Colombia y en particular la población de los territorios sometidos por décadas al terror, recibe con esperanza los decretos del gobierno del presidente Petro que establecen un cese bilateral del fuego, desde el 1º de enero hasta el 30 de junio, entre la fuerza pública y cinco grupos armados que sumarían cerca de 10 mil combatientes de las guerrillas ELN, Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia, así como los grupos paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

Falta la respuesta del ELN, organización guerrillera que había anunciado un cese unilateral del fuego en todo el país con motivo del fin de año y que aclaró que entiende el decreto del gobierno como una propuesta para examinar en el siguiente ciclo de conversaciones: “La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto no existe ningún acuerdo en esa materia”. https://eln-voces.net/el-decreto-presidencial-sobre-cese-bilateral-es-una-propuesta-para-ser-examinada/

El cese bilateral del fuego y de las hostilidades será verificado por misiones de la ONU, la MAP-OEA, la Defensoría del Pueblo, y por las comunidades que padecen el conflicto en regiones como Urabá, Chocó, Córdoba, Catatumbo, Arauca, Cauca, Sur de Bolívar, Cesar, Bajo Cauca, Putumayo y toda la costa del Pacífico, desde Nariño hasta el Chocó, algunas de las cuales serán visitadas -en febrero próximo- por la XIX Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz.

El principal resultado esperable del cese al fuego bilateral y simultáneo es que permita avances en las conversaciones hacia el fin de la guerra, el respiro humanitario a las comunidades sitiadas y el descenso de la violencia social y política que deja más de 12 mil homicidios por año y 189 personas de la dirigencia social asesinadas con impunidad en el 2022.

La excarcelación y el nombramiento como “gestores de paz” de jóvenes de la “Primera línea” detenidos por participar en las movilizaciones multitudinarias de abril del 2022 contra la reforma tributaria de Duque, abre espacios para que la juventud incida -sin ser criminalizada- en la construcción de la paz en el país que heredan.

Los retos son enormes. Se trata de parar un conflicto armado interno de décadas, que amenazaba con convertirse en una guerra en el Caribe y el área andino-amazónica, con territorios en disputa por su interés para las mafias de narcotraficantes, las empresas mineras, los agronegocios y para el complejo industrial y militar de los Estados Unidos.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez da un paso audaz en el propósito de avanzar hacia la paz total. Detiene la guerra y se abre al diálogo, al acuerdo político y al sometimiento a la justicia. Millones de personas acompañamos esta esperanza de paz. —