Se ha convertido en una especie de costumbre, al terminar un año e iniciar uno nuevo, evaluar lo acontecido en los meses precedentes y ensayar lo que serían los venideros. Para no romper la tradición nos aventuramos en ese esfuerzo.
En nuestro país la polarización política de la sociedad marca el convivir diario y, por supuesto, el debate político. El gobierno posee la capacidad de definir la agenda política del país, forzando a las otras fuerzas a una actitud contestataria. Este es un fenómeno que tiene que ver con los enormes recursos económicos y materiales a su disposición y con el nivel de credibilidad entre la población. Sin embargo, hay suficientes razones para pensar que uno de esos puntos fuertes está debilitándose: el nivel del apoyo popular.
Los resultados de la consulta popular de mayo fueron una clarinada al respecto, pues, seis de cada diez ecuatorianos –de una u otra forma- expresaron su desacuerdo con las propuestas de Correa. Desde esa fecha hasta hoy las manifestaciones de descontento social son más visibles, resultado de la adopción de políticas gubernamentales de contenido antipopular como la expulsión de sus puestos de trabajo a cerca de cinco mil empleados públicos, el establecimiento de una fuerte política tributaria o la continuación de su ejercicio autoritario y antidemocrático que tiene a más de 200 ecuatorianos bajo el peso de juicios por terrorismo o sabotaje.
A eso se suman otras medidas como la orientación de la política minera y petrolera que provoca repudio porque contradice el discurso con el que Correa llegó a la presidencia de la república. En el año 2006, en referencia a lo que el gobierno de Lucio Gutiérrez hacía en ese ámbito, manifestó que otorgar el campo Shushufindi a las petroleras extranjeras era “una traición a la Patria” y que la sola idea de entregar las “Joyas de la Corona” al capital extranjero hubiese sido motivo suficiente para “mandar a su casa al coronel Lucio Gutiérrez”. Sin embargo, ahora, a través de los denominados contratos de servicios, entregará las Joyas de la Corona (los campos Sacha, Auca, Shushufindi, Lago Agrio y Libertador) a las transnacionales petroleras. Las riquezas mineras también serán aprovechadas por monopolios internacionales, se suscribió ya el primer gran contrato con la canadiense Kinross.
De hecho, el correísmo es consciente de las dificultades políticas que atraviesa, y la muestra está en el contenido de las reformas al Código de la Democracia aprobadas en estos días en la Asamblea, que instituyen nuevamente elementos que Correa criticó como mecanismos antidemocráticos utilizados por la partidocracia para afirmar su poder. Dos ejemplos al respecto: restituye la elección de asambleístas en la primera vuelta electoral, con la expectativa de que la candidatura presidencial de Rafael Correa cumpla el papel de locomotora que arrastre a las listas; y, deja a la voluntad personal de los actuales representantes de elección popular, incluyendo al presiente de la república, si solicita o no licencia en caso de optar por una nueva candidatura.
La urgencia de esos cambios tiene relación con que el 2012 será un año de intensa acción política, en proyección de las elecciones de enero de 2013. Es fácil prever, por ello, que el gobierno acentuará su política asistencial, que en estos años le ha reportado beneficios político-electorales. El destino en el PGE de alrededor de 290 millones de dólares para gastos de publicidad del gobierno descubre también la intensidad de la ofensiva mediática que éste se propone desplegar en los próximos meses.
El movimiento social organizado y las fuerzas políticas de izquierda, opositoras al gobierno, continuarán siendo blanco de ataque por su capacidad de disputar la influencia política en los sectores sociales populares que son base de apoyo del gobierno. Uno de los propósitos de ese ataque es torpedear y –si es posible-impedir la consolidación de la propuesta de unidad de las izquierdas en la Coordinadora Plurinacional. El correísmo sabe que, imposibilitada aún la derecha tradicional de mostrarse como opción política, la izquierda se convierte en su principal contradictora y en capacidad de capitalizar para sí sectores descontentos con el gobierno de la denominada “revolución ciudadana”, al no encontrar en éste una diferencia radical con sus antecesores.
La protesta social será, sin duda, otro de los ingredientes característicos en este nuevo año. Hay un descontento social acumulado y represado que busca expresarse de manera abierta y a través de distintas maneras. Diversas organizaciones sociales han expresado su voluntad de llevar a las calles la insatisfacción social, motivos hay y muchos. Para algunos es necesario rebasar la frontera del miedo impuesta por este gobierno.
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