jaque a una gran potencia, poniendo en circulación en internet y por medio de un grupo selecto de
periódicos progresistas como el Guardian, El País, Le Monde, Der Spiegel,
miles de informes confidenciales y en algunos casos secretos, entre las
embajadas estadounidenses y su Departamento de Estado. En el otro caso,
varios ecologistas, liderados por Vandana Shiva, hindú; Alberto Acosta,
ecuatoriano; y Nnimmo Bassey, nigeriano, presentaron ante la Corte
Constitucional ecuatoriana una demanda contra la empresa inglesa British
Petroleum, por el enorme derrame que produjo una de sus plataformas en el
golfo de México, alegando que se afectaron los derechos de la naturaleza,
consagrados en la Constitución ecuatoriana.
La visibilidad de las dos demandas ha sido diferente, en la medida que lo
que hizo Assange provocó una reacción feroz de Estados Unidos que se vio de
pronto desvestido su operar diplomático: juicios y demandas sospechosas
contra el líder de Wikileaks, una ofensiva de control de daños por parte de
la diplomacia americana, presión sobre los canales de financiamiento, en fin
búsqueda de los mecanismos legales para extraditarlo a Estados Unidos. La de
Shiva y Acosta dependerá mucho del tratamiento que le dé la Corte
Constitucional ecuatoriana, en cuya decisión seguramente pesen, también,
inquietudes sobre las implicaciones de lo que ellos decidan sobre las
propias actividades extractivas del Estado ecuatoriano.
Pero el tema central que cruzan estos dos hechos es la capacidad que tienen
grupos e individuos organizados en forma global de sitiar los poderes
estatales nacionales y corporativos, utilizando para ello con creatividad
los medios a su alcance. En el primer caso, el de Wikileaks tiene que ver
con el derecho a la información que tienen los ciudadanos sobre lo que hacen
sus gobiernos en el ámbito de las relaciones internacionales y el derecho a
la comunicación que tienen los grupos en internet. Los informes y
correspondencia seguramente revelen algunas sorpresas, pero lo importante es
que ahora los ciudadanos tenemos derecho a conocer lo que los funcionarios
de gobierno hacen, incluyendo sus percepciones en el misterioso mundo de la
diplomacia. Es ante todo el secretismo de los estados nacionales que está en
juego. Por eso la reacción furibunda de Estados Unidos, solo comparable a la
de China, que atacó los servidores globales de internet para bloquear
cualquier información sobre el Premio Nobel de Paz Liu Xiaobo. Pero en el
fondo es el temor de los estados de revelar sus secretos y limitar los
derechos de información y prensa.
En el caso de la demanda sobre derechos de la naturaleza, la proposición es
simple y profunda: las personas necesitamos de la naturaleza para
sobrevivir, por lo que si no cuidamos de ella, asegurando la continuidad de
los ciclos de vida, estamos condenándonos como especie
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humana. La evidencia científica es contundente sobre el daño irreparable que
las actividades humanas están produciendo sobre el clima. De allí que
demandar a BP es un acto que pide a la empresa que suspenda ese tipo de
explotación riesgosa y no use dispersantes agresivos contra la naturaleza y
la vida. Es una demanda que se relaciona a la obligación humana de no
destruir el medio natural que nos sustenta.
Fuente: El Universo, 12.12.10 por Manuel Chiriboga, sociólogo ecuatoriano
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