Más de una docena de empresas estadounidenses y europeas han estado importando madera de una empresa maderera cuyo propietario está implicado en una de las matanzas más brutales del Amazonas en la historia reciente, según una investigación de greenpeace.

Se sospecha que las compañías siguieron comerciando con Madeireira Cedro Arana después de que la policía acusase a su fundador, Valdelir Joao de Souza, de ordenar torturar y asesinar a nueve personas en Colniza, en el Estado de Mato Grosso, el 19 de abril, confirma el informe del equipo de investigación Unearthed de la ONG.

La Fiscalía alega que De Souza organizó los asesinatos para conseguir acceso a los bosques en los que vivían las víctimas, todos pequeños agricultores. Desde que se produjeron las acusaciones, el 15 de mayo, el sospechoso está desaparecido.

Durante este periodo, la empresa del fugitivo ha seguido vendiendo productos a firmas extranjeras. Los envíos han tenido como destino EEUU, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Canadá y Japón.

Greenpeace alega que estos envíos pueden violar la Ley Lacey de EEUU, la cual prohíbe el comercio con madera que viole cualquier legislación extranjera, y la regulación maderera de la UE, que obliga a las compañías a garantizar que “no exista más que un riesgo insignificante de que haya sido talada ilegalmente”.

Estas son las 12 empresas señaladas: Pine Products, Lacey Wood Products, Mid-State Lumber Corp, South Florida Lumber, Wood Brokerage International, Vogel Import & Export Nv, Delfin Germani Gmbh, Tiger Deck Llc, Global Timber, Cibm Centre Import Bois, Derlage Junior Hout y Global Gold Forest Lda Industries.

Incluso antes de la masacre de este año, el informe asegura que estas firmas debían haber dudado a la hora de hacer negocios con Madeireira Cedro Arana porque había acumulado alrededor de 150.000 euros de multas federales no pagadas por almacenar y comerciar con madera ilegal. También parece haber pruebas de fraude generalizado y asesinatos a defensores de los bosques en estados del Amazonas como el de Mato Grosso.

Greenpeace ha pedido a las autoridades europeas y estadounidenses que tengan en cuenta que la madera brasileña tiene un alto riesgo de haber sido extraída de fuentes ilegales, y por lo tanto se debería obligar a las empresas a ir más allá del papeleo oficial, llevando a cabo auditorías independientes sobre el terreno.