Por: Ociel Alí López
Si hay un tema álgido para el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, con relación a América Latina, es el de las sanciones a Venezuela.
La región ha cambiado mucho desde que buena parte del gabinete entrante, como Janet Yellen, la nueva secretaria de Tesoro y Antony Blinken, el nuevo secretario de Estado, así como el propio Biden (entre muchos otros), dejaran sus cargos una vez culminada la gestión Obama.
Para aquel entonces, los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México generaban un sólido sistema de alianzas en torno al gobierno norteamericano.
A partir de allí, si bien el péndulo se abalanzó hacia la derecha en Argentina, Brasil y Ecuador, rápidamente devolvió su giro y hoy todos son gobiernos débiles o ya han cambiado su signo político. Mauricio Macri fue desplazado y el radicalismo del presidente Jair Bolsonaro comienza a verse mucho más impertinente una vez que Trump sale de juego. Chile es otro país después del estallido social, y Colombia ya no es una cabeza de playa estable. Ocurre algo tan inédito como que en México gobierna la izquierda. Y Perú es una quimera que en abril va a elecciones.
En medio del maremágnum regional, Venezuela es objeto de unas severas sanciones económicas aplicadas por el Departamento del Tesoro durante la gestión del presidente Donald Trump, que terminaron de liquidar una economía que ya estaba caotizada.
Dichas sanciones son la parte más hiriente de la estrategia del gobierno republicano hacia Venezuela, acompañada casi unánimemente por los gobiernos de América Latina y Europa.
Cambios en la región
Los gobiernos progresistas de México y Argentina se han interesado mucho por adoptar una posición distinta al Grupo de Lima, una coalición cuyo objetivo era exclusivamente derrocar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, y que respaldó las políticas del gobierno de Trump de cercar financieramente al país suramericano, independientemente del impacto que tendría en la población civil.
Este grupo fue muy activo y avivó los intentos de intervenir Venezuela por varias vías. Incluyendo el respaldo al frustrado golpe militar del 30 de abril de 2019, que Juan Guaidó y Leopoldo López dirigieron de manera pública, apoyados abiertamente por Elliot Abrams, el representante de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela.
Por su parte, la Unión Europea también cambió de rostros. Ya no son los tiempos de Federica Mogherini. A mediados de diciembre, Josep Borrell, el actual canciller europeo, planteó lo que era un tabú para el trumpismo latino: «Hay que volver a plantear una negociación entre las partes». Esto significa un cambio de dirección de su oficina.
Todo esto tendería la mesa para un giro político de la administración demócrata, aunque no se espera que haya una eliminación total de la política de sanciones.
La agencia Bloomberg publicó a mediados de diciembre una nota en la que se afirma que el equipo de Biden estaría preparando un escenario de diálogo con el gobierno de Maduro, y ubican la crisis en Venezuela como «el mayor desafío diplomático que enfrentará [el nuevo presidente] en el hemisferio Occidental».
Según un informe del Instituto de Las Américas de la Universidad de San Diego en California, un análisis realizado por Energy & Environment (E&E), habrá cambios importantes en la política estadounidense sobre Venezuela.
El equipo de Biden, casi el mismo que generó la declaración de «amenaza inusual» sobre Venezuela, tendrá que evaluar si va a mantener esta situación de asedio o buscará una salida electoral como la que logró la oposición en 2015, justo antes de la llegada de Trump.
En estas circunstancias internacionales, el equipo de Biden, casi el mismo que generó la declaración de «amenaza inusual» sobre Venezuela, tendrá que evaluar si va a mantener esta situación de asedio o buscará una salida electoral como la que logró la oposición en 2015, justo antes de la llegada de Trump.
Y tendrá que decidirlo ya porque el gabinete republicano dejó instalada una bomba de tiempo con el bloqueo al diésel, combustible imprescindible para el trasporte de personas y alimentos.
Sanciones al diésel
Los halcones han dejado inflamado el ‘patio trasero’ porque Venezuela es un tema difícil de resolver y que va a ganar centralidad en las relaciones de EE.UU. con América Latina. Y también con la Unión Europea. Es complicado, sobre todo, debido a la agresividad discursiva del lobby cubano y venezolano de Florida, un estado que se mantuvo trumpista en las presidenciales.
La evaluación que haga el equipo de asesores de Biden sobre la importancia de Florida como campo de batalla electoral impactará sobre la política hacia Venezuela. A decir verdad, los demócratas no necesitaron de Florida y es probable que ya estén dejando de darle tanta preponderancia como en las últimas elecciones.
La evaluación que haga el equipo de asesores de Biden sobre la importancia de Florida como campo de batalla electoral impactará sobre la política hacia Venezuela. A decir verdad, los demócratas no necesitaron de Florida y es probable que ya estén dejando de darle tanta preponderancia como en las últimas elecciones.
Pero antes de irse, el funcionariado republicano de la gestión saliente, específicamente Elliott Abrams, ha rociado con gasolina las relaciones, sacando al diésel de la lista de exenciones establecidas por el Departamento del Tesoro.
El diésel no estaba contemplado en la lista de sanciones y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) podía intercambiarlo por crudo. Esto ha cambiado según el anuncio de Abrams a finales de octubre, lo que evidentemente agravará la crisis económica en medio de una pandemia.
Pero ya nadie piensa que logre desestabilizar al gobierno de Maduro. El nivel de presión prebélica de 2017 y 2019, con llamado a invasiones, guerras civiles y levantamientos militares de una parte de la oposición venezolana ha cedido, mientras paralelamente el oficialismo ha avanzado en el control político nacional, sobre todo con el resultado de las parlamentarias, en las que la oposición perdió el único espacio que controlaba y que fue ganado contundentemente por el partido de gobierno.
Ya nadie piensa que EE.UU. logre desestabilizar al gobierno de Maduro. El nivel de presión prebélica de 2017 y 2019, con llamado a invasiones, guerras civiles y levantamientos militares de una parte de la oposición venezolana ha cedido, mientras paralelamente el oficialismo ha avanzado en el control político nacional.
En este escenario —como decíamos, muy diferente al del 2016—, la nueva Secretaria del Tesoro tendrá que decidir sobre este tipo de sanciones, apenas llegue al cargo.
Y más complicado aún, deberá decidir qué va a hacer con las empresas venezolanas como la petrolera Citgo, que fue cedida al interinato de Juan Guaidó por el gobierno de Trump, que concentró su política en las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro.
¿Dónde queda Guaidó?
Casi dos años después de su autojuramentación, el «interinato» de Guaidó es un cadáver político que nadie quiere cargar. Es posible que cuando los asesores del nuevo gobierno demócrata se pregunten cómo llegaron a ese nivel de simulacro, todos voltearan y verán a un exiliado venezolano, hijo de un diputado europeo del Partido Popular español, llamado Leopoldo López, quien les convenció de un escenario fantástico.
Lo que revelan los resultados de la consulta de Guaidó (o cómo esperar las líneas de Biden)
Pero nadie podrá olvidar tampoco el aplauso bipartidista que recibió Guaidó a comienzos de este 2020, en el discurso del Estado de la Unión de Trump. Así que, en lo que concierne a Venezuela, el saliente mandatario republicano tuvo un espaldarazo de los demócratas y estos tienen su cuota de responsabilidad.
Mucho se han recordado las palabras de Antony Blinken contra Maduro, en el que alababa la política de sanciones de Trump. Pero como secretario de Estado, y en un escenario nacional y regional muy diferente al de 2019 cuando lo dijo, deberá tomar decisiones estratégicas. Este funcionario estuvo muy cerca de los acuerdos con Irán en materia energética y operará en un gabinete acostumbrado a cohabitar con China.
Desde una perspectiva tradicionalmente demócrata, Venezuela es una frontera caliente que debería ser aplacada porque su inestabilidad económica genera problemas en la región, en momentos en los que el continente vive una convulsa situación, en paralelo a la crisis económica y sanitaria que ha traído la pandemia. Es muy difícil para la nueva gestión afrontar problemas geopolíticos si tiene el ‘patio trasero’ ardiendo.
Para ello, deberá comenzar por aclarar qué estatus le da a Guaidó y al funcionariado que este mantiene en la embajada venezolana en Washington.
Mucho que decidir en muy poco tiempo.
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