni internacional, para avanzar en el enjuiciamiento y condena de los responsables”, ha afirmado esta mañana a los medios de comunicación el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición, Fabián Salvioli, en la entrada del Congreso.
El relator ha expresado que la exhumación del Francisco Franco del Vale de los Caídos “es un paso positivo”. Salvioli ha recordado que ya el anterior relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, señaló en el informe realizado tras su visita a España en 2014 la necesidad de que se dieran pasos en este sentido. “Pero es un paso que debe ser continuado con otras materias muy importantes”, ha subrayado Salvioli. Entre estas, el relator ha destacado que se contemplen reparaciones integrales para todas las víctimas, que el Estado español no obstaculice los procesos de querellas que se están llevando adelante en otros países —en relación a la querella argentina— y cumplir con la obligación de extraditar o juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Salvioli ha llegado a Madrid a raíz de una invitación realizada por el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes y firmada por Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Compromís. “Estoy aquí para cooperar con este grupo en todo lo relativo a las medidas que el Estado español debe tonar a efecto de garantizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, para que se den los pasos relativos a memoria, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”, ha explicado el relator, que ha estado acompañado por los diputados Eduardo Maura (Podemos), Antón Gómez Reino (En Marea), Joan Tardá (Esquerra Republicana de Catalunya), Alicia Piquer (PSPV), Enric Bataller (Compromís) y Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu).
OBSTÁCULOS DESDE EL ESTADO
El pasado jueves, desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) reclamaron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomara medidas para evitar el bloqueo de los procesos judiciales por los crímenes del franquismo en los tribunales. Jacinto Lara, abogado de la coordinadora, recordó que desde la Audiencia Nacional ya se impidió la extradicción de Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, y Jesús Muñecas Aguilar, pedida por la juez argentina María Servini.
Posteriomente, el Consejo de Ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy impidió en 2015, por decreto, la extradición de otros 20 imputados en la querella argentina a los crímenes del franquismo. A esto se sumó, en septiembre de 2016, una circular emitida por la Fiscalía general a las fiscalías territoriales para que rechazaran de base las comisiones rogatorias emitidas por Servini para tomar declaración a los imputados en los distintos juzgados españoles.
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