Por: Manuela Cencetti
El 15 de mayo de 2016 en Nebaj, Norte del Quiché (Guatemala), se recordó la sentencia por genocidio dictada contra el ex general Efraín Ríos Montt hace tres años, el 10 de mayo 2013. La sentencia fue dictada por la jueza Jazmín Barrios del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, en Ciudad de Guatemala, y condenó el imputado a 80 años de cárcel.
El dictamen representó un hecho histórico porque por primera vez en la historia de América Latina un alto mando militar fue declarado autor intelectual de delitos de lesa humanidad y actos genocidas.
El acto de conmemoración empezó con una ceremonia maya en el salón municipal a la presencia de testigos y partes del juicio, en particular hombres y mujeres de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro por la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH).
El 12 de mayo también en la capital, en la Casa de la Memoria Kaji Tulam, hubo una importante actividad de conmemoración para recordar y reivindicar que hubo genocidio: hablaron diferentes testigos e integrantes de AJR, de CALDH, hubo una lectura de poesías y Rebeca Lane –rapera feminista guatemalteca– dedicó algunas de sus canciones a las personas presentes, en particular a los hombres y mujeres presentes, que llevan años luchando por una justicia que cada día en Guatemala parece más lejana e inalcanzable.
Durante la actividad en la región Ixil se aclaró por parte de CALDH el significado de lo que pasó el miércoles 11 de mayo, cuando la Sala Primera de Corte de Apelación notificó que el nuevo juicio por genocidio queda “definitivamente suspendido”,confirmando el amparo puesto por los mismo querellantes –AJR y CALDH– para separar el juicio en dos partes.
La confirmación del amparo reconoce la necesidad de separar los procesos: uno en contra de Efraín Ríos Montt que tiene que llevarse a puerta cerrada, sin público ni periodistas, por su estado de salud y que en el debate es representado solamente por sus abogados, y el otro contra Jose Mauricio Rodríguez Sánchez –ex jefe de la inteligencia militar durante el golpe de Ríos Montt– que tiene que producirse en presencia de público y de la prensa.
La presentación de este último amparo fue necesaria para no llegar a otra sentencia (prevista supuestamente antes de finales de mes) que dejase nuevamente abierta la posibilidad a la Corte de Constitucionalidad de anular el juicio o parte del mismo, así como pasó el 20 de mayo de 2013 cuando, a los 10 días de la sentencia, dicha Corte anuló el veredicto condenatorio impuesto a Ríos Montt bajo el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo incumplió una resolución del máximo tribunal de suspender el debate y tramitar una recusación, presentando al final una resolución de la misma Corte de muy dudosa legalidad.
Separación de los juicios e impunidad
A partir de ese entonces fueron varios los intentos de estancar definitivamente el juicio y garantizar así una vez más la impunidad para todos los altos mandos militares que en la década de los 80 planificaron y ejecutaron las políticas genocidas de estado contra la población civil en diferentes departamentos del país.
Juan Francisco Soto, director de CALDH, explicó durante los dos eventos de conmemoración, ante testigos, organizaciones locales y personas solidarias, que hay que esperar que la separación de los juicios sea confirmada por la Corte de Constitucionalidad y que sean nombrados los dos tribunales que llevarán los procesos. De momento, ninguno de los tribunales en funciones pueden conocer los casos porque ya están involucrados en juicios anteriores contra los dos altos mandos militares.
Esto significa que las 30 personas que han testificado hasta la fecha no son válidos (13 testigos en Nebaj el mes pasado y otras 17 personas en la ciudad capital este mes), que los juicios deberán volver a arrancar desde el principio y que los 130 personas llamadas a declarar deberán dar su testimonio dos veces, uno por cada proceso. Además el nombramiento de los dos “nuevos” tribunales y el arranque de los juicios podrían tardar muchos meses.
Estos son los últimos acontecimientos alrededor del juicio por genocidio que en el mes de abril llegó al municipio de Nebaj, corazón del conflicto armado interno en los años 80 y corazón ixil de la lucha por la justicia y de la resistencia contra el despojo de los territorios.
El Tribunal B de Mayor Riesgo –a pesar de la necesidad de separar los juicios por las condiciones de salud de uno de los imputados– decidió reiniciar el pasado 16 de marzo el juicio por genocidio contra el pueblo maya ixil, perpetrado por el ex general Efraín Ríos Montt y su ex jefe de la inteligencia militar Rodríguez Sánchez.
Lo que sucedió en Nebaj en el mes de abril
Entre el 18 y 21 de abril se vivió una semana histórica para el pueblo ixil por la llegada del Tribunal B de Mayor Riesgo a Nebaj. El motivo del traslado fue el seguimiento al juicio por genocidio contra el ex general Efraín Ríos Montt –declarado incapacitado por un peritaje por sufrir demencia vascular irreversible– y contra el ex jefe de la inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, que en el primer juicio del 2013 quedó absuelto. El ex general ya no puede presenciar a las audiencias y el juicio se dio a puertas cerradas hasta la reciente suspensión del proceso.
El Tribunal B de Mayor Riesgo –presidido por la jueza María Eugenia Castellanos– decidió trasladarse a Norte del Quiché para escuchar las declaraciones de los primeros testigos y testigas, ixiles y quichés, originarias de diferentes comunidades, aldeas y caseríos, supervivientes de los planes genocidas ejecutados entre 1982 y 1983 en la Región ixil. En particular hombres y mujeres ya muy mayores o en algunos casos con enfermedades graves, que no hubieran podido viajar hasta la capital para testificar o para los cuales el traslado hubiera supuesto demasiado esfuerzo.
El caso se concentraba en particular sobre el asesinato de 1.771 personas, entre ellos hombres, mujeres, niños y niñas, masacrados en la aldea de Chel y en otras cuatro comunidades de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal.
Por parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, estuvieron presentes las fiscales Paula Herrarte e Hilda Pineda. La Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro por la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) representan los querellantes por adhesión desde hace muchos años.
La preparación de los días del juicio en Nebaj fue muy intensa y en ella se involucraron muchas organizaciones locales de la región y otros grupos y colectivos que decidieron apoyar la coordinación de todas las actividades paralelas a las sesiones del juicio.
Para acompañar y transmitir fuerza y valor a los testigos y testigas y a sus familiares, que una vez más volvieron a declarar y a recordar hechos muy trágicos y extremadamente dolorosos, se eligió un tramo de la calle principal del pueblo, a pocos metros del Ministerio Público, como espacio público colectivo donde realizar el evento y reunir a todas las familias y personas individuales que iban a manifestar su apoyo en los tres días del juicio.
La víspera del primer día de sesión, se realizó una gran ceremonia maya en el parque central de Nebaj con tres mujeres guías espirituales (Aj’q’iq) y fueron recordadas las mujeres, niñas y ancianas asesinadas durante el conflicto. También en este caso jóvenes, mujeres de diferentes generaciones, familias con niños y niñas pequeñas, se acercaron y quisieron participar en un momento tan importante para la historia de estos territorios y la vida del pueblo ixil.
Ana Laynez, guía espiritual ixil, explicó las razones de una ceremonia tan importante y los diferentes momentos rituales. Se explicaron además las energías de los veinte días del calendario en relación a los hechos pasados, a la situación presente, a la necesidad de seguir luchando para exigir justicia.
La participación a todas las actividades –desde el lunes hasta el jueves– fue masiva. Todos los días el espacio público en la calle principal del pueblo, donde se cortó el paso a todo tipo de vehículos, se llenaba de familiares de las personas que testificaron, de supervivientes de las prácticas genocidas, de integrantes de organizaciones históricas del área, de personas individuales o familias que se acercaron compartiendo este momento extremadamente intenso a nivel personal, familiar y comunitario. Llegaron muchas personas de aldeas y caseríos muy retirados, que tardaron varias horas para llegar hasta la cabecera municipal de Nebaj.
Muy amplia y animada fue la presencia de mujeres ancianas con flores y cruces que se hicieron presentes con sus seres queridos que perdieron la vida en su mayoría entre 1982 y 1983. Llegaron personas de los tres municipios –Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal– en donde se dieron la mayoría de las masacres de la región Ixil, más de 90 según el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), una zona en la que quedan aún por encontrarse muchas fosas clandestinas.
Hubo todas las mañanas sesiones de Batucada Ixil para empezar las actividades y también dos actuaciones teatrales de ‘Piccoletta’, muchas dinámicas con las personas presentes, debates, y una exposición callejera de fotos sobre los procesos de exhumaciones en diferentes comunidades: acciones e imágenes que también atrajeron por su fuerza muchas personas. El trabajo de coordinación entre organizaciones locales y las iniciativas de personas individuales fue imprescindible para construir conjuntamente un espacio cálido y amable de vida común de los tres días, de sentir común, entre emociones compartidas, lágrimas, risas, canciones, palabras, miradas y muchos abrazos.
La respuesta de militares y paramilitares
Al otro lado del Ministerio Público, al otro lado de esta comunidad, se agruparon personas de la zona movilizadas por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y por ex patrulleros de la PAC – Patrullas de Autodefensa Civil –responsables de un alto número de casos de violaciones de los derechos humanos y crímenes feroces en el período del conflicto armado–, que durante tres días se quedaron gritando insultos contra las querellantes del juicio, contra los jueces y el Ministerio Público, negando el delito de genocidio.
La presencia de ex coroneles y de ex comandantes de las PAC se hizo sentir ya a partir del domingo anterior a la reanudación del juicio. Hubo una actividad en el salón municipal organizada por ex militares y cientos de volantes fueron distribuidos en el pueblo –previo pago a los niños que lustran zapatos en el parque central– donde se afirmaba nuevamente la negación del delito de genocidio y la inocencia de todos los militares.
No faltaron por supuesto las acusaciones e insultos hacia las observadoras extranjeras que estuvieron presentes toda la semana en el pueblo, responsables –según ellos– de fomentar nuevamente conflictos y polarizaciones en el País.
Muy evidente fue también la presencia de más de 200 los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), antimotines y cuerpos especiales enviados de diferentes departamentos del país para la seguridad de los funcionarios públicos durante los días del juicio. Presencia que no pasó desapercibida por parte de la población local en un municipio y en un territorio ya fuertemente controlado y militarizado para proteger los intereses de muchas empresas nacionales y extranjeras que utilizan fuerzas de seguridad públicas y privadas para controlar a la población y seguir con prácticas sistemáticas de despojo y colonización interna finalizadas a la explotación de montañas, ríos o árboles.
En el Juzgado de Primera Instancia se recordó nuevamente lo vivido. Se volvió a nombrar el terror, a describir las acciones del ejército en el mismo lugar donde miles de personas perdieron la vida, sufrieron desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzoso, concentración de población en aldeas modelos.
Al final de los tres días de audiencias testificaron 13 de los 15 testigos previstos – dos no declararon porque estaban enfermos–. Volver a nombrar los mecanismos de la violencia en la misma tierra donde se ha nacido, donde quedan por encontrarse tantos seres queridos, tantas fosas clandestinas, dejó consecuencias importantes entre las personas presentes. Pero también contribuyó a que muchas supervivientes encontraran un espacio colectivo, transversal a las tantas organizaciones que desde hace años trabajan para la justicia y la memoria histórica en el país.
Los tres días de juicio en estas tierras terminaron. Y el juicio va a seguir en la capital.
Tres noches casi sin dormir. Tres días de sol, de calor, de ojos enormes, de rostros tensos, de encuentros, de reencuentros, de abrazos y de recuerdos. Tres días de lucha, tres días de duelo. Tres días, entre miles de días, nombrando la verdad, buscando nuestra justicia que quizás nunca va a caber en las aulas de tribunales. Tres días de dignidad, tres días de ritmos y música, tres días de valor, inquietud, lágrimas y alegrías. Tres días de memoria. Tres días de verdad para el mundo.
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