Por: Alfonso Insuasty Rodríguez
Documentos del National Security Archive revelan que los vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares y narcos eran conocidos por Estados Unidos, que optó por protegerlo. Este blindaje permitió la captura del Estado y el despojo del pueblo colombiano.
Diversos estudios, archivos desclasificados, investigaciones y testimonios judiciales han abordado la compleja y oscura trayectoria del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, marcada por múltiples señalamientos de sus nexos con paramilitares, narcotraficantes, militares corruptos y redes criminales.
Centrándonos en los documentos del National Security Archive (NSA) y en reportes oficiales, queda en evidencia que estas relaciones eran conocidas en los más altos círculos de poder internacionales, especialmente en Estados Unidos, que por razones estratégicas decidieron sostenerlo y garantizar su impunidad.
Este blindaje político permitió la reorganización del Estado colombiano en favor de una élite criminal, con consecuencias devastadoras, despojo masivo de tierras, destrucción de sindicatos, persecución de líderes sociales y una reconfiguración institucional orientada a los intereses del capital transnacional.
Contexto y antecedentes
Las investigaciones y documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU publicados en 2020 y 2025 revelan que desde la década de 1990, durante su etapa como gobernador de Antioquia y posteriormente en la presidencia, Uribe mantuvo vínculos directos con estructuras paramilitares de las AUC.
Informes diplomáticos y de inteligencia (CIA y DIA) allí relacionados, lo señalaron incluso en su etapa de senador como “colaborador y amigo cercano de Pablo Escobar” y con nexos con los hermanos Ochoa Vásquez, del Cartel de Medellín. Pese a estos antecedentes, Washington decidió sostenerlo, privilegiando sus intereses en la región sobre cualquier consideración ética o jurídica.
La evidencia que hace público estos Archivo de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, muestra un patrón de complicidad que incluye:
Relación orgánica con paramilitares, como el Bloque Metro, responsables de masacres y desplazamientos.
Señalamientos de financiación de campañas con recursos del narcotráfico y control territorial armado.
Alianzas con sectores militares y policiales corruptos, quienes crearon estructuras clandestinas para asesinatos selectivos y persecución política.
Su proyecto de “seguridad democrática” consolidó un marco legal que blindó la impunidad, mientras favorecía a élites económicas y actores criminales.
Lo más revelador es que estos vínculos eran conocidos en Washington. Sin embargo, la administración estadounidense optó por la omisión calculada, su figura era funcional para el Plan Colombia y para mantener un orden regional que garantizara la lucha contrainsurgente, el control de rutas del narcotráfico y el acceso a recursos estratégicos.
De este modo, Uribe se convirtió en “aliado preferencial” pese a que su círculo cercano evidenciaba profundas conexiones criminales.
Ejemplos sobran, su hermano Santiago Uribe fue procesado por la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, hoy absuelto en primera instancia, un fallo poco creíble para las víctimas que siguen reclamando verdad y justicia; el excongresista Mario Uribe Escobar (su primo) fue condenado por vínculos con las AUC; y decenas de congresistas uribistas han sido procesados por la llamada “parapolítica”, que evidenció la infiltración paramilitar en el Estado.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia del Caso “Masacres de Ituango vs. Colombia” del 1 de julio de 2006 (Serie C No. 148), determinó que el Estado colombiano violó múltiples derechos humanos en los corregimientos de La Granja (1996) y El Aro (1997), al igual el asesinato del abogado Jesús Maria Valle, ordenando investigar la posible participación del entonces gobernador de Antioquia en los hechos. Fungía en tal cargo, en esa ápoca, Álvaro Uribe Vélez.
Este pronunciamiento no solo resitúa la impunidad como política de Estado, sino que también plantea preguntas urgentes sobre la verdadera dimensión de las relaciones entre el poder político regional y las estructuras paramilitares, y el rol que ha tenido el silencio institucional frente a estos crímenes.
La reciente condena (2025) a 7 empresarios de la multinacional Chiquita Brands por financiar grupos paramilitares que, da cuenta de hechos ocurridos en el Urabá antioqueño entre 1997-2005, dejando en evidencia pagos por más de 1.7 millones de dólares a estos grupos, hechos que gozaron de plena impunidad. Como bien lo resalta el abogado de las victimas Sebastian Felipe Escobar del colectivo José Alvear Restrepo, en ese entonces era gobernador de Antioquia y luego presidente Álvaro Uribe Vélez.
Diversas declaraciones de ex comandantes paramilitares, como Salvatore Mancuso, señalan conexiones directas y apoyo a la campaña presidencial de Álvaro Uribe y el despliegue de su política de “Seguridad democrática”.
Otro archivo desclasificado de la NSA (2024) arrojó nuevas luces sobre la magnitud del entramado criminal en las élites colombianas. En este documento, el expresidente Julio César Turbay Ayala (presidente de Colombia entre 1978-1982) figura en la lista negra elaborada durante el gobierno de Jimmy Carter en EEUU, donde se advertían las preocupaciones por sus nexos y los de varios funcionarios y militares de su época con estructuras del narcotráfico.
No es un detalle menor que en aquellos años el joven Álvaro Uribe Vélez, considerado entonces una promesa de la política nacional, ejerciera como director de la Aeronáutica Civil, puesto estratégico desde el cual se controlaban (y en muchos casos se facilitaban) las rutas aéreas que luego serían centrales en el auge del narcotráfico. ¿Se trataba, acaso, de una escuela que moldeó las redes de complicidad que más tarde se consolidarían en su proyecto político?.
Un mal estructural que pervive.
Estos hechos bien pueden evidenciar que no se trataba de relaciones aisladas, sino de una estructura de poder mafioso con legitimidad política.
El resultado de este entramado fue, y al parecer sigue siendo, la consolidación de un Estado híbrido entre lo legal y lo mafioso, que posibilitó el despojo de millones de hectáreas, el debilitamiento de los movimientos sociales y la destrucción de sindicatos.
Este proceso no solo profundizó la desigualdad, sino que creó un modelo de impunidad que se mantiene aún vigente.
El perfil de Álvaro Uribe Vélez revela una figura política indisolublemente ligada a redes delictivas que trascendieron su carrera personal para moldear la historia contemporánea de Colombia.
Estados Unidos, pese a conocer evidencias sobre estos vínculos, decidió sostenerlo, al parecer por conveniencia geopolítica, encubriendo y desviando la atención de los crímenes de sus aliados.
Hoy la pregunta es inevitable: ¿Qué significa para Colombia haber tenido un presidente señalado por la propia inteligencia estadounidense como cercano a carteles de droga? ¿Por qué Washington encubre a sus aliados, mientras despliega discursos de “guerra contra el narcotráfico”? ¿Es posible construir una paz transformadora mientras la verdad sobre estas alianzas criminales siga siendo negada y estas redes siguen ejerciendo espacios de poder real y simbólico?
Docente investigador Universitario. Integrante Grupo de Investigación Kavilando.
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