Por: Luis Gonzalo Segura
El siglo XXI comienza a parecerse mucho a un ‘remake’ del siglo XX, con fascistas gobernando muchos países, incluso grandes potencias. Solo le falta el retorno a la lucha armada, aunque la tendencia en las últimas décadas se ha dirigido hacia la extinción de las organizaciones armadas como herramienta de transformación de la sociedad. Sin embargo, aunque en Colombia las FARC comenzaron a despejar ese camino —Acuerdo Final de Paz de 26 de septiembre de 2016–, acaba de anunciarse el retorno a la lucha armada.
De momento, minoritaria, algo más de un 10 % de los exguerrilleros, pues se estima que existen entre 1.800 y 2.100 guerrilleros disidentes en 23 organizaciones y desplegados en 85 municipios.
Iván Márquez —de nombre real Luciano Marín— junto a otros antiguos mandos de la guerrilla ha anunciado en un vídeo la decisión de retomar la lucha armada abandonada hace tres años tras los acuerdo de paz y establecer una nueva etapa. Esta decisión no se puede catalogar como sorpresa, pues el mismo Márquez ya afirmó en alguna ocasión que había sido un error entregar las armas. Las informaciones todavía son frágiles, la noticia todavía está caliente.
Iván Duque, el actual presidente, se ha manifestado tal y como cabría esperar. Por un lado, ha enviado mensajes positivos a los más de 10.000 guerrilleros que abandonaron la lucha y que no la han retomado, reiterándoles el compromiso del Gobierno en su rehabilitación civil, lo que tiene sentido en cuanto que es momento de mermar en lo máximo posible la reconstrucción de las FARC. Por otro lado, ha manifestado su intención de hacer correcciones a los pactos firmados. Promesas.
En contraposición a Márquez se encuentra Timochenko —Rodrigo Londoño—, antiguo jefe de las FARC y actual presidente del partido político que le ha dado continuidad — FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—, el cual se ha manifestado contrario a la lucha armada.
La irresponsabilidad de Álvaro Uribe y los incumplimientos gubernamentales
No son pocas las ocasiones en las que desde medios de comunicación y distintos poderes se reclama ‘altura de miras’ o ‘responsabilidad de Estado’, siendo precisamente desde esos sectores desde los que se cometen las mayores irresponsabilidades.
Una de las que pasará a la historia será la de Álvaro Uribe, opositor al Gobierno en 2016 y actual senador, cuando promovió el ‘no’ el 2 de octubre de 2016. Ello provocó que se produjeran varias modificaciones en el acuerdo pactado, entre ellas la exclusión de los militares de la Jurisdicción Especial de Paz o el nombramiento de jueces internacionales. Debido a ello, se tuvo que firmar un nuevo acuerdo, conocido como Acuerdo Final del Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016.
Mientras los guerrilleros cumplían con lo pactado y el 26 de junio de 2017 entregaron todas las armas con la verificación de la ONU, el Gobierno colombiano ya había incumplido varias condiciones, como los proyectos que podrían ayudar a la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros, y el Congreso había impedido el cumplimiento del Acuerdo Final aprobado al modificar una vez más la Jurisdicción Especial de Paz para excluir a los civiles.
El enfrentamiento en las FARC y el nuevo gobierno
La victoria de Iván Márquez sobre Timochenko en las FARC políticas, la detención del exguerrillero Santrich y la elección como nuevo presidente de Iván Duque, de la línea de Álvaro Uribe, como nuevo presidente cambiaron el escenario. Quizás para siempre. Iván Márquez no tomó posesión del cargo que le correspondía, desapareció y afirmó que había sido un error abandonar las armas. Iván Duque hizo todo lo posible por darle la razón al retrasar durante meses el comienzo de la Jurisdicción Especial de Paz.
Y además: más de 100 exguerrilleros y más de 500 líderes sociales asesinados desde 2016
También suele ser recurrente escuchar a miembros de múltiples gobiernos en el mundo afirmar aquello de «hechos aislados. En esencia, lo que se pretende es reducir un problema a la categoría de evento. Pero que se pretenda esto en Colombia, tras más de 100 exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz —134 según las FARC políticas y 115 según el Gobierno colombiano— y más de 500 líderes sociales ejecutados se antoja como mínimo arriesgado. En total, más de seiscientos cadáveres desde los acuerdos de paz en 2016.
Una nueva batalla de la guerra más antigua
Uno de los grandes problemas, actuales e históricos, a los que se enfrenta el ciudadano es la forma en que las élites incumplen los compromisos que adquieren mediante una serie de maniobras y artimañas que terminan preservando su poder, pero perjudican notablemente a la mayoría de la ciudadanía. Pensemos en España y en cómo la falta de rendición de cuentas y la negativa real a repartir el poder en un sentido amplio de la palabra desde la muerte de Franco ha provocado que el país esté irreconciliablemente dividido. Antes la impunidad que la reconciliación sincera. Existen múltiples ejemplos más, pero recapacitemos en cómo lo que debería haber sido una ‘transición’ en Rusia entre febrero y octubre de 1917 terminó siendo una revolución. De nuevo, fracasaron estrepitosamente las élites en la gestión del poder y, mediante distintas artimañas —cercenando y retrasando las reformas lo máximo posible— se negaron en la práctica a transformar la sociedad como la mayoría deseaba.
El poder, las élites, el Establishment, practican en su beneficio en múltiples ocasiones este tipo de maniobras, aunque ello sea claramente negativo para la mayoría. Lo sucedido en Colombia en estos casi tres años desde la firma del acuerdo de paz es un ejemplo más al respecto: las élites han saboteado la posibilidad de una paz para mantener la impunidad y, en última instancia, el poder. Y ante este sabotaje, ante los más de seiscientos crímenes y las promesas incumplidas, exigen y esperan inacción.
Eso no quiere decir que sea un acierto volver a las armas. La lucha armada es el mayor fracaso en el siglo XXI de los revolucionarios y de las sociedades en su conjunto, puesto que a lo máximo que se puede aspirar es a la perpetuación de la sangría. Al quiste infinito. Porque vencer es poco menos que imposible. La lucha armada en el contexto actual no solo no es una solución sino que es la mayor justificación que el Establishment puede encontrar. Casi un favor. Tanto que en otros países, incluso europeos, no son pocos los poderosos que suspiran por su retorno.
El mundo en general, y Occidente en particular, deben reflexionar profundamente sobre el fracaso de la ONU y otras organizaciones supranacionales en la mediación de conflictos, porque lo cierto es que no siendo ni mucho menos una solución la lucha armada y no defendiéndola en ningún caso, ¿existe una solución? El riesgo es el ‘remakeo’ total.
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