Del manual neoliberal. Pero las primeras medidas no sólo alarmaron a opositores y sectores sociales sino que suscitaron una pelea entre el presidente Paz y su vice.
Las medidas en las que se enmarca el drástico aumento del combustible, anunciadas en Bolivia como un necesario ajuste para equilibrar las cuentas fiscales y tomar envión para crecer, fórmula clásica –y no necesariamente verificada- de la derecha neoliberal, esconde en su articulado la eliminación de autorizaciones previas de importación, suprime a exportadores de alimentos centrales la exigencia de garantizar el abastecimiento interno, diluye organismos de control, y abre la puerta a inversores con rentabilidad asegurada, y trámites exprés, que constituyen, no una medida coyuntural, sino “un rediseño del estado”, según el análisis de la Red de Economía Política Boliviana.
El Decreto Supremo 5503, denominado “Decreto por la Patria”, del presidente Rodrigo Paz, no sólo alerta a economistas heterodoxos, dirigentes y sectores populares, sino que también provoca un nuevo cisma dentro del gobierno entre el presidente y el vicepresidente, Edmand Lara. Es la manifestación de una rivalidad que ya venía anunciada desde la campaña y expresada durante los primeros días de gestión con las diferencias en la conformación del gabinete y el recorte sufrido en las funciones del número 2. Con mayor sensibilidad social, a pesar de su discurso extremo, Lara expresó que “no es el momento de establecer este tipo de medidas” y que “lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar”.
El decreto del jueves 18 que el presidente calificó de “histórico” declara la emergencia económica y social y “busca el sinceramiento de los precios” de los hidrocarburos al retirar las subvenciones estatales. Según Paz, “una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento de combustible y dejar de desangrar nuestras reservas”. La medida eleva el costo de la nafta especial de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro; el diesel, de 3,72 a 9,80 bolivianos; y la nafta premium, de 7,22 a 11. Como “compensación” el gobierno estableció incremento en el salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (un magro 20% frente a más del 100% en el caso del diesel), y en la Renta Dignidad. Además crea un Programa Extraordinario de Protección y Equidad y garantiza la continuidad del Bono Juancito Pinto 2026, que alcanza a más de 2,3 millones de estudiantes y pasará de 200 a 300 bolivianos. Estas compensaciones, sin embargo, son consideradas apenas paliativos ya que el impacto que tendrá el aumento de las naftas en el transporte supone una incidencia directa e inmediata en el costo de vida.
Paz describió un panorama complejo, con reservas internacionales agotadas, falta de dólares y presiones inflacionarias, y anticipó reformas estructurales, entre ellas, incentivos a la inversión privada con seguridad jurídica; implementación del silencio administrativo positivo que da por aprobada una contratación si en 30 días no hay pronunciamiento, y un plan para repatriación de capitales con impuesto cero. Asegura que con este paquete, logrará iniciar un proceso de reconstrucción económica y contener el impacto social del ajuste energético, debido al ingreso de “nuevos recursos”, que, afirmó “no se quedarán en el centralismo, sino que se distribuirán en un 50% directamente a nuestras regiones y gobiernos subnacionales, asegurando que el esfuerzo de todos se convierta en mejores hospitales, escuelas y servicios para cada boliviano”.
Para el economista Martín Moreira, de la Red de Economía Política, la desregulación del comercio y las exportaciones también impactará en los precios: “El problema es conocido: cuando suben los precios internacionales, el mercado interno queda expuesto, el Estado reacciona tarde y el costo lo pagan los consumidores urbanos y populares”. En un artículo publicado el día del decreto en el sitio la-epoca.com.bo, Moreira afirma que “este rediseño se sostiene sobre tres ejes ocultos: el blindaje jurídico al capital privado, la reducción estructural del rol regulador del Estado y el desplazamiento del control político hacia mecanismos técnicos y contractuales. No hay una privatización explícita, pero sí una privatización por contrato, por estabilidad jurídica y por omisión administrativa”.
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