Este domingo, 21 de junio se desarrolla la segunda vuelta presidencial en Colombia. Unos comicios en los que la izquierda progresista llega con una desventaja de 3 puntos porcentuales y en los que la extrema derecha suma el apoyo en pleno del uribismo. Luego de obtener más de 10 millones de votos y de conseguir la adhesión de Paloma Valencia, que logró otro millón y medio de votos, los medios del establishment ya perfilan a Abelardo De La Espriella como el ganador de las elecciones. Sin embargo, en política electoral no hay cálculos ni transferencia de votos que valga: las posibilidades de expansión electoral de cada fuerza aún están en disputa y cada una jugó sus últimas cartas en estos días.

Este artículo propone un balance de la coyuntura política colombiana: en primer lugar, un breve repaso del ciclo político progresista, identificando sus principales apuestas en términos de reforma y sus límites político-estratégicos; luego, un análisis de la primera vuelta presidencial, estableciendo una comparación con las elecciones del 2022; y finalmente, algunas claves estratégicas de cara a la segunda vuelta y a un eventual gobierno progresista.

Cuatro años de reformismo y contrarreformismo

El triunfo de las fuerzas progresistas en 2022 marcó un punto de inflexión en la política colombiana no solo por romper con el dominio político-electoral de uribismo y el acuerdo de repartición de poder de la derecha, sino por establecer una agenda de transformaciones y reformas democráticas frente a la crisis del régimen político-económico, que tuvo como punto de quiebre la huelga de masas del año 2021. Algunos sectores de izquierda han interpretado esta salida reformista como una concesión de las clases dirigentes ante el resquebrajamiento del orden dominante, sin embargo, las tensiones surgidas a lo largo de estos cuatro años de gobierno muestran que las contradicciones fueron una cuestión objetiva: el Estado dejó de ser un simple campo instrumental desde el que se organizaba la dominación de clase para convertirse en un campo de disputa.

Estas transformaciones estatales se dieron tanto desde el punto de vista de la forma como del contenido. En cuanto al primero, el progresismo colombiano planteó, inicialmente, una estrategia de transformación afianzada en un «Acuerdo Nacional», en el que los pactos interpartidistas y la incorporación de operadores políticos en ministerios gestionaría la aprobación del programa de reformas. Esta estrategia partía de tres condiciones: lograr un consenso entre élites, darle suficiente margen de maniobra a los operadores políticos tradicionales para construir un arreglo entre fuerzas y confiar en la voluntad política de reformar el estado de cosas. Como era de esperarse, las fuerzas de derecha aprovecharían el Acuerdo Nacional no para avanzar en un programa mínimo de transformaciones, sino para sabotear el alcance y profundidad de las reformas propuestas en campaña.

Con el hundimiento de dos de sus reformas más significativas, el progresismo replanteó su estrategia de transformación, pasando de la idea de un «Acuerdo Nacional» a un mecanismo de negociación entre bancadas legislativas y gobierno. En un primer momento, el objetivo era lograr un acuerdo sobre la aprobación de las reformas mediante la concertación con jefes de partido y bloques legislativos; arreglo que se gestionaría no por medio de operadores, sino directamente a través de presidencia. Pese a que se desarrollaron algunos encuentros, los bloques parlamentarios traicionaron los acuerdos y continuaron saboteando las reformas.

Aunque este saboteo fue respondido con movilizaciones sociales, el progresismo siguió insistiendo en su estrategia de negociación legislativa. Una vez cae la concertación con jefes y bloques de partido, el gobierno pone en marcha una estrategia de negociación uno a uno con congresistas, en la que se establecían una serie de acuerdo con presidentes de comisión para que construyeran mayorías legislativas y obtuvieran los votos necesarios para la aprobación de las reformas en ámbitos más reducidos del Parlamento. Sin embargo, se volvería a caer en la trampa de la oposición: este mecanismo de negociación fue contrarrestado por una reorganización de la derecha, que pactaba acuerdos mínimos sobre las reformas en cámara baja (Cámara de Representantes), pero que eran archivadas una vez llegaban a las plenarias del Senado.

Hasta ese momento, la derecha le venía ganando la pulseada estratégica al gobierno. No fue sino hasta el hundimiento de la reforma laboral que el progresismo abandonó su estrategia parlamentaria e impulsó la vía constituyente y popular. Por medio de la Consulta Popular y mediante la participación ciudadana, se intentó refrendar la transformación del régimen de trabajo, estrategia que abría el camino para que el resto de las reformas fueran aprobadas, de manera extraparlamentaria, por el pueblo colombiano. Es decir, la Consulta Popular se había convertido en un instrumento mediante el cual el gobierno esperaba revalidar su legitimidad y destrabar el estado de inmovilidad de las reformas. No obstante, la oposición decidió «revivir» la reforma laboral para no correr con el costo político que implicaba la Consulta Popular y el Gobierno terminó desistiendo de la iniciativa, tras una serie de presiones de las Altas Cortes.

Así, el progresismo fue quedando encerrado en un escenario de bloqueo legislativo y contención judicial. Pero las transformaciones estatales no se jugaron solo en términos de la forma y la estrategia de aprobación de las reformas, sino también en su contenido. Las cinco grandes iniciativas (reforma tributaria, reforma pensional, reforma laboral, reforma a la salud y reforma al sistema de educación superior) compartían un componente profundamente antineoliberal. En el caso de las reformas pensional, de salud y del sistema de educación superior buscaban eliminar uno de los patrones de selectividad estratégica del régimen neoliberal de los noventa: la intermediación financiera en los sistemas públicos de atención y protección social.

Estas tres reformas apuntaban a eliminar o disminuir el grado de control de operadores privados en el manejo de recursos y en la prestación de servicios públicos. Tanto la pensional como la de salud reducían el margen de administración de los Fondos Privados de Pensiones y la Entidades Promotoras de Salud, reestableciendo un predominio público; mientras que la reforma a la educación superior rompía con el esquema de financiamiento a la demanda y el sobregiro a universidades privadas. La reforma tributaria, por su parte, intentó en un inicio modificar el régimen fiscal, tratando de revertir una estructura profundamente regresiva, basada en gravar con impuestos el consumo de las clases populares, apuntando a una sustentada en un principio de progresividad de impuestos al segmento social más adinerado.

En el plano estratégico, el progresismo transitó de los acuerdos entre élites hacia mecanismos de concertación legislativa más focalizados, para finalmente intentar una salida de carácter plebiscitario y popular; mientras que en el plano programático, impulsó un programa de reformas orientado a desmontar algunos de los engranajes institucionales del neoliberalismo. Sin embargo, la convergencia entre bloqueo legislativo y la creciente intervención de las Altas Cortes configuró un escenario de contención institucional que limitó la capacidad de transformación estructural del proyecto progresista.

Aunque el gobierno logró introducir modificaciones importantes en la orientación del Estado y consiguió abrir un horizonte de disputa sobre el modelo de desarrollo, la transformación del régimen de acumulación y la transformación de los sistemas de protección social, la imposibilidad de consolidar una correlación de fuerzas impidió que estas transformaciones alcanzaran una profundidad suficiente para inaugurar un nuevo ciclo estatal. Más que una derrota del reformismo, el balance de estos cuatro años muestra los límites estructurales que enfrenta todo proceso de democratización estatal cuando las clases dominantes conservan posiciones estratégicas en los principales espacios de representación y control institucional.

La ventaja mínima de la derecha y el replanteamiento estratégico de la izquierda

Bajo ese contexto de cierre legislativo y de contención judicial el progresismo llegó a las elecciones presidenciales del mes de mayo. En los resultados de primera vuelta, Abelardo De La Espriella toma una ventaja de poco menos de 3 puntos porcentuales sobre Iván Cepeda que, sumados a los votos de Paloma Valencia, le otorgaríanel triunfo en esta segunda vuelta. El calculo detrás de este tipo de afirmaciones es que, con la adhesión de Paloma Valencia, que representa el 6% de la votación general de primera vuelta, la victoria de la extrema derecha sería irreversible.

Sin embargo, los resultados de primera vuelta nos dejan, más bien, en una situación relativamente similar a la del 2022. En ese momento, los dos candidatos de derecha, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, obtuvieron 28% y 23% en primera vuelta, sumando en total 52.6%, mientras que Gustavo Petro apenas obtenía el 40%, dejándolo, en teoría, sin posibilidades de victoria en segunda vuelta. Por aquel tiempo, no faltaron tampoco los discursos derrotistas de algunos analistas de izquierda: el cálculo era que, reuniendo la votación de la derecha en segunda vuelta, se sobrepasaría de manera cómoda la victoria del progresismo en primera.

Pese a tanto anuncio de derrota, la situación político-electoral dio un giro en la última semana de campaña: si bien la derecha creció en la segunda vuelta, fue la izquierda quien obtuvo el mayor margen de crecimiento electoral, pasando de 8 millones de votos en primera a un poco más de 11 millones en segunda, quedándose, así, con el triunfo presidencial. Para el 2022, los analistas expertos en transferencia y sumas de votos olvidaron un factor clave de toda segunda vuelta presidencial: la ampliación de la masa de votantes. En contextos en los que se decide en torno a dos propuestas de país, el número de votantes crece y, por lo tanto, se amplía el margen de expansión de cada candidato.

En ese marco, el progresismo superó todo pronóstico sobre el traslado de votos de la derecha, logrando incluso arrebatarle una fracción de su base social-electoral. El cálculo de transferencia de votos tiene que ver más con el contexto, la situación política y el estado de ánimo de las masas populares que con una regla fija del sistema electoral. Los resultados del pasado mes de mayo nos dejan en una situación similar: Iván Cepeda cuenta, hasta el momento, con el 40.91% de la votación, mientras que Abelardo De La Espriella lo supera con un 43.73%, que, sumado al 6.92% de Paloma Valencia, lo dejaría sin margen de posibilidad. Pero la diferencia en esta ocasión es que un candidato de la extrema derecha absorbió la mayoría de la base electoral de la oposición y el uribismo bajo una propuesta de patriotismo reaccionario.

Justamente, por este tipo de situaciones políticas «imprevisibles» es que el juego de sumas y cálculos electorales resulta poco práctico e inclusive errático para el análisis de coyuntura: antes que decir que la suerte está echada para Iván Cepeda, hay que considerar que una parte importante del voto por Paloma Valencia es un voto centrista arrastrado por su vicepresidente Juan Daniel Oviedo, quien, después de conocerse los resultados y de ratificarse la adhesión de Valencia a De La Espriella, se desmarcó de esa candidatura, acusándolo de machista y homofóbico. Esta reacción, en la que Oviedo procura guardar una base electoral de cara a las regionales del 2027, puede generar que esa supuesto transferencia de votos de Valencia a De La Espriella no sea tan armónica como se cree.

En este escenario, están en disputa más de 3.5 millones de votos, si se tienen en cuenta los resultados obtenidos por los sectores de centro (Sergio Fajardo y Claudia López), a lo que debemos sumar el efecto de ampliación de la masa de votantes que generalmente acompaña a la segunda vuelta. Esta cifra de ninguna manera demuestra que el resultado está dado a favor de la derecha, sino que, por el contrario, deja abierta la cancha y pone a Colombia en un escenario de disputa en el que la diferencia mínima entre Cepeda y De La Espriella (que es apenas de 600 mil votos) puede empezar a recortarse en beneficio del progresismo. ¿De qué depende? De la capacidad política de Iván Cepeda a la hora de articular con sectores democráticos que ven en Abelardo De La Espriella una amenaza a la institucionalidad democrática.

Otra clave estratégica para revertir el resultado del 31 de mayo está en Bogotá y en la Costa Caribe: allí, la diferencia obtenida por Cepeda respecto a De La Espriella fue menor de la esperada, con apenas un poco más de 150 mil votos en la Capital de la República. Un aspecto importante en ese sentido es el hecho dse que tres de los candidatos perdedores, que tienen un peso y una influencia importante en Bogotá, han declarado que no apoyarán la candidatura de De La Espriella, por considerarlo una amenaza para el régimen democrático. Esto podría servir para hablarle a esa base electoral, mostrando que, ante dicha amenaza, los sectores democráticos del país deben construir un frente por la vida, por la democracia y la justicia, cerrando filas y creando un cordón sanitario contra el autoritarismo neoliberal.

Desde luego, es necesario reevaluar y corregir aspectos puntuales de la campaña, sobre todo aquellos relacionados con la estrategia electoral, algunos puntos programáticos y la forma en la que se pretende conectar con el pueblo y conquistar el voto abstencionista. Pero de ningún modo estos reparos puntuales pueden llevarnos a considerar que el gran derrotado de la jornada fue Iván Cepeda y que el progresismo agotó sus posibilidades de triunfo en segunda vuelta. Veamos algunas consideraciones al respecto.

Reconquistar al pueblo y reactivar el campo popular

Luego de mencionar algunas de las posibilidades de expansión electoral de la izquierda progresista, es importante hacer un balance político-estratégico respecto de esta segunda vuelta. En primer lugar, y

sin decir que Cepeda está derrotado, se debe reconocer que el gran ganador de la primera jornada electoral fue De La Espriella. El progresismo, por su parte, logró superar por más de un millón de votos el resultado obtenido por Gustavo Petro en la primera vuelta del 2022 y, lo más importante, cuenta aún con un margen de maniobra, flexibilidad ideológica y expansión electoral del que carece la extrema derecha. Esta última difícilmente pueda moderarse y capturar el voto centrista, ha jugado sus cartas y a fuerza de ataques misóginos, homofóbicos y sectarios ha ido apartando las posibilidades de dicha articulación.

En ese contexto, los resultados de la segunda vuelta dependerán, en gran medida, del replanteamiento estratégico de la campaña de Iván Cepeda Presidente tanto a la hora de desmarcarse de los límites del progresismo como de recuperar sus elementos programáticos más significativos. A lo largo de estas últimas semanas, se dieron avances en ese sentido: se fortaleció una imagen de campaña más allá de la marca electoral del Pacto Histórico, se establecieron alianzas con otros sectores democrático, principalmente de centro, para contener la amenaza neofascista de De La Espriella y se asumió la dirección política de ese frente por la democracia y contra el autoritarismo.

Otro aspecto de este replanteamiento estratégico consistió en reconocer y corregir los errores de la campaña en primera vuelta: principalmente la falta de conexión de Cepeda con las bases sociales y populares del progresismo y la reconquista del voto del campo popular. Tal como ocurrió en el 2022, solo la organización y movilización del pueblo puede darle una vuelta a los cálculos y pronósticos del establecimiento. Esa reconexión popular es fundamental para revertir el resultado, pero sobre todo para insistir que el Pacto Histórico nace como un proyecto político anti-neoliberal, que resguarda a los más débiles y aspira a la conformación de un bloque nacional-popular de izquierda.

En ese sentido, sería equivocado asumir, sin más, que el uribismo ha salido derrotado, que no constituye un actor determinante de esta contienda electoral y que atravesamos por un ciclo de renovación de las derechas. Es prematuro confirmar este tipo de análisis sólo en base a resultados electorales. De lo que se trata, más bien, es de comprender que este nuevo ciclo político se caracteriza por la consolidación de un programa reformista que, al mismo tiempo, coexiste con la emergencia de una derecha libertariana que combina neoliberalismo securitista con una agenda ultraconservadora en materia de libertades individuales.

Este proceso de reordenamiento interno de las derechas, en el que un nuevo sector busca asegurarse la dirección del proyecto, no representa ni la consolidación de un nuevo bloque de derecha ni el decaimiento total del uribismo tradicional (que además, pese a ser derrotado en presidenciales, logró un importante triunfo en legislativas). A pesar de que se estén desarrollando contradicciones y disputas internas entre las distintas facciones de la derecha, todos los sectores en pugna comparten un programa común alrededor de la defensa de los intereses de las élites terratenientes, financieras y criminales. A De La Espriella se le ha desestabilizado, en ese sentido, su apuesta de «outsider» y defensor del orden dominante.

Un antecedente fallido de lo anterior lo encontramos en Rodolfo Hernández, quien intentó, en base a un discurso anticorrupción, gestionar los límites y la crisis del modelo neoliberal. Al final, las contradicciones terminaron por desbordarlo y desenmascararlo ante las masas populares que tenían en él una expectativa de cambio. En caso de perder en segunda vuelta, lo más seguro es que el fenómeno del «Tigre» desaparezca, tal como ocurrió con Rodolfo Hernández, quien luego no desempeñó ningún papel de oposición Esto sin mencionar las dificultades programáticas que tendrá un eventual gobierno de Abelardo De La Espriella a la hora de construir un proyecto político y un horizonte económico alternativo al que ofrece el uribismo, más allá de sus discursos ultraconservadores, securitistas y anti-derechos.

La segunda vuelta presidencial no enfrenta únicamente a dos candidatos, sino a dos respuestas distintas frente al ciclo de transición que vive el país. De un lado, una salida reaccionaria que busca administrar los malestares sociales mediante el autoritarismo, el securitismo y la restricción de derechos; del otro, un proyecto reformista que, con todos sus límites y contradicciones, continúa apostando por ampliar la democracia, fortalecer los sistemas de protección social y disputar el rumbo del desarrollo nacional.

La posibilidad de revertir la ventaja obtenida por De La Espriella depende de la capacidad del progresismo para reconstruir su vínculo con el campo popular, articular un amplio frente democrático y convertir la defensa de las conquistas alcanzadas en una nueva esperanza de transformación. La elección de este domingo sigue abierta y su resultado no está dado de antemano. Será la capacidad de organización, movilización y acumulación política del campo popular la que determine si Colombia retorna al embrujo autoritario de comienzo de siglo o si profundiza el ciclo de transición democrática iniciado en 2022.