América Latina: Sobornos afectan a población más vulnerable

El soborno es la manera más habitual que tienen las personas en América Latina y el Caribe para tener acceso a servicios básicos a los que tienen derecho. Según el informe “Las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe”, publicado el 9 de octubre por Transparencia Internacional (TI), los servicios públicos de salud y educación son los que tienen el más alto índice de sobornos. Al menos una de cada cinco personas pagó sobornos para recibir la atención requerida en ambos casos.

El informe, que forma parte de la serie Barómetro Global de la Corrupción, se elaboró a partir de encuestas realizadas entre mayo y diciembre del 2016 a más de 22,000 ciudadanos en 20 países de América Latina y el Caribe.

“El soborno es una experiencia demasiado habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos”, sostiene TI. “Calculamos que, en los 20 países sondeados, más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta lo que equivale a casi una de cada tres de las personas que acceden a estos servicios”, que incluyen hospital público, escuela pública, gestión de documento de identidad, policía, servicios públicos de agua y electricidad, y tribunales.

México y República Dominicana son los países donde se pagaron más sobornos, seguidos por Perú, Venezuela y Panamá, asegura el informe.

José Ugaz, presidente de TI, manifestó que la población latinoamericana y caribeña está “siendo defraudada” por “sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”.

Ugaz mencionó el caso Lava Jato —los millonarios sobornos pagados por empresas constructoras brasileñas a altos funcionarios públicos en Brasil y en numerosos países de la región a cambio de la aprobación de megaproyectos de construcción—, “que causó tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos claves, en especial a sectores más vulnerables”.

Las recomendaciones a los gobiernos formuladas por TI para reducir los sobornos en los servicios públicos incluyen asegurar que las tarifas oficiales se exhiban públicamente de manera clara, optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios, invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan solicitar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos, y asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios y su nivel de satisfacción como usuarios.

“Reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, y combatirla eficazmente fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades, y la erradicación de la pobreza global”, precisó TI. —Noticias Aliadas.