El terror de Estado que instaló el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no sólo fue un cambio abrupto en el modelo económico político y social de nuestro país, sino que atravesó el sentir y el hacer de la sociedad toda. La irracionalidad del terrorismo de Estado generó desde una profunda impotencia hasta una suerte de silencio cómplice en ámbitos del poder económico y la jerarquía eclesiástica, que se extendió en franjas de la sociedad civil. Esta claudicación ética hizo a muchos refugiarse en sus labores privadas y en el «seguro» resguardo de la vida en familia. Los medios de comunicación fueron un soporte inestimable que sirvieron al régimen más sangriento de la historia contemporánea de la Argentina para negar el genocidio y disfrazar de enfrentamientos la cacería y captura de miles de jóvenes que formaron parte del activismo amplio del emergente movimiento transformador de la década de los ’70.
Sólo con revisar en una hemeroteca los titulares y bucear en los editoriales de la prensa escrita, alcanza para confirmar la funcionalidad de los mass media y su complacencia con la dictadura cívico-militar. Los principales medios de comunicación: Clarín, La Nación y el vespertino La Razón sellaron este acuerdo estratégico con el brazo armado del terrorismo de Estado. No sólo por convicciones políticas, como parte del entramado ideológico de la creciente industria cultural, sino porque ese acuerdo les permitiría ocupar un lugar privilegiado en las últimas décadas del siglo con su exponencial desarrollo como empresas en su diversificación y conformación de los futuros multimedios hegemónicos. En el caso específico del grupo de Ernestina Herrera de Noble, supo aprovechar esta situación extremadamente favorable para apostar a un crecimiento vertiginoso.
Este crecimiento en los años de dictadura fue potente y a la vez curiosamente invisibilizado. Así fue que sus estrategias comunicacionales gradualmente se insertaron en la vida cotidiana de las clases medias argentinas como dispositivos naturalizados que fueron formateando el sentido común del argentino medio, aportando su particular sesgo a la construcción de la realidad. Marcando los tiempos políticos como voceros de sectores de la interna de las tres fuerzas armadas, pero a su vez como puentes de comunicación privilegiados con la ciudadanía, en esos días, en su mayor estadio de disciplinamiento y atomización.
Como narró en forma pormenorizada la presidenta Cristina Fernández, el Gobierno se presentará ante la Justicia para que investigue la compra de las acciones de Papel Prensa en los inicios de la dictadura militar. Además de este hecho significativo se anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que declare de interés público la producción de papel, que garantice el trato igualitario para los centenares de periódicos que hoy deben ajustarse a la voluntad monopólica de los accionistas mayoritarios de dicha empresa, quienes fijan los cupos y los precios diferenciados para el resto de la prensa escrita, convirtiéndose en un verdadero límite a la libertad de expresión.
Esta decisión política se completa con la conformación de una comisión bicameral que monitoree a la empresa principal abastecedora del insumo. Entre las deudas pendientes de la institucionalidad democrática, la desmonopolización de la fabricación del papel es un mojón significativo en el camino por una verdadera libertad de expresión. En estos últimos 30 años fueron numerosos los proyectos periodísticos que debieron dejar de aparecer por los excesivos costos del insumo papel, manejados en forma discrecional por los mismos dueños de los dos diarios de mayor llegada a nivel nacional.
De la misma forma que hubo un antes y un después del Nunca más, el proceso abierto por el actual Gobierno abre el debate a la sociedad sobre el origen, conformación y desarrollo de significativos grupos de poder económico que cumplen un rol central en la construcción del imaginario social y en el acervo ideológico del pensamiento de los últimos cuarenta años.
Seguramente, la reacción del emporio periodístico manejado por los grupos en cuestión no se hará esperar. Desde la minimización de la investigación que ha tomado estado público, hasta la presión a los representantes del voto popular mediante una suerte de prueba de fidelidad a la corporación afectada, las respuestas serán múltiples y variadas.
Lo que ha quedado de manifiesto en la comunicación conjunta de Clarín y La Nación del martes 24 es que en la supuesta denuncia hacia la medida gubernamental, de puño y letra se afirma por parte de los que monopolizan la fabricación del papel prensa en su escrito que «el Gobierno avanza en la búsqueda del control de la empresa Papel Prensa porque quiere de esa forma controlar la palabra escrita». A confesión de partes relevo de pruebas. Lo cierto es que lo que queda cada vez más claro es que desde hace décadas existe un poder que intenta subordinar al Estado a sus intereses, cueste lo que cueste y caiga quien cayese.
Sociólogo. Docente Fac. Ciencias Sociales-UBA
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