Por: Miguel Ángel Ferrer
México ya ha dado un gran primer paso para el establecimiento en un futuro cercano de la plena pensión universal.
Ya suman muchos millones las personas que reciben sin contraprestación alguna un ingreso económico por cuenta del Estado: adultos mayores, estudiantes e infantes con alguna discapacidad. Y se trata de cifras que tienden al alza, sobre todo en los dos primeros casos.
Cada día que pasa se incrementa el número de ancianos y de estudiantes. Pero, además, la filosofía que orienta la pensión universal implica otorgarla a infantes que aún no llegan a la edad escolar. Y se trata de muchos millones de seres humanos.
Frente a esta situación de crecimiento del padrón de beneficiarios no cabe argumentar carencia de recursos económicos. La experiencia mexicana de los últimos veinte años, pero más aún la del trienio 2018-2021, revela que la supuesta carencia o insuficiencia de recursos no ha sido obstáculo para cumplir cabalmente con este propósito.
Hasta ahora ha bastado con hacer que paguen sus impuestos aquellos que no los pagaban. Y también ha contado el cese del despilfarro en el sector público. Y lo mismo puede decirse del robo de los bienes de la nación por empleados de la nación. Y del taponamiento de las mil y una fugas del presupuesto público.
Es evidente y bien sabido que sigue habiendo despilfarro, robo y fugas por mala administración. De modo que la vía para la obtención de mayores recursos está a la vista. Y no sólo para hacer frente al crecimiento del padrón de beneficiarios de la pensión universal, sino incluso para incrementar el monto de las actuales asignaciones.
Como puede verse, el financiamiento de la pensión universal no es económico, sino ideológico. Acostumbrado a la cantaleta del no hay, al ciudadano le cuesta mucho trabajo entender y aprender que sí hay. Y que lo que debe llegar legítimamente a su bolsillo se encuentra ilegítimamente en otros bolsillos.
La experiencia mexicana demuestra y enseña que aquel obstáculo ideológico también puede ser vencido. Hoy, en México, el ciudadano considera a la pensión universal como un derecho. Un derecho que ni siquiera tiene que exigir, puesto que es de cumplimiento automático. Como las diversas vacunas. Y cual la educación y la salud públicas y gratuitas.
Y cuando en muchas sociedades del planeta se continúa discutiendo la bondad, pertinencia y posibilidades de aplicación de la pensión universal, en México ya es un hecho.
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