Por: Alfredo Rada Vélez
Cuando anochecía en Panduro el jueves 25 de agosto el aire seguía oliendo a gas, dinamita y muerte. Ya se sabía del espantoso asesinato del viceministro Rodolfo Illanes y en pocas horas el enorme movimiento de miles de cooperativistas quedó disipado, no por la fuerza coercitiva del Estado, sino por el repudio generalizado del pueblo.
Los bloqueos de caminos organizados por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) configuraron una acción violenta en un contexto de caída de los precios internacionales de los minerales. Sectores patronales que han acumulado el poder económico dentro de las cooperativas, querían mantener su tasa de ganancia logrando por la fuerza tres cosas: 1) Más subvenciones y financiamientos estatales destinados a su sector, 2) Preservar dentro de las cooperativas las formas flexibilizadas de explotación de la fuerza de trabajo, 3) El reconocimiento de facto de contratos entre los patrones cooperativistas con empresas mineras nacionales y transnacionales extranjeras.
Tales objetivos tenían un claro contenido de clase burgués, en este caso de una nueva burguesía que fue incubándose en las cooperativas más grandes, en la medida que éstas dejaban de ser “entidades sin fines de lucro” y se convertían en empresas capitalistas semiformales. La burguesía “cooperativista” está conformada por nuevos ricos que se han encumbrado gracias a la explotación del trabajo de los llamados “segundas manos” o peones, incorporados en las minas bajo la modalidad de pago a destajo, sin contrato y sin derechos laborales. Para impedir la organización sindical de esos trabajadores los patrones siempre acudieron a un embuste: “dentro de las cooperativas todos somos iguales”, cuando sabemos que eso no es cierto, que al interior de las grandes cooperativas hay patrones y hay peones.
¿Cómo esa burguesía pudo movilizar a grandes contingentes de trabajadores? Convirtiendo su interés de clase en interés general bajo la consigna de “estabilidad laboral”. Los patrones chantajearon a los trabajadores: “si no te movilizas para que el gobierno nos atienda entonces ya no tendrás trabajo”. Así los jerarcas del cooperativismo minero (que son por lo general los socios más antiguos) engañaron a una base social convertida en grupo de choque.
Dentro del gobierno el tema de la política hacia el cooperativismo minero hasta ahora no había sido resuelto bajo un enfoque revolucionario. Se cayó en el error de considerar a la Fencomin como entidad aliada, sin ver que a su interior se estaban constituyendo clases sociales, una burguesía semiformal y un proletariado precarizado, al que como gobierno debíamos sumarlo para el proceso de cambio apoyando su organización y defendiendo sus derechos. En otras palabras, diferenciar la base laboral de la jerarquía patronal dentro de las cooperativas. En vez de esto se confiaba en los dirigentes, muchos de ellos hipócritamente afines al gobierno no por convicción sino por conveniencia. Por mantener la alianza el gobierno no intervino en asuntos laborales dentro de las cooperativas, era flexible con ellas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, no acentuaba la presión tributaria. Hoy vemos que esta orientación pragmática sólo condujo a fortalecer al enemigo de clase.
La relación entre patrones y trabajadores es medular para el cooperativismo minero; por ello no es casual que lo que originó el conflicto fue la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que reconoce sindicatos dentro de las cooperativas de servicios. Si crece la tendencia hacia la autorganización de los trabajadores, entonces la precariedad laboral que es una de las fuentes de la concentración del capital en manos de los jerarcas comienza a ser erosionada.
El momento actual de condena ciudadana a la dirigencia del cooperativismo minero es parecido por las circunstancias a la tragedia de septiembre de 2006, cuando la matanza entre cooperativistas y asalariados por el control del cerro Posokoni en Huanuni, devino en el cierre de 4 cooperativas y la estatización de todo ese distrito minero. Hoy el gobierno actuando sin vacilaciones acaba de mandar un claro mensaje a la base laboral del cooperativismo: somos un gobierno de los trabajadores que no permitiremos más abusos y explotación dentro de las cooperativas mineras. Igualmente claro es el mensaje a la jerarquía patronal: somos un gobierno que defiende la soberanía del pueblo boliviano sobre los recursos minerales y no permitiremos su privatización o extranjerización.
Hay que recortar el poderío económico de la burguesía “cooperativista”, que por lo visto no vacilará un segundo en volcarse contra el proceso de cambio apenas se amenace sus privilegios. Ya dije que aquel poderío se origina en la acumulación y concentración de capital gracias a la explotación laboral y a la depredación de la naturaleza, pero no hay que olvidar que esa acumulación fue facilitada por las concesiones gubernamentales.
El conflicto con la dirigencia de Fencomin y su terrible desenlace han llevado a que el gobierno de Evo tome las siguientes decisiones: 1) Preservar al verdadero cooperativismo minero, separando a las empresas capitalistas semiformales que medran a su interior, 2) Revertir al Estado las áreas otorgadas a cooperativas sobre las que se firmaron contratos con empresas privadas nacionales o transnacionales, 3) Ampliar la vigencia de derechos laborales a todos los trabajadores en las cooperativas, sean eventuales, jornaleros, “segundas manos”, k’ajchas o peones.
La Fencomin patronal atraviesa por una de sus peores crisis y va camino de perder todas las ventajas que obtuvo del gobierno. Al haberse develado el vínculo entre esa burguesía “cooperativista” con intereses extranjeros, por ejemplo en los contratos suscritos entre cooperativas potosinas con la empresa Manquiri, nombre boliviano de la transnacional estadounidense Coeur d’ Alene Mines Corporation que explota el segundo yacimiento de plata más grande del país ubicado en San Bartolomé, se abre también una oportunidad para avanzar con una política nacionalizadora en la minería, pues ha saltado uno de los “aliados” que siempre se oponía a ese avance.
El verdadero aliado del proceso de cambio son los más de cien mil trabajadores de las cooperativas mineras, obreros aymaras y quechuas la mayoría de ellos. Como nunca en la historia del cooperativismo, es el gobierno de Evo que decreta que para esa masa laboral también rige la Ley General del Trabajo. Se trata del mayor avance en derechos laborales en una década, que muestra también el error en que caía una tendencia conservadora dentro del proceso de cambio que se aferraba al siguiente argumento: en épocas de contracción económica no deben crearse nuevos derechos sociales, sino defender los ya alcanzados. La conquista y expansión de los derechos sociales no depende de un determinismo económico o de un cálculo de costos, se da por un factor histórico-estructural denominado lucha de clases.
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