Fuente: Página 12
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador considera «insuficiente» la baja de diez centavos en el precio de los combustibles que fuera anunciada el domingo por el Ejecutivo. Pide, en cambio, una reducción de 40 centavos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras agrupaciones promotoras de las protestas aceptaron este lunes la invitación a reunirse con representantes del gobierno, cuando se cumplen 15 días de protestas contra la administración del presidente Guillermo Lasso por el aumento del costo de vida. Mientras se desarrollaba la reunión en la quiteña Basílica del Voto Nacional, unos 14 mil indígenas continuaban protestando de manera pacífica en distintos puntos del país bajo una nueva consigna: «¡Son 10 puntos, no 10 centavos!».
El movimiento indígena ecuatoriano considera «insuficiente» la rebaja del precio del combustible anunciada por Lasso y pide, en cambio, una reducción de 40 centavos. Con la cadena nacional del domingo, Lasso intentó sin éxito frenar dos semanas de manifestaciones y piquetes que amenazan la producción petrolera del país, su principal rubro de exportación, y su estabilidad política, ya que el Congreso seguirá analizando este martes la posibilidad de destituir al mandatario.
«Hemos sido insultados»
La idea es «que podamos tener de alguna manera una política que pueda beneficiar más a los pobres», empezó diciendo Leónidas Iza, presidente de la Conaie en la reunión transmitida por redes sociales. Unos treinta representantes de distintas organizaciones, incluída la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, rodeaban la mesa de diálogo. Por el lado del gobierno, ante la ausencia del presidente Lasso, participó el ministro de Gobierno Francisco Jiménez.
«Los pueblos indígenas realmente hemos sido insultados», sostuvo Iza luego de que el presidente ecuatoriano dijera el domingo por cadena nacional que las manifestaciones son financiadas por el narcotráfico y por partidos políticos. El líder indígena pidió además que el precio de la gasolina se baje cuarenta centavos y no diez como lo anunció Lasso, y aseguró que no tienen problema en continuar con el paro el tiempo que sea necesario para que el gobierno cumpla con las demandas.
Acosado por las protestas y el Congreso, Lasso ha cedido parcialmente en algunos de los reclamos de los indígenas como muestra de voluntad de diálogo. El jueves permitió a unos cinco mil manifestantes alojarse en la Casa de la Cultura, un lugar simbólico de los pueblos originarios, que estuvo hasta entonces requisado por la policía.
El sábado puso fin al estado de excepción, bajo el cual los militares salieron de los cuarteles y se decretó un toque de queda nocturno en Quito. Y el domingo redujo el precio de los combustibles, aunque no en la proporción que pedían los indígenas y que fue el detonante de la crisis.
La decisión del Ejecutivo «no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias», indicó un comunicado presentado el lunes por la Conaie. Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
Continúa el pedido de destitución de Lasso
La Asamblea Nacional de Ecuador retomará este martes el pedido de destitución del presidente Lasso. En la sesión que se instaló el sábado, ya expusieron sus puntos de vista varios asambleístas y en ella, el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, leyó un documento a nombre del jefe de Estado en el que tildaba de «absoluta irresponsabilidad» con la ciudadanía la solicitud presentada en el Parlamento por legisladores afines al expresidente Rafael Correa.
El pedido de destitución se presentó bajo la causal de grave conmoción interna debido a las manifestaciones contra el alto costo de vida y las políticas económicas del Ejecutivo, que este lunes cumplieron quince días. Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.
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