Por: Carlos Penharanda Pinto
Tras el discurso de Rodrigo Paz en la CAF y la ONU, hay una pregunta que desarma todo su edificio retórico. No es una pregunta económica ni jurídica. Es una pregunta política elemental: ¿Con quién gobierna?
La respuesta oficial sería “con todos”, Estado, sector privado y ciudadanía, en eso que llama “gobernanza”. Pero los hechos —los decretos, los datos, los acuerdos— dicen otra cosa. Paz no busca la gobernanza mediante el diálogo con la sociedad civil. Ya decidió, por decreto y con mediación coercitiva, con quién va a gobernar. Y no es con el pueblo.
Ese es el quid de la cuestión. Todo lo demás —la retórica de la transición energética, la defensa de la Amazonía, la promesa de “capitalismo para todos”— es el decorado.
La gobernanza ya fue decidida por decreto y no por diálogo
La “gobernanza” que Paz vende en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presupone un diálogo entre actores. Pero un diálogo supone que las partes pueden negociar, disentir, acordar. En Bolivia, bajo los Decretos Supremos No. 5676 (precio diferencial del diésel para grandes consumidores), 5707 (prorroga el estado de excepción, convalidado por una resolución legislativa) y 5716 (elimina la subvención del diésel e impone un precio Bs. 17,95) no hubo diálogo, sino, imposición. No hubo mesa de negociación con transportistas, gremiales, campesinos o comunidades. De igual manera con la ampliación del estado de excepción; hubo un decreto, una fecha de vigencia y una fuerza pública dispuesta a hacerlo cumplir. La “corresponsabilidad” que Paz predica en foros internacionales se ejecuta en el territorio como coacción.
Esto no es un detalle procedimental, es la naturaleza misma del proyecto. La gobernanza que propone Paz no es un pacto social, es un estado de excepción permanente, donde las decisiones que afectan la vida de millones se toman sin consulta, sin consenso y con la coerción como garantía de cumplimiento. El pueblo no es interlocutor; es el objeto del ajuste.
Y hay un dato que lo confirma. El Bono PEPE II (DS No. 5713) no fue negociado con los adultos mayores ni con las organizaciones sociales. Fue decretado, con fecha de caducidad (abril de 2027), sin carácter de derecho adquirido. Es la forma más pura de la limosna, en donde, el Estado decide unilateralmente cuánto y hasta cuándo se otorga el beneficio. No hay diálogo porque no hay reconocimiento del otro como sujeto.
La gobernanza real es con el capital financiero
Si no es con el pueblo, ¿Con quién gobierna Paz? La respuesta está en los propios escenarios que eligió para pronunciar sus discursos: la CAF y la ONU. No fue a una asamblea de comunidades campesinas, no fue a un congreso de la Central Obrera Boliviana, fue a los foros donde se reúnen los acreedores o prestamistas.
La “gobernanza” que Paz busca es la que le permita acceder a préstamos, reprogramar deuda y recuperar la “confianza de los mercados internacionales”. Es una gobernanza con el capital financiero internacional: el FMI, el Banco Mundial (BM), la CAF y las calificadoras de riesgo. Esa es la contraparte real de su “corresponsabilidad”.
Los datos lo confirman que, por la devaluación de la moneda nacional frente a la fluctuación del dólar, el pueblo ve caer su Renta Dignidad (Bs. 500 bolivianos) de $us. 71,83 (al tipo de cambio fijo de Bs. 6,96) a 41,49 (al tipo de cambio referencial actual Bs. 12,05); lo mismo con el salario mínimo (Bs. 3.300) de $us. 474,13 a 273,85. El gobierno prioriza la “estabilidad macroeconómica” que exigen los acreedores, pero desestabiliza la microeconomía de las mayorías populares.
Por otro lado, mientras 25 a 30 grandes empresas agroexportadoras fugan sus divisas a Panamá y paraísos fiscales —sin que el Estado ejerza control—, se ajusta el gasto social de los más pobres mientras la “gobernanza” de Paz no regula esta situación, sino, lo permite.
La operación ideológica central es presentar como “diálogo con todos” lo que es un pacto con el gran capital privado. La gobernanza de Paz no es un contrato social; es un contrato financiero. Y en ese contrato, el pueblo no firma, paga el ajuste.
El escudo imperial o la carta bajo la manga
Hay un elemento que la retórica diplomática de Paz oculta deliberadamente. La “gobernanza” con el capital financiero necesita una garantía de orden. Los préstamos, las inversiones, la “confianza de los mercados” requieren que el ajuste se cumpla. Pero ¿Qué pasa cuando el pueblo se resiste?
La respuesta no está en los discursos de la ONU, pero sí en la práctica del Estado. El gobierno de Paz está fortaleciendo los mecanismos de control interno y la cooperación con Estados Unidos. Bajo la figura del “Escudo de las Américas”, se instruye a la policía, se firman acuerdos de seguridad, se prepara el terreno para que, cuando “las papas quemen”, haya no solo una fuerza interna, sino, una fuerza externa dispuesta a sostener el orden.
Esto no es especulación, es la lógica misma del modelo. Un ajuste que reduce el poder adquisitivo de los bonos para adultos mayores, el salario de los trabajadores, que castiga al pequeño productor y al campesino parcelario que produce alimentos, no se sostiene solo con discursos, necesita coerción. Y cuando la coerción interna no basta, se recurre al respaldo militar del imperialismo.
La “gobernanza” de Paz se asienta en dos pilares: El capital financiero que presta y el imperio que protege. En este esquema, ni la patria ni el pueblo son socios del poder; al contrario, la patria es el territorio donde se aplica el ajuste y el pueblo, el sujeto al que se le pide sacrificio.
La prueba empírica, los números desmienten el relato
Los datos de septiembre de 2026 hablan por sí solos:
· Devaluación: El tipo de cambio oficial pasó de Bs. 6,96 a Bs. 12,05 (26/09/2026). El salario tiene una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%, a su vez, esta devaluación afecta también a la Renta Dignidad. Constituyéndose en un ataque directo a los trabajadores y adultos mayores que sostienen la red de supervivencia familiar.
· Bono PEPE II (DS No. 5713): Es temporal (hasta abril de 2027) y financiado con los $us 55 millones semanales del “diéselazo”. Es el reciclaje de lo que se le quitó al pueblo, es una limosna, no un derecho.
· Fuga de divisas: 25 a 30 grandes empresas agroexportadoras no entregan la mayor parte de sus divisas al Estado (El Estado no ejerce control), y encima se financian con créditos baratos en bolivianos del Banco Unión.
· Minería: Que representa el 69,2% de las exportaciones, para julio de 2026 según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Constituyéndose en nuestra economía en un enclave de extractivismo puro.
· Agricultura: La agroindustria de la soya exporta el 80% de su producción como alimento para ganado en el exterior. El DS No. 5547 permite importarla del Paraguay con arancel cero, destruyendo la producción nacional para beneficiar a la industria aceitera transnacional. Quien alimenta a Bolivia es la mediana y pequeña producción campesina que produce el 70% de la canasta básica.
Estos, entre otros, no son datos “ideológicos”. Son la contabilidad oficial del Estado que Paz gobierna. Y desmienten, uno por uno, los tres pilares de su discurso. No hay “capitalismo para todos”, no hay “apertura con la sociedad”.
El pacto colonial renovado
Lo que Paz propone no es nuevo, es la reedición del pacto colonial. Bolivia vuelve a ser proveedora de materias primas baratas (litio, minerales, soya), receptora de ajuste fiscal y territorio donde las trasnacionales extraen plusvalía. De esta manera:
· La “transición energética” sin industrialización soberana convierte al país en la batería desechable del Norte Global, en donde, nosotros ponemos el litio, el agua contaminada del Salar de Uyuni y la mano de obra precarizada; mientras ellos ponen la tecnología, se quedan con la plusvalía y nos venden el producto final.
· La “protección de la Amazonía” mediante bonos de carbono es la forma más sofisticada de esta lógica. Los bosques y el aire se convierten en activos financieros transables; las transnacionales contaminadoras compran el “derecho a seguir contaminando” mientras los pueblos indígenas son reducidos a guardabosques subpagados del capital global. Es la colonialidad del metabolismo: La naturaleza de América del Sur como sumidero de los excesos del Norte.
· Paz habla sobre el “capitalismo para todos” mientras defiende los privilegios de 30 familias.
Como señala María Galindo, esto no es un error técnico, es un acto de violencia simbólica y material: “Dinamitar el bolsillo” (destruir por completo la capacidad económica y el poder adquisitivo) de las personas, de los bolivianos, tiene un impacto desproporcionado sobre los cuerpos y el tiempo de las mujeres, que son las primeras en saltarse comidas (no desayunar, almorzar o cenar) para que coman sus hijos.
La gobernanza como administración del despojo
La pregunta inicial vuelve: ¿Con quién gobierna Paz? La respuesta es inequívoca, gobierna con el capital financiero que presta y con el imperio que protege. Gobierna por decreto, no por diálogo. Gobierna con la coerción como garantía y con el “Escudo de las Américas” como respaldo. El pueblo no es socio, es el objeto del ajuste.
La “gobernanza” que Paz vende en la CAF y la ONU es, en los hechos, la administración técnica del despojo. No hay “neutralidad” en este ajuste. Es una decisión profundamente política que consiste en elegir quién paga la crisis. Y en el modelo de Paz, la respuesta es clara, la paga el que produce para el consumo interno, no el que exporta la soya y guarda los dólares en Panamá.
La alternativa no es la fatalidad. La alternativa es la soberanía material, es decir, control de cambios de divisas estricto, impuestos progresivos a las grandes fortunas, industrialización con capital público y soberano, protección real a la economía comunitaria y campesina.
Conclusión
Si este artículo podría llegar a manos del presidente Rodrigo Paz, le señalaríamos que:
Su “gobernanza” no es un diálogo con el pueblo; es un pacto con el capital y el imperio. Su “capitalismo para todos” es la acumulación por desposesión disfrazada de progreso. Su “apertura al mundo” es la colonialidad del poder disfrazada de modernidad. Y su “transición energética” es el extractivismo verde disfrazado de futuro. Los datos empíricos no mienten: Bolivia bajo su gestión no se “abre al mundo” para su desarrollo; se arrodilla al mundo capitalista como economía de enclave. Y el pueblo boliviano —el que produce los alimentos de la canasta familiar, la mujer que dinamita su presupuesto para alimentar a su familia, el adulto mayor al que no le alcanza su Renta Dignidad— ese pueblo no es “ideología”. Es la realidad material que su discurso intenta borrar con sofismas en el podio de las Naciones Unidas.
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