Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
Finalmente se despejó el sentido real de los acontecimientos. El viernes 19 Daniel Noboa, mediante decreto 148, convocó a una Asamblea Constituyente sin pasar por el procedimiento de revisión jurídica obligatoria por parte de la Corte Constitucional (CC), como lo establece la Constitución de 2008. El gobernante, quien ha llevado un largo camino de confrontación con la CC por no avalar una serie de leyes , naturalmente tiene partidarios que respaldan su comportamiento y que se expresan sobre todo a través de los grandes medios de comunicación y las redes sociales. Pero esa decisión despertó inmediatas reacciones y cuestionamientos jurídicos , con señalamientos sobre el “rompimiento grave del orden democrático en el país” e incluso de “dictadura” . Ante las demandas contra el decreto la CC debió tomar una decisión urgente: “suspensión provisional de sus efectos”. Sin embargo, al día siguiente el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró, con su propia “urgencia”, el inicio del proceso electoral para el referéndum sobre dos preguntas: presencia de bases extranjeras y dejar de financiar a partidos políticos, en tanto espera que la CC se pronuncie, en forma definitiva, sobre la pregunta relacionada con la Asamblea Constituyente . En cuestión de horas Noboa derogó el decreto 148 y dictó el nuevo decreto 153 que restituye su convocatoria original a la Asamblea Constituyente argumentando que la consulta directa al pueblo está sobre cualquier otro procedimiento. Y en este clima de cambios según los movimientos institucionales, horas calculadas, argumentos jurídicos de todo tipo y ante cualquier desenlace definitivo, lo único que ha quedado en claro es el objetivo final: acabar con la Constitución de 2008, convertida en estorbo para los intereses de las élites del poder.
Esa Constitución dio continuidad a las progresistas Cartas de 1929, 1945 y 1979, al mismo tiempo que las superó por fijar principios y normas propias para el siglo XXI. Proclama un Estado de paz, soberano, plurinacional y de derechos; prohibió bases militares extranjeras; reconoció la resistencia social; dispuso una economía social y solidaria del Buen Vivir; es pionera en el mundo en reconocer derechos de la naturaleza; amplía y fortalece derechos individuales, sociales, comunitarios, laborales; potencia la protección y garantías a las inversiones estatales, sectores estratégicos y servicios públicos de educación, salud, seguridad social. Al estar en línea contraria a los principios neoliberales e impulsar el poder ciudadano desde su nacimiento por asamblea constituyente y referendo (63.93% de los votos) la Constitución de 2008 ha sido permanentemente atacada por los sectores de grandes empresarios y de derechas políticas ligadas a ellos. Encontraron el espacio que necesitaban para burlar la Constitución y establecer otro régimen por encima de sus normas en el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) quien inició, además, el combate y persecución al “correísmo”, de manera que esas vías fueron ampliadas durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) y consolidadas con el de Daniel Noboa (2023-hoy). Ha sido tal la reversión de la economía, el aflojamiento de los derechos constitucionales y el establecimiento de un bloque de poder oligárquico, que bajo los tres gobiernos empresariales señalados se consolidó en el país la segunda época plutocrática de su historia.
Lo paradójico ha sido que ese proceso no solo recibió el respaldo del bloque de poder, sino que fue apoyado por el voto popular, en el que se incluyen bases indígenas y de los trabajadores. De modo que el poder oligárquico ha podido ufanarse de contar con respaldo electoral y encaminar la economía en una vía distinta a la constitucional, hasta que los límites, que de todos modos están vigentes, se han vuelto muros que debían derrumbarse definitivamente con una nueva Constitución. En ese mismo camino Noboa ha tomado una serie de decisiones que sus partidarios aplauden como “valientes” y “necesarias”, como la eliminación del subsidio al diésel, que ha disparado la protesta social y el llamado a movilizaciones, en lo que ha vuelto a tomar protagonismo el movimiento indígena a través de la CONAIE, que convoca a realizar un “paro nacional”, cuya intensidad e impacto está por verse.
El envalentonamiento desde el poder dominante, junto con el control que ha logrado el Ejecutivo sobre las diversas instituciones y funciones del Estado y todo ello combinado con la declaratoria de un “conflicto armado interno”, han creado un marco adverso a la resistencia y protesta ciudadanas, pues han sido claras las amenazas institucionales, la criminalización de las movilizaciones y las advertencias contra el “terrorismo” y la “violencia” . La estrategia política más eficaz que se ha implementado es vincular todo con el “correísmo” y el financiamiento o enlaces con los “narcos”, desviando así la atención y la conciencia ciudadana.
La segunda época plutocrática del país en pleno siglo XXI ha beneficiado al compacto bloque privado de agroexportadores, comerciantes, banqueros, rentistas y aprovechadores de negocios con el Estado y con sus recursos. Su concentración de la riqueza es impresionante. Su impunidad cotidiana igual. Gozan del respaldo de los Estados Unidos, de la internacional derechista de América Latina, idealizan las fórmulas libertarias del presidente argentino Javier Milei y se sustentan en los acuerdos con el FMI al que han subordinado el país. Durante tres gobiernos empresariales solo aumentaron los riesgos de la violencia delincuencial (Ecuador ocupa hoy el primer lugar como país violento en América) y se disparó la economía ilegal, a pesar de las capturas, los militares y policías, sin que se transparente un plan eficaz para enfrentar este fenómeno que se ha extendido por toda Latinoamérica. Los otros sectores económicos no tienen el alcance de estos grupos. Mucho menos los pequeños y mediados propietarios. Y los grandes perjudicados con semejante “modelo socioeconómico” basado en los principios del libre mercado y la empresa como ejes del “nuevo Ecuador” son los sectores medios y populares, cuyas condiciones de vida y trabajo se han deteriorado y en algunas esferas como la salud en forma alarmante, pues en los hospitales públicos se reclama la falta de implementos y medicinas para poder atender a los pacientes.
Por sobre la “crisis constitucional” Ecuador vive una radical confrontación entre clases sociales, en la cual una élite en el poder tiene en claro los intereses a defender, la necesidad de controlar todo el Estado y la cultura social a través de los grandes medios de comunicación, así como la imposición de su dominio político. Como se ha verificado en otros momentos similares en la historia del país y de América Latina, un régimen de dominación semejante puede extenderse en el tiempo a pesar de las afectaciones al conjunto de los ciudadanos. Acumular fuerzas opositoras a momentos se vuelve lento y tortuoso. Parece que este puente es el que está atravesando el país. En todo caso, la frase “solo el pueblo salva al pueblo”, a la que aludí en un artículo anterior, implica no solo una toma de conciencia colectiva, sino la decisión por revertir las condiciones históricas que impiden el desarrollo humano y digno para el siglo XXI.
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