por: Blanche Petrich
Por haber ordenado, supervisado y permitido la destrucción parcial de un grupo étnico de Guatemala, el pueblo ixil, diezmado hasta en 5.5 por ciento de su población total (mil 771 indígenas) durante los 17 meses que gobernó de facto en 1982 y 1983, el general Efraín Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y violación a los deberes con la humanidad. En total, su sentencia suma 80 años de prisión.
Se ordena la inmediata detención por la naturaleza de los delitos y se ordena el ingreso directamente a prisión. Cuando la juez Yasmin Barrios, quien presidió la audiencia, terminó de leer la resolución de los magistrados, en la sala del tribunal primero de alto riesgo de Guatemala, se desató el pandemónium. Las primeras fotografías que empezaron a circular por Internet de la escena muestran a un Ríos Montt que se quita los audífonos, por primera vez sin la máscara de la sonrisa que exhibió a lo largo del juicio, el cual empezó el pasado 19 de marzo, con una mirada de desconcierto.
El muro de la impunidad en Guatemala, que padeció un conflicto armado de tres décadas con un registro de más de 200 mil muertes y ningún imputado hasta la fecha, había registrado una visible fractura.
Y más aún, en sus conclusiones, la magistrada adelantaba que este episodio, con toda su fuerza histórica, es apenas un primer capítulo. Dijo en el momento climático de su intervención: El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos. Al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz.
Acto seguido ordenó: El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos que se juzgan.
Y en ese momento, a casi dos horas de haberse iniciado la sesión final del juicio por genocidio, se soltó el pandemónium en la sala, que había sido abarrotada desde las primeras horas de la mañana. Centenares de indígenas de todas las etnias, activistas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, prensa, cineastas, políticos, diplomáticos y familiares, tanto de las víctimas en los años de la guerra como de los militares juzgados, prefirieron esperar horas dentro de la sala que perder su lugar y su oportunidad de vivir aquellos minutos.
¡Cordura, cordura!, pedía la juez. Una nube de periodistas bloqueaba la vista del acusado, quien acababa de ser sentenciado en un proceso judicial de dimensiones históricas. Ríos Montt es el primer ex jefe de Estado sentenciado por genocidio en Latinoamérica. Quizá en el mundo.
En la sala, entre el público que se movía agitado, gritaba de júbilo o, en el caso del sector que ocupaban los familiares y simpatizantes de Ríos Montt, proferían amenazas por lo bajo, se escucharon gritos de advertencia: ¡Se va, se fue!
La juez Barrios ordenaba: El señor acusado no puede abandonar la sala, sus abogados no pueden llevarse al imputado, sus escoltas no lo pueden sacar de la sala, porque la sentencia es en firme.
Acto seguido, la juez pidió que se llamara de inmediato a la comisaría de la policía más cercana para que se trasladaran de inmediato a la torre de tribunales para detener al general imputado de genocidio. Y ante la insistencia de la defensa de desacatar la orden judicial y sacar del lugar al atarantado militar, la juez tuvo que recurrir a una advertencia: Señores abogados, no obstruyan la acción de la justicia.
La escena, que se transmitió completa en los canales livestream de Internet que pusieron a disposición de los navegantes de todo el mundo las organizaciones querellantes, mostraba de manera sorprendente la fragilidad del sistema judicial del país centroamericano. La juez, ya con visos de desesperación ante la debacle que se anticipaba, pedía por el micrófono el auxilio de los integrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, ya que los elementos de seguridad del órgano judicial se habían hecho invisibles. Que hagan una valla para evitar que se vaya, hay que evitar una posible fuga. Nadie se lo puede llevar, que los agentes de seguridad controle las dos entradas, clamaba la juez.
Yasmin Barrios, presidenta del tribunal primero A de mayor riesgo, quien presidió la audienciaFoto Xinhua
Y a la prensa hiperactiva, que contribuía al caos, le pedía: Háganse para atrás, porque el acusado necesita aire para respirar.
Minutos después se recuperaba el control. La Policía Nacional ingresó al recinto y escoltó al general declarado culpable de genocidio hacia las patrullas que le esperaban en la calle. Y a bordo de una, en medio de un convoy con las sirenas abiertas, se lo llevaron. Preso, hacia el cuartel de Matamoros. Antes, Ríos Montt logró lanzar un par de declaraciones. Dijo que apelaría la sentencia y que todo era una farsa internacional.
Así, la sala se fue vaciando. Primero fueron desalojados los familiares y simpatizantes de Ríos Montt, del general José Mauricio Rodríguez, ex jefe de inteligencia militar, coacusado y absuelto en esta misma sesión, empujado en su silla de ruedas. Luego salieron los asistentes que acudieron en apoyo del Ministerio Público y a la parte querellante. Pero antes de que los indígenas salieran de la sala, sin gritos, bajando la cabeza, pronunciaron al unísono: «¡Tantixh! (gracias, en ixil). Desde la tribuna, la juez les envió un emocionado abrazo.
La sesión había iniciado a las cuatro de la tarde, cuando los ministros Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitimul ingresaron a la atiborrada sala del tribunal.
Acto seguido la juez hizo un apretado repaso, que le tomó cerca de dos horas, de los peritajes presentados por los querellantes, sobrevivientes de las masacres en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal en los 17 meses que gobernó Ríos Montt a principios de los 80.
Al efectuar el análisis doctrinario del delito de genocidio y confrontarlo con la prueba producida en el debate, con lo dicho por los hombres y las mujeres ixiles de la región, se comprobó hasta la saciedad que eran comunidades civiles dedicadas a la agricultura. Quedó comprobado en forma objetiva que la población del grupo ixil en las aldeas fue objeto de asesinatos, masacres, torturas, degradación, violaciones masivas, desplazamiento forzoso, traslado de niños de un grupo a otro. Los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención de la destrucción física del grupo ixil. Se produjeron delitos constitutivos del genocidio.
Para esta conclusión fue fundamental el análisis especializado de los planes operativos generados durante el régimen de Ríos Montt, el Plan Victoria 82, los planes Firmexza 82 y 83 y el Plan Operativo Sofía.
Según el perito Rodolfo Robles Espinosa, que analizó los documentos militares, el alto mando, ente éste Ríos Montt, tuvo el dominio del hecho y podían detener los ataques a la población civil de sus subordinados. El Estado avaló la existencia del enemigo interno, existiendo operaciones de combate, planificación y control. Demostró la responsabilidad del jefe de la organización.
Por lo tanto, concluyeron los juzgadores, el acusado tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder de evitar su perpetración.
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