Fuente: Resumen Latinoámerica
La eliminación del subsidio al diésel desató una ola de manifestaciones en todo el país que dejaron tres muertos, casi 300 heridos y más de un centenar de detenidos. Imbabura fue epicentro del levantamiento.
Tras un mes de protestas contra las medidas económicas del presidente Daniel Noboa, en especial la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció este miércoles el «cese del paro» ante la brutal represión de la fuerza pública contra los manifestantes, que dejó tres fallecidos, 296 heridos, 205 detenidos y 15 desaparecidos temporalmente, según la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador.
Mediante una alocución difundida a través de las redes sociales de la Conaie, su presidente, Marlon Vargas, manifestó: «Frente a esta realidad, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente».
El líder indígena exigió al presidente DanielNoboa «desmilitarizar nuestras comunidades, liberar a los detenidos y reparar a las familias de las víctimas». Pidió a las bases proseguir y ampliar el horizonte de la resistencia: «Nuestra lucha no termina. Continúa en unidad, desde las asambleas territoriales permanentes, preparando la campaña por el No A La Consulta, en defensa de la democracia y los derechos del pueblo«.
Un levantamiento nacional y demandas más amplias
Lo que comenzó como un reclamo por el aumento del combustible se transformó en un levantamiento nacional con demandas más amplias: reducción del IVA del 15% al 12%, incremento del salario básico, mayor inversión social, defensa del territorio frente a la minería y rechazo a la consulta popular convocada por el Ejecutivo para el 16 de noviembre, que incluye la posibilidad de una Asamblea Constituyente y la autorización de bases militares extranjeras.
La provincia de Imbabura, en la sierra norte, devino epicentro del conflicto. Comunidades de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante mantenían más temprano, este miércoles, bloqueos en más de 11 vías principales, en tanto en accesos a Pichincha y Loja se registraban cortes intermitentes.
Ante la legítima resistencia popular, la fuerza pública intervino con militares y policías bajo el estado de excepción, que prohíbe el cierre de carreteras, y empleó fuerza brutal contra los manifestantes.
Organizaciones de DD.HH. denunciaron una represión creciente: 3 personas muertas, entre ellas el comunero Efraín Fuerez, de 46 años, y José Guamán, de 30, ambos por impactos de bala, y Rosa Elena Paqui, de 61 años, fallecida por inhalación de gases lacrimógenos. Sumado a esto 296 ciudadanos han resultado heridos durante las protestas, 205 detenidos y 15 desaparecidos temporalmente, según la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador.
Se documentaron violentas detenciones incluso dentro de viviendas y disparos directo al cuerpo de manifestantes. Días atrás un disparo de la fuerza pública privó de su ojo derecho al comunero Jaime S., del pueblo Kitu Kara. Bajo la apariencia de un convoy humanitario, el Estado ecuatoriano creó un convoy de la muerte notorio por recrudecer la represión a la protesta social.
Criminalización de las movilizaciones
El paro confirmó el autoritarismo de Noboa y la reticencia gubernamental al diálogo. A pesar de un encuentro inicial entre el ministro del Interior, John Reimberg, y dirigentes locales de Imbabura, el diálogo nacional se fracturó. En lugar de promover acercamientos y escuchar a las comunidades, el Gobierno anunció que “no existen condiciones para continuar las conversaciones” y acusó a la Conaie de incumplir acuerdos previos y usar las movilizaciones con fines políticos.
“A partir de ahora cualquier cosa que ocurra será responsabilidad de ellos”, advirtió Reimberg, una declaración que la Conaie calificó como “una amenaza abierta”.
Por su parte, la dirigencia indígena rechazó la versión oficial sobre el fin del paro y ratificó su decisión de continuar las movilizaciones hasta que el Gobierno revierta la medida del combustible y libere a los detenidos.
El conflicto se desarrolla en medio de una creciente tensión política, marcada por la pérdida de popularidad de Noboa y las críticas de sectores sociales al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habría impulsado la eliminación del subsidio.
Noboa subestimó a los movimientos indígenas
Analistas como Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, advirtieron que el Ejecutivo subestimó la capacidad de movilización indígena y falló en establecer canales de diálogo legítimos. “Los Gobiernos no pueden imponer con quién se sientan a negociar. Si las organizaciones no reconocen al interlocutor, el diálogo no funciona”, señaló Jiménez.
Con el paso de las semanas, las protestas se extendieron a Quito, Cuenca y Guayaquil, donde estudiantes, trabajadores y colectivos sociales se sumaron al paro.
La movilización indígena, una de las más prolongadas desde las jornadas de 2022 contra Guillermo Lasso, evidenció la fractura entre el Gobierno y los pueblos originarios, así como el descontento frente al costo de vida y la inseguridad.
Mientras tanto, el referéndum del 16 de noviembre se perfila como un nuevo punto de tensión política.
La Conaie y sus aliados ya anunciaron que harán campaña por el “No”, en rechazo a la agenda de Noboa, que consideran entreguista y neoliberal.
Para mitigar los efectos de la medida, el Gobierno ha implementado bonos compensatorios para transportistas que oscilan entre 400 y 1.800 dólares mensuales, aunque la Conaie considera estas ayudas insuficientes y excluyentes y ha alertado reiteradamente sobre el impacto de la medida en el encarecimiento de bienes y servicios y la precarización de los hogares.
Comentario