Por: Luis Gonzalo Segura
Estos días, el periodista Rubén Amón planteaba, con mucho acierto, las dificultades que conllevaría al Estado español llevar a la práctica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de declararse la independencia de Cataluña. Para ello, se basaba en la escasa estructura estatal catalana y la oposición generalizada que se encontraría. Por ejemplo, ya se está hablando de bajas médicas en determinados cuerpos o la resistencia explícita de otros.
Es en este momento cuando surgen una inmensidad de preguntas: ¿Sería posible administrar Cataluña sin que colapsara si una inmensa mayoría de funcionarios causase baja médica? ¿Si los ciudadanos se lanzan a las calles para protestar por quiénes les van a controlar? ¿Qué sucederá si los Mossos d’Esquadra se oponen de forma generalizada a los cuerpos policiales estatales cuando pretendan aplicar las medidas que se deriven del artículo 155? ¿Se enfrentarían con ellos los policías y los guardias civiles?
Obviamente, la incertidumbre es tan elevada como la amplísima variedad de preguntas que no tienen respuesta a día de hoy o la frivolidad y el desconocimiento de los que jaleaban la aplicación de ese ‘martillo’ llamado 155.
Si el artículo 155 es inaplicable o puede encontrar resistencia ciudadana, ¿cuál es el siguiente paso? Como explicaba en una publicación anterior, salvo conejo en la chistera o giro de última hora serían los artículos 116 y 8 de la Constitución: estado de sitio e intervención de las Fuerzas Armadas.
Ni que decir tiene, este escenario sería absolutamente apocalíptico por las imprevisibles consecuencias que se pudieran derivar, desde revueltas y protestas ciudadanas hasta un conflicto armado o una intervención internacional. Si sucediera, ¿tienen nuestras Fuerzas Armadas capacidad para intervenir militarmente Cataluña de forma efectiva?
Situación actual
En la actualidad, en Cataluña habría algo más de 30.000 agentes: unos 12.000 policías nacionales y guardias civiles desplegados desde el Estado español —a los que habría que sumar aquellos que se encuentran destinados allí— y unos 16.783 Mossos, según datos del Institut d’Estadística de Catalunya en 2016. Por tanto, podríamos calificar la situación como equilibrada en términos policiales. Sin tener en cuenta el apoyo ciudadano, ese equilibrio terminaría por hacer impracticable la imposición de la fuerza a corto plazo.
Ante la duda, solo habría que recordar lo imposible que resultó cumplir la misión encomendada el 1-O o las lamentables condiciones en las que se encuentran desplegados los agentes, con el consiguiente desgaste psicológico y físico que están sufriendo a medida que pasan los días.
Así pues, sería en ese momento cuando la intervención militar pretendería desequilibrar la balanza hacia el Estado español. Eso es, al menos, lo que sostienen los altos mandos militares, tal y como se podía leer recientemente en ” EL País”: “Si se produjera una escalada de violencia que desbordara a las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército tendría que hacer valer su superioridad”. ¿Es posible? ¿Realmente las Fuerzas Armadas de España podrían hacer valer su superioridad?
Intervención militar
Intentemos profundizar en una cuestión fundamental para acometer la intervención militar en Cataluña: el número de efectivos. Redondeando, nuestras Fuerzas Armadas disponen de algo más de 70.000 militares de tropa y unos 50.000 oficiales y suboficiales. A tenor de las cifras anteriores, se puede constatar una alarmante macrocefalia o excedente de cuadros de mando.
Esto se agravaría todavía más al comprobar que, de los 70.000 militares de tropa, solo 41.000 son soldados. Es decir, solo un tercio del total de efectivos son soldados (en la Guardia Civil, más del 80 % de los componentes tienen el rango equivalente a soldado).
Por tanto, como la cúpula militar se ha preocupado durante las últimas décadas en asegurar el puesto de trabajo de sus vástagos —es más o menos similar que cuando teníamos casi 400.000 reclutas—, ahora el Ejército español tendría serias dificultades para desplegar soldados. Para más información, se puede consultar “El libro negro del Ejercito Español”.
Desgraciada o afortunadamente, según se mire, la situación sería todavía peor para el Estado español de lo que inicialmente las cifras podrían aparentar, ya que las mismas se verían mermadas por diferentes motivos.
En primer lugar, habría que tener en cuenta que entre 6.000 y 9.000 efectivos son desplegados fuera de nuestro territorio anualmente (3,000 en cada rotación). En segundo lugar, habría que considerar que los efectivos del Ejército del Aire y de la Armada, así como los cuerpos comunes, serían ineficaces en este escenario o no tendrían plena capacidad para intervenir en caso de ser necesario, más allá del control del espacio aéreo y la costa catalana. Estamos hablando de un total de 45.000 efectivos, que tendrían que ser restados al total de 120.000 militares. En tercer y último lugar, habría que tener en cuenta que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (unos 5.000) no deberían utilizarse, pues son indispensables o pueden serlo en cualquier momento.
Por tanto, España podría desplegar de forma óptima un máximo de 20.000 efectivos y, de forma extrema, unos 30.000 efectivos, siempre y cuando se conserven los compromisos internacionales, se mantengan unos mínimos de Defensa Nacional y no se disuelva la UME (en cuyo caso, podría aumentarse dicha cantidad). Dicho despliegue no sería inmediato —no existe capacidad para ello, salvo en una cantidad mínima— y, por otra parte, el coste económico sería elevadísimo. Además, de estos efectivos, solo un tercio serían soldados y, en muchos casos, no se trataría de militares de combate.
Cifras, a la vista está, que se antojan completamente insuficientes; tanto, que sería necesario un mayor despliegue de policías y guardias civiles, cuyo número es superior, aunque dichos efectivos realizan un trabajo diario para la ciudadanía que se vería interrumpido.
Conclusión: misión imposible
Siempre y cuando hubiera obediencia, dicha intervención podría dar resultado. Sin embargo, ante cualquier tipo de desobediencia, rebeldía o resistencia pacífica o violenta, para las Fuerzas Armadas no sería posible mantener el orden o, al menos, sería muy complejo.
Ello se debe a lo ya mencionado: el contexto actual, el amplio y complejo espacio territorial a controlar, el volumen de ciudadanos (más de siete millones) y su distribución geográfica, factores que harían que la enorme carencia numérica de efectivos para acometer dicho control militar hiciera, a buen seguro, fracasar la intervención.
Por tanto, España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa.
Sea como fuere, una intervención militar en Cataluña sería un abismo que espero que no se produzca jamás.
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