Por: Andrés Figueroa Cornejo
Alto y fuerte el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta, rechazó el informe que Washington dirigió al Congreso estadounidense este viernes 30 de septiembre, respecto de un reporte de la Organización de Estados Americanos, OEA, referido a los comicios generales acaecidos el 2019 en el país andino.
Mayta indicó que, además de tratarse de un trámite interno de Estados Unidos, dicho asunto carece de trascendencia, tanto para cualquier nación del planeta, como para Bolivia, y constituye un acto impertinente y sin valor.
El documento fue confeccionado por la OEA, tras ser pedido por el Congreso estadounidense, y plantea una infundada “manipulación informática dolosa” en las votaciones de octubre de 2019 donde Evo Morales resultó vencedor de la contienda presidencial a propósito de lo cual el candidato derechista de la formación Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, puso en duda la victoria de Morales.
En la ocasión, Carlos Mesa, temeraria e irresponsablemente, habló de un eventual fraude debido a la interrupción momentánea del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP.
Un día después del triunfo de Evo Morales, el ex candidato Mesa convocó a manifestaciones contra los tribunales electorales del país, cinco de los cuales fueron siniestrados. Inmediatamente, el representante de los intereses de la oligarquía cruceña y vehículo de la Casa Blanca, el extremista de derecha Luis Fernando Camacho, lideró un paro que acabó con la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, obligado por el pronunciamiento antidemocrático del alto mando de las Fuerzas Armadas y las policías.
48 horas más tarde, la senadora Jeanine Áñez, que actualmente purga parte de sus delitos en prisión, se proclamó ilegal e inconstitucionalmente presidenta del país con el soporte que le ofrecieron las fuerzas reaccionarias, racistas y coloniales de dentro y fuera de Bolivia. Áñez provenía de un partido político de representación insignificante en el legislativo y encabezó el golpe de Estado, ejecutando su puesta en escena sin el quórum legal y sin la presencia de los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo, MAS, mayoría en el Congreso.
Áñez, al poco andar, emitió un decreto con fuerza de ley para encubrir en la más dictatorial impunidad a soldados y policías que cometieron delitos de lesa inmunidad contra un pueblo que rápidamente inició la resistencia ante el golpismo, y que sin más armas que la movilización fue masacrado militarmente en Sacaba y Senkata.
Por su parte, el Vicecanciller de la presente administración democrática, Freddy Mamani, denunció que el informe de Estados Unidos es un abierto acto de intromisión en los asuntos de Bolivia. De hecho, Mamani indicó que ya son seis las acuciosas investigaciones de expertos internacionales del más alto nivel que concluyeron que no existió ninguna manipulación dolosa, argumento que Carlos Mesa y el jefe de la OEA y amigo del Pentágono, Luis Almagro, esgrimieron para desencadenar las condiciones del golpe de Estado.
Llama profundamente la atención, y desdeña cualquier idea de coincidencia, que el informe injerencista de Estados Unidos se dé a conocer precisamente el mismo día en que el golpista gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho junto a sectores de extrema derecha, todas expresiones locales de la oligarquía cruceña, propició un Cabildo departamental que, con la excusa de la reprogramación del Censo Nacional, persigue el visto bueno para llamar a una paralización con objetivos golpistas.
Sin embargo, los movimientos sociales organizados en toda Bolivia, al igual que el Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, están integralmente preparados para vencer sobre cualquier nueva intentona desestabilizadora de la minoría oligarca, racista, patriarcal, colonial y antidemocrática, mal atrincherada en una facción de uno de los nueve departamentos que hacen el Estado Plurinacional de Bolivia.
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