Según publicó la versión digital del diario El Heraldo, el dirigente de Conadeh reaccionó de esa forma ante la denuncia del director de la Policía Nacional, José Ramírez, acerca de la presunta intención de miembros de ese cuerpo armado de asesinarlo.
Custodio recordó que recibió varias intimidaciones contra su vida y pidió que estas sean investigadas oportunamente porque de lo contrario prevalecerá «un terrorismo de otra naturaleza y los terroristas parecen ser otros».
Dijo que la población hondureña se encuentra en una constante zozobra ante la ola de violencia en el país, que cierra el 2011 con una tasa de homicidios superior a los 82 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas.
En ese contexto, el defensor de los derechos humanos había alertado sobre la implicación de policías en delitos de distinta naturaleza, lo cual se refleja en las nueve mil 216 denuncias recibidas en contra de efectivos, entre enero de 2005 y julio de 2011.
El ejercicio indebido del servidor público, malos tratos, negligencia, detenciones ilegales y torturas son algunas de las faltas por las cuales los ciudadanos critican a las autoridades del orden, señaló un informe de Conadeh, divulgado a finales de noviembre último.
Custodio afirmó que los policías hondureños tienen licencia para robar, matar y extorsionar y no se puede hacer nada porque en su opinión los mandos superiores practican la impunidad, encubrimiento y otros delitos.
De otra parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, aseguró que el presidente Porfirio Lobo y otros funcionarios están defraudados al conocer las verdaderas cifras sobre la violencia en la nación centroamericana.
Castellanos pidió hace varias semanas la intervención de la Policía Nacional con ayuda internacional al considerar que la institución castrense se halla en un estado de calamidad, por lo cual urgió la aplicación de reformas en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
El clímax de la situación se alcanzó el 22 de octubre, cuando dos jóvenes universitarios (uno de ellos, hijo de Castellanos) fueron asesinados en Tegucigalpa, un hecho que consternó a la sociedad hondureña, y en el cual están implicados ocho uniformados.
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