Las elecciones del pasado 25 de junio en Guatemala ratificaron la imagen de un país institucionalmente en ‘jaque mate’, prisionero de un sistema político-institucional profundamente corrupto y de un modelo económico neoliberal extractivista depredador, que han obligado a millones de guatemaltecos a sobrevivir en pobreza y miseria.

Un proceso electoral manoseado desde su comienzo por instituciones plegadas a los intereses de grupos fácticos y élites criollas, que arrasaron con la candidatura de quienes representaban una amenaza real para el estatus quo.

Entre otros, fue segado en sus aspiraciones el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), brazo político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), integrado por la lideresa indígena Thelma Cabrera y el ex procurador de derechos humanos Jordán Rodas.

Un proceso electoral insertado en un contexto de país con instituciones volcadas en la defensa de los intereses de las élites nacionales y el capital transnacional, con decenas de defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes perseguidos, con más de treinta jueces y fiscales obligados al exilio.

Un contexto de país militarizado, con territorios sumidos en un estado de excepción permanente, con militares cada vez más agresivos, defendiendo los intereses de compañías titulares de concesiones y proyectos extractivos.

Ganó la protesta

Ganador en la primera ronda electoral fue, indudablemente, el voto de protesta. El 17 por ciento de los votantes −un 60 por ciento del padrón electoral – anuló el voto y otro 7 por ciento dejó la papeleta en blanco.

Esto quiere decir que el 24 por ciento de quienes decidieron ir a las urnas avaló el llamado de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, en especial de organizaciones indígenas, de emitir un voto de protesta.

Si consideramos que los candidatos que quedaron en los dos primeros lugares, la ex primera dama Sandra Torres de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) y el catedrático y diputado Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, obtuvieron respectivamente un 16 y un 12 por ciento, resulta evidente el rechazo popular tanto a esta contienda electoral y a la política en general, como a la nueva y vieja derecha nacional y al conservadurismo, sin duda otros de los perdedores de estas elecciones.

Derecha derrotada

Salieron derrotados aquellos partidos que encarnan la corrupción y la represión, entre otros el oficialista Vamos y el Partido Visión con Valores (Valor), liderado por la hija del ex dictador y genocida Efraín Ríos Montt, relegados a un mísero 7,8 y 6,6 por ciento.

La otra cara de la moneda fue el sorpresivo resultado obtenido por Arévalo y el Movimiento Semilla, surgido en 2015 al calor de las protestas contra la corrupción gubernamental del entonces presidente Otto Pérez y su vice Roxana Baldetti.

Favorecido por la exclusión forzada de las pocas propuestas electorales antisistema, Arévalo logró atraer parte del voto de castigo y anticorrupción, sentando una imagen de propuesta progresista alejada de la política tradicional.

Sicarios institucionales

De confirmarse los resultados del 25 de junio, Torres y Arévalo se disputarían la presidencia del país el próximo 20 de agosto.

Gane quien gane, su gobierno se enfrentaría a un Congreso fuertemente dividido, funcional al poder fáctico, y pulverizado en una veintena de partidos.

Usar el condicional en el contexto electoral guatemalteco es casi obligatorio, ya que el resultado de la primera vuelta parece haber sacudido los miedos más profundos de las élites corruptas.

No sorprende, entonces que, inmediatamente después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) diera a conocer los resultados finales preliminares, partidos de derecha interpusieran varios recursos de amparo para obstaculizar la oficialización de dichos resultados.

Esto retrasó todo el proceso, generando incertidumbre y preocupación. Y como, al final, los magistrados no tuvieron otra opción que ratificar los resultados preliminares, fue necesario buscar otra solución.

Este 12 de julio, mientras el TSE oficializaba los resultados de la primera vuelta, un juez ordenaba la suspensión del Movimiento Semilla.

La medida respondería a una causa penal emprendida contra el partido de Arévalo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por el supuesto delito de falsificación de firmas e inscripción ilegal de personas a cambio de dinero.

Imposible no leer, detrás de esta medida, que violenta abiertamente la Ley Electoral que prohíbe suspender a un partido después de la convocatoria de una elección, la intención de los grupos fácticos guatemaltecos de deshacerse de un candidato incómodo.

Ya en horas de la tarde del miércoles último, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al Movimiento Semilla y el Tribunal Electoral ha pedido dejar sin efecto la orden del juez.

Las próximas horas definirán qué tanta desfachatez tiene el sistema nefasto guatemalteco para asegurar sus privilegios.