Por: Sullkata M. Quilla
La oposición derechista boliviana, sin capacidad ni vocación unitaria y con duros enfrentamientos entre sus candidatos, busca todos los vericuetos para impedir un triunfo, que por ahora parece seguro, del presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales del 20 de octubre.
Morales, de 59 años, es el primer presidente indígena del país, fue electo sucesivamente en 2005, 2009 y 2014. En la actualidad Bolivia es uno de los países con mayor crecimiento económico en Sudamérica, donde la pobreza extrema disminuyó de 36,7 % a 15,2 % entre 2005 y 2018. El 1 de mayo de 2006, Morales decretó la estatalización definitiva los recursos hidrocarburíferos del país.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, advirtió que los partidos de la oposición apuntan a “inviabilizar” las elecciones con los pedidos de renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por supuesto fraude electoral por irregularidades registradas en el proceso de empadronamiento de votantes en el municipio de Riberalta, en Beni.
La candidatura a la presidencia del opositor Carlos Mesa sufre hoy el descrédito de su pasado como vicemandatario del peor gobierno de la historia contemporánea de Bolivia, incluida la masacre de 2003, aseguró Manuel Canelas, ministro de Comunicación. “Creo que su pasado político le deja muy poco espacio para actuar y ser él quien fije quién tiene una condición de superioridad moral para opinar cómo estaba la democracia, cómo está la democracia”, aseveró.
Mientras, el empresario y líder la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, negó que el diputado Amilcar Barral, uno de sus férreos operadores políticos desde hace varios años, pertenezca a esa tienda política y dijo que su representación solo responde a “una alianza”. Barral, junto a su asistente Henry Gonzales, fue detenido por la Policía cuando recibió dinero presuntamente por las extorsiones que realizaba a reos del penal de San Pedro, en La Paz.
Las disputas entre las agrupaciones políticas de Óscar Ortiz y Carlos de Mesa, dos candidatos opositores que siguen en la contienda presidencial, subieron de tono sus disputas en busca del segundo lugar en las elecciones. La organización de Ortiz, Bolivia Dice No, acusó a Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos de Mesa, de iniciar una guerra sucia para inhabilitar a Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez.
La denuncia se basa en la acción de la diputada Fernanda San Martín, quien solicitó al Tribunal Supremo Electoral cancelar la personería jurídica de la alianza Bolivia Dice No. Según la acusación, Rubén Costas dijo el 7 de junio —luego de que el TSE emitió la convocatoria a las elecciones generales— que “el señor Carlos (de) Mesa de 37 puntos que tenía ha bajado a 27 y eso es picada libre”.
El expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) ya anunció su renuncia a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC)y explicó que intentó impulsar un recambio generacional de candidatos al parlamento para las elecciones generales del 20 de octubre; pero “se encontró con un muro. Paz Zamora fue presidente en alianza con el dictador Hugo Banzer Suárez, que le posibilitó asumir el cargo a pesar de haber ocupado el tercer lugar en las elecciones generales
La DEA opera
Ya en setiembre de 2016, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el Morales denunció que la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), cuando estaba en Bolivia, solo incineraba el 50 % de la droga que incautaba, en tanto que el otro 50 % era para hacer su negocio, y afirmó que este organismo estadounidense instruyó la planificación de asesinatos a dirigentes en Bolivia: instruía a la Policía y militares para planificar asesinato a dirigentes”, dijo entonces.
Desde abril pasado, cuando se puso al descubierto la relación de un personaje buscado por delitos de narcotráfico con algunos altos oficiales de la Policía, en el oriental departamento de Santa Cruz, hasta la captura en Paraguay de un narcotraficante colombiano con presuntas relaciones en el pasado con el alcalde de la ciudad de Warnes, el enfoque de las noticias de varios medios de comunicación y su grupo de analistas, ha estado girando en torno a un supuesto nexo entre el tráfico de drogas y algunos niveles del Estado Plurinacional.
Los hechos demuestran que Bolivia, como ocurre en otros países del mundo, no es inmune a la operación de grupos de narcotraficantes. Pero la seguidilla de casos descubiertos dentro y fuera del país, en un momento caracterizado por la proximidad de las elecciones del 20 de octubre, abre al menos la posibilidad de que detrás de todo esto se encuentre un plan que obedece directamente a los aparatos de inteligencia estadounidenses, cuya experiencia en acumular y/o fabricar casos es muy alta.
La respuesta no es ignorar que Bolivia es un escenario en que se mueve el narcotráfico y que sea en menor proporción a lo que ocurre en países como México, Perú y Colombia no basta para aminorar su efecto político. Por lo tanto, se requiere de una estrategia global –policial, política, social y mediática- que sea capaz de dar duros golpes al narcotráfico y de desmontar el uso político en contra que se hace de los mismos. Estamos ante una estrategia política y electoral muy pensada y diseñada, por lo cual se requiere una estrategia global que el gobierno está en condiciones de definir y llevar adelante.
Turismo electoral
En las últimas semanas, los candidatos de Mesa y Ortiz coincidieron en sus visitas a España, EEUU y Argentina. Aunque se muestran enfrentados en una disputa por el segundo lugar, la historia política muestra que ambos provienen de una misma raíz de derecha/colonial .De Mesa viajó a EEUU, donde se reunió con el empresarial Consejo de las Américas y funcionarios de organismos internacionales.
Ortiz también viajó a EEUU para sostener varios encuentros con residentes en Virginia, Washington DC y Maryland”. La convergencia de viajes también se dio en España y en Argentina, donde ambos coincidieron en repetir su campaña contra la candidatura de Evo Morales.
Por su parte, la jefa nacional de la bancada del MAS, Betty Yañíquez, advirtió que de Mesa y Cárdenas, actuales candidatos a la presidencia, además de Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora y otros opositores, son responsables de los daños económicos que sufrió Bolivia por la enajenación de las empresas estratégicas y recursos naturales en el período de las coaliciones de gobiernos o la denominada democracia pactada (1985-2003), caracterizadas por la distribución de cuotas de poder.
Sullkata M. Quilla. Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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