Tras ganar las elecciones extraordinarias del año pasado, Noboa ya había adelantado su intención de celebrar este referéndum en los primeros cien días de su mandato, pero al final se hará cuando está a punto de cumplir cinco meses en el cargo. Si gana el referéndum, el mandatario tomará impulso con la intención de presentarse a la reelección en los comicios de 2025, pero de tener un resultado negativo perderá fuerza y tendrá más complicado repetir victoria electoral.

Algunas de las once preguntas que componen este referéndum son similares a las propuestas del expresidente Guillermo Lasso en el plebiscito que convocó en febrero de 2023 y que perdió por completo, lo que lo dejó en una situación muy débil que pocos meses después condujo a las nuevas elecciones que ganó Noboa.

Termómetro de popularidad

A diferencia de Lasso, Noboa llega a esta cita en las urnas con un colchón de popularidad que a inicios de año llegó a rondar el 80%, un nivel parecido al de Nayib Bukele en El Salvador, con el que se lo ha comparado mucho por su mano dura contra la criminalidad y política carcelaria.

Si bien dicha popularidad disparó desde enero con la declaración de “conflicto armado interno” para combatir a las bandas criminales, Noboa está por ver cómo influenció en su aceptación la crisis energética que estalló esta semana, con apagones de hasta ocho horas al día.

También en las últimas semanas repuntó la violencia de las bandas criminales, que en los últimos años llevaron a que Ecuador sea uno de los países con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con 45 por cada 100.000 habitantes en 2023. Sólo en esta semana fueron asesinados a tiros dos alcaldes de dos poblaciones en cuyos territorios hay presencia de minería ilegal, una de las actividades en las que incursionó el crimen organizado, además del narcotráfico.

Combatir el crimen

De las once preguntas del plebiscito, la mayoría están destinadas a dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir a la criminalidad organizada, como la que propone que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en operaciones contra las bandas criminales de forma permanente, sin necesidad de establecer estados de excepción.

También se busca que los militares estén a cargo de controlar los accesos a las cárceles, el epicentro de la crisis de violencia, donde hasta hace unos meses las bandas tenían el control interno de las prisiones y contaban en su interior con grandes arsenales de armas de fuego, explosivos y armas blancas. Otra pregunta clave es la posibilidad de permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países.

También se plantea elevar las penas en delitos relacionados con el crimen organizado transnacionaly eliminar los beneficios penitenciarios para algunos de estos tipos penales, de forma que los condenados bajo esas figuras cumplan toda su condena en la cárcel. A ello se suma la propuestas de crear un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas y que el armamento incautado a la delincuencia pase inmediatamente a equipar a las fuerzas, además de agilizar el trámite de expropiación de bienes de origen ilícito.