Por: Seguel Alfredo
Las demandas principales fueron: el fin del sistema de AFP y pensiones dignas; mejoras profundas en la salud pública; el fin de la deuda educativa y una educación sin lógica de mercado; salarios dignos frente al alto costo de la vida; condena a la corrupción y los abusos de la élite y el sistema político constitucional.
«No son 30 pesos, son 30 años»
El 18 de octubre de 2019 Chile vivió una de las rebeliones más profundas de su historia republicana. Lo que comenzó como un rechazo de estudiantes secundarios al alza de 30 pesos en el Metro de Santiago se transformó en un clamor masivo que llevó a millones a las calles bajo consignas que resumieron décadas de malestar: «No son 30 pesos, son 30 años» y «Hasta que la dignidad se haga costumbre».
Siete años después, esas frases siguen resonando, pero las demandas que las sustentaron continúan, en gran medida, sin respuesta.
Seis demandas que llegaron a la calle
Las movilizaciones instalaron en el debate público un conjunto de exigencias estructurales que el sistema político no logró procesar. La CIDH, segun informe oficial, documentó que las protestas expresaron el malestar de sectores populares y medios frente a un modelo socioeconómico heredado de la dictadura que priorizó «el derecho a la propiedad privada y los intereses empresariales por sobre los derechos sociales».
Las demandas principales fueron: el fin del sistema de AFP y pensiones dignas; mejoras profundas en la salud pública; el fin de la deuda educativa y una educación sin lógica de mercado; salarios dignos frente al alto costo de la vida; condena a la corrupción y los abusos de la élite; y un cambio constitucional que reemplazara la carta fundamental de 1980, lo que es documentado por un informe de CLACSO.
Violaciones a los derechos humanos
La respuesta estatal a las manifestaciones dejó un saldo de violaciones a los derechos humanos que organismos internacionales calificaron como la peor crisis desde la dictadura. El INDH presentó querellas por miles de víctimas, y la Fiscalía registró más de 12 mil denuncias por violencia institucional cometida por agentes del Estado. Sin embargo, solo 219 de esas causas terminaron con una sentencia condenatoria; la gran mayoría fue archivada, sobreseída o no perseverada . Las víctimas de trauma ocular ascienden a 464, de las cuales 230 sufrieron algún grado de pérdida visual y dos quedaron con ceguera total bilateral.
A siete años, la impunidad persiste como una herida abierta. Amnistia Internacional denunció que en marzo el Ministerio Público decidió no perseverar en 1.509 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos del estallido, y que entre las que seguían vigentes, menos del 2% alcanzó sentencia condenatoria, con algunas próximas a prescribir.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, fue categórico: «El Estado de Chile continúa con una grave deuda y con grandes pendientes en estas materias. Todavía sigue siendo bajísima la tasa de resultados para establecer las responsabilidades«, publica Radio Cooperativa.
La violencia sexual contra mujeres detenidas fue particularmente invisibilizada: de 978 querellas presentadas por el INDH, dos de cada diez denunciaron hechos de este tipo, pero ninguna terminó en condena por delito sexual, destaca así una publicación de Diario Radio UChile.
El relato en disputa
A siete años, la batalla por la memoria sigue activa. El diputado de Evópoli Tomás Kast afirmó que «nos quisieron hacer creer que la violencia era necesaria para conseguir cambios sociales. Ninguna demanda social, por legítima que sea, lo justifica».
Sin embargo, otros sectores de derecha también han dimensionado los elementos de fondo del estallido, más allá del reduccionismo planteado por el diputado Kast. Evelyn Matthei, en el marcó del sexto aniversario del 18-O, reconoció que las demandas de fondo que originaron las protestas siguen vigentes: «El estallido nos dejó enseñanzas, nos dejó heridas también. Las enseñanzas es que en Chile hay demasiada inequidad aún. Hay muchos dolores. Hay personas que esperan años para que los atiendan. La calidad de la educación está mala», en una publicación en La Tercera.
En diciembre de 2019, tras las declaraciones de Piñera de que «lo peor ya pasó», el senador RN, Manuel José Ossandón refutó ese diagnóstico señalando que el fondo de la crisis era la inequidad, no solo la violencia: «Lo peor no solo se refiere a la violencia, que todos condenamos y ojalá desaparezca, porque el fondo de esta crisis social es mucho más que eso. Lo peor sigue instalado en nuestra sociedad, lo peor sigue siendo la inequidad y la falta de oportunidades. Eso no se ha acabado», resaltaba así Diario Republica el 30 de diciembre de 2019.
Este 2026, el director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, advirtió que hay sectores que buscan imponer una narrativa donde «solo hubo actos delincuenciales comunes», borrando tanto las manifestaciones pacíficas como las violaciones a los derechos humanos.
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