Una gigantografía reproducía una tapa de Somos del ’78: Jorge Rafael Videla festejando con los brazos en alto un gol de Argentina en el Mundial, con el título «Un país que cambió». Otra de La Nación estaba fechada un año antes, en septiembre del ’77. La tapa aseguraba sin pretensión de ser irónica: «Videla y Carter hablaron de democracia y derechos humanos». Ubicadas una al lado de otra, en la Plaza de Mayo, ayer se pudieron volver a leer varios hitos del periodismo que apoyó al golpe. El Semanario Extra contra la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos («¿Qué buscan?»), Gente durante la guerra de Malvinas (y el título «Estamos ganando»). El material de archivo fue parte de la escenografía con la que se realizó, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el «juicio ético y político a los medios durante la dictadura».
Sobre el escenario montado a un costado de la Pirámide de Mayo se instalaron los escritorios para los «fiscales», otro para Hebe de Bonafini, que presidió el juicio, y el estrado de los «testigos». Abajo, en varias hileras de sillas, se sentaron las madres y el público, que hicieron de jurado popular. Antes de llamar al primer testigo, los fiscales recordaron la lista de los medios y periodistas juzgados: los diarios Clarín, La Nación y La Nueva Provincia, las editoriales Perfil y Atlántida, los periodistas Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Vicente Massot, Samuel «Chiche» Gelblung y Máximo Gainza Castro.
«El plan criminal de la dictadura incluyó a un grupo de medios y de personas, cuya tarea fue justificar la represión y contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos», planteó la periodista Claudia Acuña, la primera de los «testigos» en pasar al estrado. Acuña aportó una serie de notas publicadas por la editorial Atlántida, de la familia Vigil. Una de ellas fue una entrevista a Thelma Jara de Cabezas, cautiva y torturada en la ESMA, a quien obligaron a hacer un reportaje para la revista Para Ti. Otro caso similar fue el de la nota «Cómo viven los desertores de la subversión» que Somos publicó en diciembre de 1977, con fotos de un supuesto «centro de rehabilitación para extremistas». «Mostrar estas fotos conociendo lo que fueron los centros clandestinos de detención da miedo», apuntó Acuña.
La periodista también recordó cómo José Claudio Escribano se pronunció en favor de la dictadura en 1981, ante la asamblea de la SIP, leyó una editorial en la Máximo Gainza Castro, director de La Prensa, tras sostener que «el éxito obtenido por las Fuerzas Armadas contra la subversión es de pública notoriedad» consideraba sobre la situación del país: «los derechos existen, las garantías constituciones existen».
El segundo «testigo» fue Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. También periodista, Busso centró su testimonio en cómo la dictadura diseñó un modelo comunicacional propio por medio de la ley de radiodifusión. «Junto con la sanción de la ley de radiodifusión, la dictadura privatizó 66 medios, entre radios y canales de TV», reseñó. «Este modelo tuvo un correlato en los diarios, con la apropiación de Papel Prensa, el principal proveedor de papel para el sector, empresa que fue entregada a Clarín, La Nación y La Razón.»
Desde el escenario se leyó un escrito enviado por José Pablo Feinmann sobre Mariano Grondona. El texto sacó del archivo una columna que Grondona dedicó a defender, en 1974, a José López Rega, mentor de la Triple A. «Hay hombres cuyo destino es hacer la tarea», decía el conductor de Hora Clave y actual columnista de La Nación en su columna. Otros de los testigos que participaron en el juicio hablaron también del rol de los editorialistas de la dictadura. El periodista Carlos Rodríguez se refirió por ejemplo a Rolando Hanglin, quien en aquellos años hablaba en contra de «la campaña antiargentina en el exterior», y del rol que «Chiche» Gelblung tuvo como director de la revista Gente, destacada por sus elogiosos reportajes a Videla y un respaldo que acompañó sin fisuras a todo el Proceso. Antes de terminar su testimonio, Rodríguez mostró los partes que Rodolfo Walsh mandaba desde la agencia Ancla a todas las redacciones. «Ningún periodista que haya trabajado en esa época puede decir que no sabía lo que estaba pasando.»
La ronda de testimonios fue cerrada por Pablo Llonto. El periodista y abogado mostró una foto que registró a Joaquín Morales Solá en un agasajo que el general Antonio Domingo Bussi dio al periodismo tras asumir el control militar de Tucumán. También recordó que actualmente hay un caso abierto a cargo del juez federal Daniel Rafecas en el que se investiga cómo se hizo una nota en la que un periodista de Clarín dice que ingresó a un centro clandestino de detención y entrevistó a detenidos. «El jefe de la sección política del diario en aquel momento era Morales Solá», apuntó.
Llonto llevó una grabación de un reportaje que Magdalena Ruiz Guiñazú hizo a Videla, en 1977, cuando cubrió un viaje que el dictador hizo a Estados Unidos. «Señor presidente, usted mencionaba la forma distorsionada que en el exterior se presenta nuestra realidad», se oyó decir a Ruiz Guiñazú.
Los tres fiscales -Sergio Gandolfo, y los periodistas Luis Sarranz y Lucía García- dieron un cierre a la jornada pasando en limpio lo escuchado. «En tiempos en que reina el temor, uno no hace lo que quiere, pero tampoco hace lo que no quiere», consideraron. Como el juicio popular fue filmado y quedará a disposición del público en la Casa de las Madres, propusieron que se arme, con más material, un archivo de la prensa y los periodistas que actuaron en la dictadura, para las generaciones venideras. «Estoy convencida de que en un tiempo no muy lejano habrá también un juicio a los periodistas que avalaron la tortura», agregó Bonafini. También anunció que el de ayer no será el último juicio popular: «el próximo va a ser contra los jueces».
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