Tal como una réplica de efecto incontrolable, el debate sobre el alza al impuesto específico a la actividad minera se ha abierto camino, a pesar de los empeños para silenciarlo, simplemente por el efecto gravitatorio de la necesidad de financiar la reconstrucción de los daños del terremoto del 27 de febrero, que el gobierno estableció en 30 mil millones de dólares; sin perjuicio de que estudios privados, como el de IM Trust, los sitúan en ocho mil millones.