Por: Eric Nepomuceno
Surgieron nuevas pistas, bastante claras, de que la novela que involucra al ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro tendrá muy pronto nuevos capítulos. La duración de todo eso, así como el desenlace, siguen envueltos en un pesado misterio, pero ya quedó claro que la situación del presidente no es exactamente cómoda.
Frente a la acusación lanzada por Sergio Moro, quien renunció de manera estrepitosa al ministerio de Justicia el pasado 24 de abril, de que Bolsonaro pretendía intervenir en la dirección de la Policía Federal de Río de Janeiro para impedir que se investigue eventuales delitos en que estarían involucrados sus tres hijos que actúan en la política, el Supremo Tribunal Federal determinó la apertura de una investigación.
Por tal razón fue exhibido el martes, de manera reservada, un video grabado en la reunión ministerial que precipitó la renuncia de Moro. En esa reunión Bolsonaro explicitó claramente que quería defender a sus hijos.
Este miércoles prestaron declaración a la Policía Federal los tres generales que ocupan despachos en el palacio presidencial: Augusto Heleno, ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Walter Braga Netto, de la Casa Civil, y el único en actividad, Luis Ramos, de la secretaría general de la Presidencia. Lo natural era que los tres confirmasen las declaraciones de Bolsonaro, en el sentido de no haber mencionado específicamente a la Policía Federal en la polémica reunión ministerial.
Pero Luis Ramos esquivó la partitura, e hizo sonar clarines de alarma, al decir que aunque no hubiera una referencia directa a la delegación de la PF en Río, quedó claro que de eso se trataba. Bolsonaro dijo después que su ministro se equivocó. E insistió con que no hubo mención alguna a la Policía Federal.
Pero el general ministro ya lo había dicho. Además, el ultraderechista insiste en decir que al referirse a proteger a sus hijos (textualmente, acorde a quienes vieron el vídeo, dijo que no permitiría que «jodan a mis hijos») quería decir protección de seguridad.
Ocurre que el tema de la seguridad de la familia presidencial está en manos del Gabinete de Seguridad Institucional, y no de la Policía Federal. Que, a propósito, no está investigando en Río directamente al trío de hijos presidenciales, pero sí a crímenes cometidos por gente muy cercana a la familia Bolsonaro.
No se sabe si la Corte Suprema autorizará la divulgación pública del vídeo grabado en la reunión. Tampoco se conoce, en su totalidad, el contenido de las declaraciones de los tres generales ministros a la Policía Federal. Pero lo que se filtró a la prensa hasta ahora es muy comprometedor. Por eso, Bolsonaro muestra una evidente irritación en sus parcas declaraciones a la prensa, asegurando que no teme ninguna investigación.
Sumado a todo esto, cada día se hace más evidente la falta de coordinación interna de un gobierno totalmente desfigurado. Mientras el presidente insiste en exigir la suspensión de todas las medidas restrictivas de circulación, y vuelve a martillar la tecla de los beneficios seguros de la cloronaquina como remedio milagroso contra el covid-19, su nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, dice lo contrario.
Bolsonaro decretó como «actividades esenciales» gimnasios y peluquerías. Los gobernadores, en su inmensa mayoría, dijeron –amparados, a propósito, por una determinación de la Corte Suprema– que les toca a ellos determinar qué abre y qué no. Y que peluqueros, peluqueras y gimnasios no son esenciales en tiempos de una pandemia que ya mató a 13.149 brasileños e infectó a 188.974. Es importante reiterar que los datos oficiales no son totalmente fiables, dado que hay más de un centenar y medio de miles de exámenes cuyos resultados todavía no fueron confirmados.
El miércoles por la mañana Bolsonaro fue vehemente en exigir por enésima vez la «vuelta al trabajo y a la normalidad». Por la tarde se supo que en 24 horas murieron 749 personas. Más de 31 por hora. Cuestionado sobre la decisión de gobernadores y alcaldes de no cumplir lo que determinó su decreto, Bolsonaro fue enigmático.
Dijo que la negativa podría significar «la retomada del autoritarismo». No aclaró si se refería a la posición de gobernadores y alcaldes, que sería autoritaria, o si el rechazo a obedecer a su decreto podría motivar un avance más del gobierno nacional rumbo al autoritarismo.
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