Por: Luciana Bertoia y Felipe Yapur
La Gendarmería, una de las cuatro fuerzas federales que la ministra Sabina Frederic conduce, está en el centro de la investigación por el envío de material represivo para apoyar el golpe en Bolivia que se produjo en el último mes de gobierno de Mauricio Macri. La fuerza realiza un sumario interno que el expresidente busca bloquear en la justicia, consciente de que puede complicar aún más su situación judicial. Frederic sostiene que la fuerza tiene responsabilidad por el desvío de las municiones, aunque reclama que se mire hacia arriba, hacia la conducción política de entonces. “Hay responsables, pero no fueron los únicos”, dice en una entrevista con Página/12. La ministra, una antropóloga social que dedicó largos años a estudiar esa fuerza en particular, no ahorra críticas a su antecesora, Patricia Bullrich, a quien acusa de haber llevado a la Gendarmería a actuar al margen de la ley. “Tiró a la Gendarmería por la ventana”, responde Frederic.
–-¿Por qué piensa que Macri quiere frenar el sumario interno que se lleva adelante en la Gendarmería?
–Me parece que quiere frenarlo por lo que el abogado (Pablo) Lanusse dice: que ellos pierden el control de lo que ahí surge como evidencia y eventualmente como prueba. Ya está comprobado administrativamente que las municiones salieron de la Gendarmería. Está comprobado también de forma administrativa que hay un oficial de Gendarmería que de alguna manera lava el hecho de que las municiones hayan quedado en Bolivia y no hayan vuelto. Entonces me parece que ellos entienden que la información más importante sobre la cuestión saldría de ese sumario administrativo.
–Ya se sabe que los gendarmes dijeron que no usaron las balas antitumulto, ¿qué más declararon?
–Éste es un sumario que está llevando adelante la Gendarmería. Lo que nosotros sí tenemos como información, más allá del sumario, es que esas municiones no iban a proteger a la embajada y a la residencia. Esa fue la excusa que se usó para mandarlas a Bolivia. Los alacranes que viajaron en el vuelo del Hércules manifiestan haber visto los pallets con las municiones, como las deben haber visto los tripulantes de la Fuerza Aérea que estaban en el vuelo. Esas municiones no fueron a la embajada ni a la residencia junto con los alacranes. Ellos viajan con este armamento y con las municiones. Se dividen en dos grupos de 5 y 6 respectivamente. Uno va a la embajada y otro grupo a la residencia del embajador, y vuelven con todo.
–¿O sea que vuelve todo menos las 70.000 municiones antitumulto?
–Vuelve todo menos lo que sale como complemento: 70.000 cartuchos 12/70, 100 spray de gas pimienta, 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC. Los spray junto con las municiones tienen egreso porque están en una nota proforma de la Gendarmería, pero las 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC tienen una anotación que dice «no embarcado». Ahí hay una cuestión que está siendo analizada en el sumario de la Aduana porque no está muy claro finalmente qué es lo que embarcaron y qué no. De todo eso vuelven 160 granadas CS y 360 granadas HC. Es probable que una parte de eso sea lo que agradece el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge) Terceros Lara al embajador argentino.
–¿Los gendarmes siempre supieron que ese material no iba a la embajada?
–Lo que tenemos como información actual –tampoco es información definitiva, porque el sumario no terminó y tiene por lo menos un mes y medio más para que termine– es que con ellos a la embajada y a la residencia no fueron las 70.000 municiones ni iban a ir. No iban a ir con ellos porque es una cantidad que no hubieran podido usar tampoco.
–¿Cuál es la situación de los cuatro gendarmes que están en disponibilidad?
–Hasta que no termine el sumario no se define cuál es la sanción disciplinaria que les corresponde. Cuando pasan a disponibilidad, se quedan sin cargo y sin función y pasan a cobrar aproximadamente el 50 por ciento del salario y se quedan en su casa, hasta que termina el proceso sumarial. El sumario no es únicamente para las cuatro personas que están en disponibilidad, sino que también incluye a otras que podrían estar involucradas.
–¿Cuál es el universo de personas involucradas?
–Involucradas no quiere decir que sean responsables de esta irregularidad, pero hay un oficial que es despachante de aduana, el jefe del primer contingente de alacranes, un oficial de finanzas. Hay un conjunto de personas que no estoy nombrando. De todas maneras yo quiero decirles esto: La denuncia es clara. No fue solo la Gendarmería. Lo escuchaba a (Raúl) Zaffaroni el otro día que decía que es el hilo más delgado. Pero hay otros involucrados o que serían responsables.
–¿Por ejemplo quiénes? ¿Fuerza Aérea?
–Fuerza Aérea, agregados. Hay que ver cómo fue la relación entre la Fuerza Aérea Boliviana y la embajada. ¿A través de quién fue? Cuando digo involucrados, quiero decir que fueron parte, pueden ser testigos, no necesariamente responsables directos, pero que han sido parte de esta operatoria que fue muy compleja. Hizo falta un vuelo del Hércules; en el manifiesto de carga del vuelo no constan las 70.000 municiones antitumulto.
–¿Y los agregados?
–Los agregados son asesores del embajador que tienen la función de articular con, respectivamente, la policía de cada país y las fuerzas armadas de cada país. Esas funciones están bien discriminadas No tienen autonomía del embajador ni de su propia institución.
–¿Entonces se puede entender que el agregado de la Gendarmería Adolfo Caliba que se reunió con la Policía de Bolivia no lo hizo por iniciativa personal sino que respondía a una orden?
–Sí, o era un requerimiento que venía de la Argentina.
–¿Si Caliba no tenía autonomía, como tampoco tenía el excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero, la responsabilidad recaía en la que era la cabeza del Ministerio?
–Eso es lo que nosotros denunciamos para que la Justicia investigue. La verdad que sería muy extraño que la Gendarmería tuviera una relación directa –sin mediación– con la Policía de Bolivia o con el embajador de Argentina en Bolivia. Si eso fue así, las autoridades políticas también tienen que dar explicaciones porque muestra un nivel de pérdida de la conducción política muy grande. Acá hay muchas áreas del Estado intervinieron para poder sacar esas 70.000 municiones de la forma que salieron del país sin la intervención del Congreso.
–-¿Le preocupa que la investigación penal quede encapsulada en los gendarmes y no se avance en las responsabilidades políticas?
–Yo creo que la información que va saliendo del sumario administrativo es bastante contundente. Hay que ver cómo responde la autoridad de Gendarmería de ese momento, Otero. Hay que ver si forma parte de la estrategia judicial de las autoridades políticas, por ahora parece que no, y qué hace el resto de los gendarmes. Depende mucho de ese juego, que parece que Macri afortunadamente no está pudiendo controlar. Tampoco lo pueden controlar las autoridades políticas del momento porque no los han cuidado. Los han hecho hacer cosas aparentemente por fuera de los procedimientos y de la ley.
–Usted menciona el uso de la Gendarmería por parte de la gestión Cambiemos, pero la fuerza también estuvo muy asociada al caso de Santiago Maldonado o al peritaje por la muerte de Alberto Nisman. ¿Qué Gendarmería encontró después de la gestión Bullrich?
–Yo tenía conocimiento de la Gendarmería antes de llegar a ser ministra, y bastante profundo. Con el caso Maldonado hubo un uso de la Gendarmería por fuera de su doctrina, por fuera de su capacidad profesional, más allá de lo legal. Hubo una manipulación de una institución estatal. Por eso cuando Bullrich dice «no voy a tirar un gendarme por la ventana», yo digo que tiró a la Gendarmería por la ventana. La fuerza termina siendo un chivo expiatorio de decisiones que se toman en otro lado, de las que no se hacen cargo aquellos que las tomaron. Es importante también, en esta situación, balancear. Sí, claramente, en la Gendarmería hay responsables, pero no han sido los únicos. La decisión tiene que haber venido de otro lado. Eso no los exime a los gendarmes, pero no cortemos el hilo por lo más delgado. Miremos para arriba y para el costado también.
–¿Qué cree que llevó al gobierno de Macri, a un mes de terminar su gestión, a involucrarse en un hecho tan serio como es un golpe de Estado?
–La verdad es que no estoy en la conciencia de esa gente ni creo que podría. Lo que está claro que hay una convicción ideológica y política, porque el expresidente Macri fue de los primeros que respaldó ese golpe de Estado y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia. No sé si para ellos era un golpe de Estado, eso lo decimos nosotros y hay muchos elementos jurídicos que demuestran que así lo fue.
–Se conoció que la Policía de Chubut entrena con cánticos contra piqueteros, formación que desde su Ministerio describieron como una práctica difusora del terror. El ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, salió a responder sus críticas…
–Yo diría que salió a defender la instrucción de su policía, que consiste en cantar en contra de los piqueteros. Es más, mandó al jefe de Policía de Chubut a hablar en nombre de esa instrucción, cosa que también me parece un acto de cobardía de Massoni que no defiende a viva voz lo que la policía que él conduce hace.
–Al defender la formación de la policía de Chubut, ¿Massoni está defendiendo la criminalización de la protesta social?
–Sí y la construcción de un enemigo para la policía que es el piquetero que es una entidad que no dice nada. En la patagonia hubo trabajadores mineros o de la salud, manifestantes ecologistas que cortaron la ruta. Entonces, qué es un piquetero. Es una forma de banalización de los reclamos. Bueno, él está en campaña.
–Por sus dichos Massoni está más cerca de lo que promueve Patricia Bullrich.
–Sí. A mi me parece que hay un empobrecimiento del debate sobre la seguridad porque no está claro cuál es el sentido de la instrucción de esa policía. Es todo un espectáculo o una manera de destacar un abordaje más bien efectista que no va al fondo del problema.
–¿Hay posibilidad de que se haga cargo de Defensa?
–Eso es algo que decidirá el Presidente.
El caso Chano Charpentier
–A partir de la situación que vive el cantante Chano se reavivó el debate por el uso de las pistolas Taser. ¿Cuál es su opinión?
–El debate que hay que dar es el de la salud mental en la Argentina, ese es el problema grave que hay y que se expresa con la situación de Chano, que es un adicto y un enfermo psiquiátrico. Creo que lo más importante es la discusión sobre los grises en la ley de Salud Mental. Nosotros tenemos información de la ausencia de servicios psiquiátricos en las guardias de los hospitales públicos y la ausencia de la reglamentación de la ley que, de alguna manera, eso garantiza la inacción de las prepagas. Pero además me parece que la policía no puede hacer lo que no puede hacer un psiquiatra porque la policía solo puede responder de la peor forma. Entonces, nos parece que la salida, que ya venimos trabajando el Ministerio de Salud, es la formación de unidades especializadas análogas a las que abordan la violencia de género para la atención de situaciones de salud mental pero que esté si o sí articulada con un servicio hospitalario de guardia psiquiátrica. La policía sólo actúa cuando hay un grupo de especialistas que sabe cómo tratar a alguien que padece un brote psicótico. También es bueno recordar que la Ciudad de Buenos Aires tenía un SAME Psiquiátrico que no existe más porque hubo un desmantelamiento de la salud mental.
–-Pero el debate está teñido por el uso o no de las pistolas Taser.
–La entonces ministra Bullrich pidió autorización en noviembre de 2019 y ella fue ministra de Seguridad sin Taser así que no sé de qué habla. Nosotros analizamos la experiencia internacional y su regulación y entre las cosas que encontramos es que no son aconsejables para situaciones como las de Chano. Ahora bien, cualquier provincia puede comprarlas, pero si la quieren usar con enfermos psiquiátricos les aviso que la experiencia internacional dice que no son aconsejables.
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