Por: Paul Walder
“No son 30 pesos, son 30 años”. Esta consigna, levantada entre cientos de pancartas durante unas movilizaciones que tienen perplejo al país, expresa un clima, una percepción temporal. A casi una semana del estallido del 18 de octubre, que algunos artistas y creadores han comenzado a llamar la Revolución de Octubre, vemos pasar en nuestras conversaciones, en las lecturas y declaraciones, los procesos e incidentes políticos y económicos de los últimos 30 años. En una semana han caído máscaras, ídolos con pies de barro, el discurso del mercado como el dogma religioso de un orden que ha cruzado generaciones y demuestra, minuto a minuto, su impudicia y falsa moral. El modelo de mercado, aquel dios ritualizado, parece yacer derribado y humeante.
Hasta el momento, hay no pocos elementos que hacen pensar que se trata de una movilización que expresa el rechazo a un orden, a una institucionalidad degradada, y la demanda de mutaciones radicales, de cambio de ciclo y de régimen. La fuerza y las demandas públicas no apuntan a a reivindicaciones puntuales, lo que ha quedado en evidencia tras la indiferencia y rechazo de la población al paquete de medidas que ofreció Sebastián Piñera a inicios de este semana.
De ser así, y es muy probable que lo sea, a partir de estos días la sociedad organizada debiera poner en marcha una estrategia para la canalización de las fuerzas y elevarlas desde la acción social a la política. Un primer paso ha sido la oportuna presencia e intervención de las principales organizaciones sociales y sindicales bajo coordinadoras y plataformas que este miércoles llamaron a manifestaciones en las principales plazas del país y este jueves a jornadas de organización con la creación de asambleas y cabildos que en un primer momento tienen un carácter comunal y territorial. Juntas de vecinos, centros culturales y barriales, clubes deportivos están convocados para recoger las principales demandas de la población. La respuesta ha sido enorme pero no incluye a todos ni se compara con la expansiva multitud en marchas y concentraciones.
Junto a la incipiente instalación de asambleas y trabajos de organización, las demandas han iniciado un proceso de orden bajo la Mesa de Unidad Social, que agrupa a las mayores centrales sindicales y organizaciones sociales. En este proceso inicial, qué es lo fundamental se pregunta la población. Por qué parte comenzar el desmantelamiento del orden de mercado.
De partida, levanta Unidad Social, y con carácter de urgencia, fin de estado de excepción, retiro de los militares de las calles, más una larga lista de soluciones a problemas sociales básicos, que va desde el fin de las AFP, la reducción de la jornada de trabajo, la congelación de todos los proyectos de ley enviados por el gobierno que favorecen a las élites, como la contrarreforma tributaria, hasta la instalación de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución. Y hay también otra demanda en crecimiento, que es la renuncia de Piñera que toma cuerpo en estos días como acusación constitucional. En redes sociales y en las calles la consigna que lidera a todas las otras es el retiro o la renuncia del mandatario.
A una semana del estallido asistimos a un gobierno que observa, reprime y parece esperar que la multitud se calme por sí misma. Así como ha sido incapaz de evaluar y anticipar la explosión social, tampoco en estos días sabe cómo reaccionar. Ante un pueblo indignado, que crece en sus niveles de agitación y masividad, Piñera no logra ni respuesta ni entregar una señal política que conduzca a una mínima calma.
En este momento, en un país en plena ebullición, hay al menos tres escenarios probables. Eso, en la medida que la correlación de fuerzas continúe en ascenso y nuevos grupos y sectores comiencen a sumarse. Este jueves, por ejemplo, hubo una protesta de camioneros en Valparaíso que se repetirá el viernes para demandar el fin de las AFP y los abusivos peajes de las carreteras concesionadas.
En este momento cambiante, y sin cursos claros, el doctor en Ciencia Política Juan Carlos Gómez Leyton, observa, en una primera instancia, un gobierno que aumenta el autoritarismo y avanza hacia una dictadura de corte similar a la que desarrolló durante la última década del siglo pasado Alberto Fujimori en Perú. Con la excusa de neutralizar a la delincuencia y a los vándalos, Piñera podría imprimirle más fuerza a la limitación de libertades. En ese escenario, se pueden suprimir mucho más los derechos civiles, como censura a la información y prohibición de reunión. Este sería un acuerdo con los partidos de derecha y algunos hoy en la oposición que podrían apoyarlo con la excusa de la gobernabilidad.
Un segundo escenario es que sin alterar el orden constitucional actual se hagan reformas que satisfagan algunas de las demandas de algunos sectores. Sobre la base de la división, del aislamiento de los sectores más radicales, se fragmenta el movimiento y Piñera logra mantenerse en el gobierno. Este escenario es probable si las protestas entran en un proceso de rutinización en tanto el gobierno gana tiempo para cansar a los líderes y en especial a los manifestantes más esporádicos y no organizados.
Un tercer escenario consiste en un aumento de las movilizaciones hasta que Piñera y su gobierno caiga. Esto sería lo que Gómez Leyton llama “golpes civiles ciudadanos”. Una insurrección ciudadana, que no es una insurrección revolucionaria, aclara, que no busque tomarse el gobierno sino simplemente derribar al mal gobernante y a través de un gobierno provisional se convoque a nuevas elecciones.
Precipitación de hechos, pero plena incertidumbre en todos los actores involucrados. Una gran confusión envuelve al gobierno, que desde el estallido ha entregado señales confusas y contradictorias, toda la clase política y la población, que responde en estos momentos en un proceso que puede avanzar a cualquier parte. No hay en Chile hoy ni analista, ni gurú político que pueda anticipar los hechos. El juego es día a día, incluso hora tras hora.
Se puede afirmar que el gobierno de Piñera ha terminado y que el orden neoliberal, sino ha colapsado, sí está arruinado. El riesgo país, la fuga de capitales, la caída brutal de los precios de las acciones, la salida de inversionistas es un hecho. Pero el mayor golpe se lo ha dado la población, que solo se moverá si el gobierno accede a sus demandas, todas abiertamente contrarias a la doctrina neoliberal. Cualquiera de las principales demandas, como, por ejemplo, desde subir las pensiones, elevar el salario mínimo, a estatizar los servicios públicos, son un golpe mortal a las políticas de libre mercado.
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