El Parlamento ecuatoriano decide sobre el juicio político al presidente Lasso

El ambiente sigue caldeado en Ecuador, donde el banquero presidente acumula un rechazo cercano al 80 por ciento. El 27 de febrero asesinaron a balazos a Eduardo Mendúa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y perteneciente a la nacionalidad Ai Kofán de Sucumbíos.

Este hecho se produjo a dos días del pronunciamiento de la CONAIE de ruptura del dialogo y pedido de renuncia al banquero presidente, tras ocho meses sin producirse adelanto alguno. El ultimátum indígena ocurre en el momento más complicado para Lasso, con apenas veinte meses de mandato, tras haber sufrido una rotunda derrota en el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución, mientras la oposición consolidba  liderazgos regionales en los centros poblados más importantes del Ecuador

Mendua era uno de los rostros visibles de la resistencia en el territorio de Dureno ante la conflictividad generada en los últimos meses por la presencia de las empresas petroleras, donde a inicios de año se produjeron enfrentamientos y se reportaran ataques con armas de esbirros de las compañías extractivas contra comuneros de la zona.

Esta comisión decidió el miércoles, con seis votos a favor y uno en contra –de un legislador oficialista–, avanzar en las investigaciones contra el mandatario en el marco de un caso conocido mediáticamente como Gran Padrino, causa denominada Encuentro por la Fiscalía General del Estado. El caso tomó estado público y comenzará a ser objeto de investigación luego de un informe publicado en enero por el medio digital ecuatoriano La Posta.

Este será el segundo intento de la Asamblea Nacional para destituir a Lasso. En junio del año pasado, en medio de las violentas protestas comandadas por movimientos indígenas contra el aumento de los precios, asambleístas de la oposición presentaron una moción para cesar al mandatario por grave conmoción social, pero no lograron reunir los votos necesarios.

La convocatoria a una nueva marcha sobre Quito no es un anuncio menor. Se sabe que la movilización indígena masiva ocupa por completo la escena política nacional, y en el pasado más o menos reciente varios gobiernos ecuatorianos tambalearon -o cayeron- tras estas puebladas.

El gran padrino

«El presidente de la República, Guillermo Lasso, fue advertido por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, de los posibles actos de corrupción y no solo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional», reza la resolución. «No conforme con esto, «el jefe de Estado interfirió en el proceso investigativo que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, al permitir que, desde el Ministerio del Interior, se facilite el traslado de 37 agentes policiales-investigadores que coordinaban acciones con la Fiscalía General del Estado».

El principal acusado es Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Lasso, pero también estarían involucrados Hernán Luque Lecaro, quien fue designado en julio de 2021 presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y Rubén Cherres Faggioni, un allegado a Carrera, quien está siendo investigado por la Policía por un presunto caso de narcotráfico en el que también habrían participado criminales provenientes de Albania.

De acuerdo a la investigación periodística, desde el comienzo de su mandato, en mayo de 2021, Lasso quiso tener un equipo de asesores privados para que supervisaran la rentabilidad de las empresas públicas. A la cabeza de este equipo de asesores Lasso designó a su cuñado, Danilo Carrera, quien es uno de los principales accionistas del Banco Guayaquil, entidad que el ahora mandatario presidió durante 18 años, entre 1984 y 2012.

Pero Carrera hizo nombrar a un allegado suyo, Luque Lecaro, como presidente del directorio de la EMCO para poder dirigir las entidades estatales por su intermedio. Según las denuncias, Carrera y Luque generaron una red mediante la cual se cobraban coimas cuando se otorgaban contratos de obras públicas.

Además, el otro investigado en el caso, Cherres Faggioni, habría aportado más de un millón de dólares para el financiamiento de la campaña electoral de Lasso, en una operación de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

Viviana Veloz, representante de la coalición izquierdista Unión por la Esperanza (UNES), sector afín al exmandatario Rafael Correa, y quien preside la comisión parlamentaria que investigó el caso, dijo que hay “pruebas contundentes e irrefutables” que llevaron a pedir el juicio político contra Lasso. Hace diez días la legisladora denunció públicamente y también ante la Fiscalía haber recibido amenazas de muerte por parte de la mafia albanesa.

Según relató Veloz, le hicieron llegar una carta con la tradicional águila bicéfala, símbolo del país balcánico, y debajo la palabra “muertos” escrita en albanés.

Por su parte, desde el gobierno se negó en todo momento la existencia de la supuesta trama de corrupción e incluso el presidente Lasso salió en defensa de su cuñado en un mensaje emitido por cadena nacional.

Ninguna razón ni fuerza moral pueden salvar a un presidente mentiroso y corrupto. Ninguna persona sensata puede creer que ahora sí habrá incrementos presupuestarios en las áreas sociales, de que ahora sí habrá aumento de partidas para docentes.  Todos sabemos que este gobierno ha disminuido el presupuesto para le educación en general, incluyendo el de las universidades, señala el profesor Remo Cornejo Luque en Opción.

Lasso no debe permanecer más en la presidencia porque no atiende las necesidades populares, su preocupación es servir a los grandes empresarios y al capital internacional. Hace gala de que tiene una Reserva Monetaria de 10 mil millones de dólares, pero ese dinero sirve para pagar la deuda externa y no la deuda social. Si no cumple con el pueblo ¿para qué está ahí?, añade.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)