No es el primer informe, pero no ha habido mucha difusión de los anteriores, en que se documentan violaciones graves de los DDHH en el marco del golpe de Estado producido en noviembre.

Y ese ocultamiento de los datos tiene cierta razón de ser en la propia Bolivia, donde los medios están afectados por las normas impuestas desde el golpe y donde de forma “pedagógica” numerosos periodistas, sobremanera de las emisoras comunitarias, han sido perseguidos, golpeados, amarrados, para que no realizaran su labor informativa, pero no tendría por qué reproducirse en el resto de países (¿?).

Por ejemplo, el informe de la CIDH, o de la propia ONU, que el Gobierno de facto rechazara contundente en febrero negando su contenido violatorio, o el de esta semana de Amnistía Internacional.

Ahora, de nuevo el Gobierno golpista niega los hechos, las torturas documentadas, la persecución a activistas, las detenciones arbitrarias y las masacres, afirmando que “se mataron entre ellos”.

El Informe ONU llega con mucho retraso, dado que su misión estuvo trabajando y documentando en noviembre y diciembre pasados. Desde noviembre de 2019 se desplegó personal de la Oficina de Derechos Humanos en Bolivia para reunir información de primera mano, y recopilaron más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades.

Entre las violaciones de los Derechos Humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias, en un contexto en el cual alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, con dos masacres centrales en Sacaba y Senkata.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el periodo cubierto por nuestro informe”, dijo la señora Bachelet ayer (martes 26).

Durante el periodo analizado, personal de derechos humanos de las Naciones Unidas también observó a funcionarios públicos y particulares haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física dirigida contra pueblos indígenas, lo que refleja un racismo profundamente arraigado.

Hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron amenazas y ataques. Todos estos incidentes deben ser investigados según la ONU.

Sin embargo, gobiernos vecinos como el argentino se han apresurado a ratificar la importancia de este nuevo informe de NN UU en que se documentan episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos, diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión, en un escenario de protestas pacíficas, en que la Policía no cumplió con su deber de proteger a la población.

La alta comisionada Bachelet también observó en su informe un patrón de persecución judicial contra autoridades o personas asociadas con el MAS, el partido del depuesto presidente Evo Morales Ayma.

En el informe se formulan una serie de recomendaciones destinadas a fomentar la protección de los derechos humanos, evitar esas violaciones y promover las condiciones necesarias para la celebración de elecciones pacíficas, participativas e inclusivas.

Por su parte, el Informe de Amnistía I. resulta incluso más preciso, indicando la necesidad de que se establezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), que la presidenta de facto se comprometió a propiciar pero de hecho ha impedido su trabajo de investigación, https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/bolivia-violaciones-derechos-humanos-durante-crisis-postelectoral/, y ha especificado recomendaciones para las personas candidatas para “sanar la pandemia de impunidad”. https://www.amnesty.org/es/documents/amr18/2871/2020/es/.

Incluso sin necesidad de informes externos, la propia Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional ha estado documentando de forma valiente, pese a las amenazas recibidas, las violaciones a los dd hh, https://www.defensoria.gob.bo/, y ha compartido sus hallazgos con organismos internacionales como la CIDH: https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-de-la-defensoria-del-pueblo-en-el-175-periodo-de-sesiones-de-la-cidh.pdf.

Por su parte, el Ministerio español de Exteriores no ha publicado opinión propia.

Conocido es el episodio en que España acusó al Gobierno golpista de poner en peligro a una delegación diplomática española, conflicto con expulsión recíproca de funcionarios que enfrió las relaciones entre ambos gobiernos.

Después, en mayo, en el contexto de repatriaciones humanitarias, una avioneta militar sufría un accidente mortal en Trinidad, con dos militares bolivianos y 4 personas españolas fallecidas.

El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, que aunque es fecha mundial tomó como referencia a Bartolina Sisa, compañera de Tupac Katari en la última gran rebelión indígena en Bolivia. “Las Bartolinas”, como organización de mujeres, sufrieron atentado a su sede hace dos semanas en el marco de potentes movilizaciones contra los desmanes del Gobierno golpista.

Bartolina fue violada, golpeada, torturada y por último ahorcada el 5 de septiembre de 1782. Pero pasó a la historia como una de las mujeres indígenas más valientes, inquebrantables e insobornables que pudo parir el sur del continente americano.

#DiadelaMujerIndigena: El Día Internacional de la Mujer Indígena se celebra cada 5 de septiembre para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo, y para visibilizar sus gestas heroicas.

En el caso de Bolivia las indígenas y las “cholas”, aunque han sido perseguidas y humilladas, incluso por su vestimenta, en el marco del golpe de Estado, han logrado, sin embargo, mostrar los logros organizativos y de cultura comunitaria que chocan de forma muy firme contra las pretensiones racistas de quienes amparan el golpe en el Estado Plurinacional de Bolivia.