El cuartico está igualito en cuanto a las estructuras de poder que intentó cambiar con reformas moderadas el presidente Manuel Zelaya. Sigue el mangoneo de Estados Unidos y la oligarquía sobre el destino de la economía y la política, continúan los mismos jefes militares y policíacos millonarios, asesinos y violadores de los derechos humanos, los mismos fiscales y magistrados cómplices y apologistas del golpe, los mismos diputados dóciles a los dueños del país, aunque algunos nombres cambien. Siguen en pie las mismas instituciones y el personal político que gestaron el golpe, han mantenido a una mayoría marginada por siglos, fueron las organizadoras del espurio proceso electoral e invistieron a espaldas del pueblo al nuevo encargado de despachar en la Casa de Gobierno. No importa si se llama Roberto o Porfirio el empleado de la oligarquía designado para esa función, lo sustantivo es que continúa incólume la dictadura colectiva de aquella como ha escrito en la página web Alai el activista Ricardo Salgado, del Frente Popular de Resistencia (FPR), anteriormente Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe. Esa dictadura oligárquica es propietaria de los medios de difusión que ponen en sus manos un arma estratégica de despolitización y embrutecimiento de las clases medias bajas y de los pobres, sobre todo a través de la tele.
El flamante «presidente» Porfirio Lobo no podría haber llegado siquiera a candidato sin la bendición del grupito de familias oligárquicas usufructuarias de las riquezas del país y, por supuesto, del alto mando del ejército, quienes previamente, claro, habrían «escuchado» la opinión de su dilecto amigo, el embajador de Estados Unidos quienquiera que fuese. En este caso se trata del bushista de origen cubano, allegado a la mafia de Miami y arquitecto del golpe, Hugo Llorens, con un voluminoso expediente en tareas de «seguridad nacional». Eso sí, lo que no tiene Lobo es apoyo popular ni por ahora reconocimiento internacional. En las dos Américas sólo Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica aceptaron la validez del proceso en que resultó «electo» aunque está en marcha una operación de lavado de imagen patrocinada por Washington y la internacional derechista con el propósito de extender al espurio «borrón y cuenta nueva» y «aquí no ha pasado nada». Al final se ve venir paulatinamente el reconocimiento del nuevo régimen por un buen número de gobiernos europeos, latinoamericanos y asiáticos excepto el pequeño grupo que mantiene una política exterior de principios.
Hacia allí apuntaba el acuerdo logrado en República Dominicana entre Lobo y el presidente Leonel Fernández mediante el que aquel se comprometió a extender al presidente Manuel Zelaya el salvoconducto para salir del país sin ser apresado por los esbirros de la oligarquía así como a un inventario de buenos deseos en cuanto al respeto de las libertades y los derechos humanos, demagógicas promesas de reconciliación y de gobierno de «unidad nacional». A ello añade la farisaica amnistía general por la que aboga, que mete en el mismo saco a los golpistas más connotados y represores del pueblo y a los defensores de la democracia y los derechos humanos. Ya se conoció el cínico sobreseimiento por la Corte Suprema de la causa abierta a los miembros de la cúpula castrense por expulsar a Zelaya del país.
Aunque en esencia las estructuras de poder continúen intactas, es evidente que se ha creado una situación nueva en cuanto a la imagen del régimen tanto en el plano interno como internacional. Mientras Micheletti se proyectaba como matón, Lobo intenta presentarse como persuasivo, dialogante y busca crear un equipo menos excluyente, lo que hace más difícil su desenmascaramiento ante el pueblo. La oligarquía se asustó mucho con la pujante y valiente movilización popular posterior al golpe y puede ensayar fórmulas para cooptar o intimidar a los elementos populares menos combativos y formados políticamente. Incluso puede tratar de arrebatar banderas al movimiento popular. La resistencia no debe confiarse pero tampoco subestimarse: ha logrado un admirable acumulado cultural y político entre las masas populares que le puede permitir batallar, avanzar y finalmente triunfar en las condiciones más difíciles para lograr la anhelada convocatoria de los pueblos a la Asamblea Constituyente y la refundación del país.
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