Fuente: La Jornada
El Congreso de Perú rechazó ayer una reforma constitucional que buscaba posibilitar el adelanto de las elecciones generales programadas para 2026 a fines de 2023, con lo que cerró una de las escasas válvulas de escape disponibles para conjurar el caos en que cayó el país cuando el propio Legislativo destituyó al presidente democráticamente elegido Pedro Castillo e instaló en su lugar a Dina Boluarte.
El voto de los 33 congresistas que se pronunciaron en contra y los 25 que se abstuvieron resulta de una irresponsabilidad criminal en momentos en que al menos 20 personas han muerto y 63 han sido hospitalizadas a resultas de la represión desatada por el régimen de Boluarte para acabar con la oposición popular a su gobierno. Asimismo, supone la continuidad del estado de emergencia y la suspensión de garantías que suprimió por 30 días la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito.
De este modo, el Parlamento peruano se erige en el mayor enemigo de la vida democrática de la nación andina. Primero impidió de manera sistemática el ejercicio gubernamental de Castillo mediante un golpeteo incesante y la amenaza permanente de despojarlo de su cargo: debe recordarse que el primer intento de removerlo se remonta a diciembre del año pasado, cuando apenas llevaba cuatro meses en el poder. Posteriormente, consumó –como se sabe ahora, con conocimiento y respaldo de Washington– el golpe del 7 de este mes, y ahora niega un arreglo pacífico a la trágica situación creada por su propia insensatez.
Con sus decisiones, esta dictadura parlamentaria deja claro que no representa a nadie, más que a la oligarquía corrupta y racista, un grupo dispuesto a todo con tal de impedir cualquier cambio que amenace su férreo control o que pretenda extender a las mayorías sociales los beneficios de la explotación de los vastos recursos naturales del país –empeño en el que cuenta con el apoyo irrestricto de los grandes medios de comunicación.
Lo dicho con respecto al Congreso no atenúa la responsabilidad de Boluarte, quien jugó un papel cómplice en el desarrollo de los acontecimientos y hoy se halla privada de toda legitimidad, así como irremediablemente manchada por su respuesta autoritaria al levantamiento popular.
La única salida visible a una crisis que se agrava conforme transcurren las horas pasa por la convocatoria a elecciones generales inmediatas y a una Asamblea Constituyente capaz de redactar una carta magna que dote a la nación de un diseño político-institucional funcional, viable y sensible a los reclamos sociales. La realización de la Asamblea no es un capricho ni una ocurrencia: se encuentra entre las promesas de campaña del destituido presidente Castillo y, por tanto, forma parte de la plataforma política elegida por los peruanos en las urnas.
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