Por: Geraldina Colotti
En las primeras horas del jueves veintidós de octubre, un imponente operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General del Ecuador desembocó en la detención de Luisa González, excandidata presidencial y figura destacada del movimiento progresista Revolución Ciudadana. La operación se desató en Canuto, en el cantón de Chone, dentro de la provincia de Manabí, donde se encuentra la residencia de la dirigenta. Tras el operativo, González fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil y contra ella se aplicó “la medida formal de prisión preventiva”.
Entre las filas de la oposición y en los círculos de derechos humanos se teme abiertamente un nuevo caso Jorge Glas, el exvicepresidente secuestrado en dos mil veinticuatro por las fuerzas especiales ecuatorianas mediante una incursión armada dentro de la embajada de México en Quito, en abierta violación del derecho internacional, y sometido a un sever encierro que ha comprometido gravemente su salud. Contra González, el pretexto judicial sobre el que se asienta toda la estructura responde al nombre de Caso Laberinto, una investigación liderada por la Fiscal General Diana Salazar que plantea el delito de lavado de activos en relación con presuntas irregularidades contables en el financiamiento de la campaña presidencial de dos mil veintitrés. Mientras la acusación agita la sombra de hipotéticos fondos no declarados procedentes del exterior, Revolución Ciudadana ha denunciado la naturaleza pretextual del procedimiento.
Desde el movimiento subrayan cómo la Fiscalía ha construido a marchas forzadas una causa penal a partir de discrepancias administrativas ya sometidas a verificación y formalmente aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, transformando una simple observación contable en un delito de alta seguridad para justificar la prisión preventiva.
La detención de la principal figura de la oposición no ocurre en un vacío político, sino que se sitúa en el momento de máxima vulnerabilidad para el gobierno liderado por el empresario bananero Daniel Noboa. Ecuador está atravesando una crisis multidimensional y un desastre económico sin precedentes en su historia reciente. El producto interno bruto registra una contracción imponente, la inflación en los bienes de primera necesidad ha erosionado el poder adquisitivo de las familias y la pobreza ha superado el umbral del treinta y cinco por ciento a nivel nacional, alcanzando picos dramáticos en las áreas rurales. A este panorama se suma el colapso energético total, con un régimen de racionamientos eléctricos que alcanza hasta doce horas de apagones diarios, frenando las cadenas productivas, paralizando a las pequeñas empresas y agotando a la población.
Por otro lado, se registra el fracaso rotundo de la estrategia de seguridad basada en el estado de excepción: la prometida militarización de las calles y barrios populares conocida como Plan Fénix no ha mermado el control de las rutas del narcotráfico en los puertos estratégicos del país, como Guayaquil, transformando a Ecuador —de ser el segundo país más seguro bajo los gobiernos de Correa— en uno de los territorios con la tasa de homicidios más alta de toda la región, superando las cuarenta muertes violentas por cada cien mil habitantes.
La respuesta del ejecutivo al descontento popular se ha traducido en una represión sistemática, con cientos de detenciones arbitrarias durante las protestas callejeras, la militarización de los territorios indígenas y la criminalización de los líderes sindicales y comunitarios. Ante el colapso del consenso y la incapacidad de gestión, el gobierno ha optado por la vía de la distracción de masas y el terror judicial, buscando desplazar la atención de la opinión pública desde la parálisis del país hacia la criminalización de la izquierda.
La incriminación de Luisa González se inscribe en el canon clásico de la guerra judicial, el llamado lawfare aplicado a las fuerzas progresistas de América Latina. La prioridad de las élites neoliberales y de la oligarquía agroexportadora es desarticular la ingeniería organizativa de Revolución Ciudadana mediante la proscripción de hecho, apartando a los liderazgos históricos y amenazando con la cancelación de la personería jurídica del partido.
El uso del aparato penal como garrote político sigue una continuidad precisa que ya ha presenciado acciones flagrantes como el caso Glas y la incriminación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Bajo el pretexto del combate a la criminalidad o de la tutela de la seguridad nacional, el ejecutivo recurre a la contrarrevolución preventiva: el disenso social ya no es tratado como una dialéctica democrática, sino como una amenaza al orden público que debe ser neutralizada con el ejército y la magistratura.
Sobre el fondo de esta escalada represiva se ubica una cita política decisiva: las elecciones locales y administrativas fijadas para el veintinueve de noviembre de dos mil veintiséis. Este voto para la renovación de cientos de alcaldes y prefectos provinciales incluye la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el órgano constitucional encargado de designar las altas autoridades del estado, entre ellas la Fiscalía General y los jueces electorales. Para el gobierno de Noboa, desarmar a la principal fuerza de oposición en los territorios clave se ha convertido en un imperativo táctico.
El campo progresista ha denunciado reiteradamente la preparación de macroscópicos fraudes electorales orquestados por los órganos de control sometidos al ejecutivo, señalando cómo Daniel Noboa es consciente de no poder ganar elecciones limpias ante el rechazo de la mayoría de la ciudadanía y está, por ello, allanando el camino para otra manipulación de las urnas. Antes del operativo de octubre, las instituciones electorales ya habían dispuesto la suspensión formal del partido y rechazado los recursos legales de la oposición para inscribir la candidatura de González a la prefectura de Manabí. El calendario electoral preveía el inicio oficial de la campaña a mediados de noviembre; la incursión de la fiscalía ha redefinido así todo el escenario. Mientras que en Manabí la ausencia de una candidatura directa corre el riesgo de desorientar a la base campesina de la costa, en bastiones como Pichincha y Guayas el movimiento busca transformar el voto en un plebiscito de protesta contra los apagones, la carestía de la vida y la violencia estatal.
La relevancia del caso supera con creces las fronteras nacionales y entra directamente en la dinámica geopolítica continental y global, mostrando la importancia estratégica del Ecuador como nodo fundamental de acceso sudamericano a la cuenca del Pacífico y eje del control de las rutas marítimas globales. El gobierno de Daniel Noboa ha impreso un giro estratégico alineando plenamente al país con las directivas de Washington a través de la adhesión al llamado Escudo de las Américas, la plataforma de cooperación militar y de inteligencia promovida por los Estados Unidos para garantizar el control del hemisferio y frenar la presencia económica e infraestructural de China en la costa pacífica de América del Sur.
Esta subordinación total encuentra su punto de apoyo en la reapertura de las negociaciones logísticas, como en la base aérea de Taura, para permitir el retorno de las tropas e instalaciones militares estadounidenses a territorio ecuatoriano, esquivando de hecho los límites de la Constitución de dos mil ocho que habían cerrado la histórica base de Manta. Como muestra de la completa sumisión del ejecutivo de Quito a las estrategias de desestabilización e injerencia promovidas por los aparatos norteamericanos en la región, el campo progresista ha denunciado además la complicidad directa del régimen de Noboa al conceder el uso y la vigilancia del espacio aéreo ecuatoriano a las operaciones destinadas a facilitar el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, su esposa, ocurrido el 3 de enero.
En este contexto de realineamiento geopolítico, las reacciones a la detención de Luisa González han sido inmediatas: la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, y el expresidente Rafael Correa han denunciado la consagración de una verdadera dictadura sostenida por la ruptura del estado de derecho, y han hecho un llamamiento a la unidad de las fuerzas populares. A nivel internacional se registra la firme condena de los movimientos de la izquierda latinoamericana y europea, que solicitan la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la concesión de medidas cautelares urgentes, mientras Washington y sus aliados mantienen un silencio cómplice sobre la violación de las garantías democráticas en Quito.
Se abren ahora diversos escenarios inmediatos para el futuro del país. La detención podría actuar como un catalizador unificador para la rabia social, favoreciendo la convergencia entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, los sindicatos, los estudiantes y el correísmo hasta desembocar en un nuevo paro nacional. Si, por el contrario, la presión callejera no resulta suficiente, el ejecutivo buscará consolidar un modelo autoritario electoral que mantenga congelados los derechos de la oposición y abra la vía a las elecciones generales de dos mil veintinueve en un clima de completa parálisis política para el campo popular. Una variable adicional estará representada por el impacto de las sanciones y los pronunciamientos de los organismos internacionales, cuyo peso podría acentuar las fracturas internas dentro de las propias élites económicas asustadas por la inestabilidad total de un país sumido en la oscuridad, el colapso económico y la represión.
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